La fiscalización electoral, un desastre

Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. Foto: Octavio Gómez Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. Foto: Octavio Gómez

Los candidatos y los partidos –que piden el voto para gobernar; es decir, para hacer cumplir la ley– decidieron simple y llanamente despreciar el marco jurídico y convertirlo en una bufonada. En una oda a la hipocresía, ignoraron la reforma electoral que ellos mismos impulsaron e incumplieron con el informe de gastos. En la campaña que culminó este domingo 5,  estaban obligados a reportar, en tiempo real, sus ingresos y egresos, pero más de la mitad de aspirantes no reportó un solo peso. El consejero Ciro Murayama admite, así, que la reforma de 2014 no funcionó.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A los partidos políticos y a sus candidatos a los distintos cargos en las elecciones del domingo 5, la transparencia y la rendición de cuentas no se les dio. Ignoraron la obligación legal de reportar todos y cada uno de los ingresos que obtuvieron y de los gastos en que incurrieron durante sus campañas, como lo ordena el Reglamento de Fiscalización en su artículo 38, propuesto esencialmente por los legisladores de los propios partidos y aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El mismo reglamento exige que el reporte de las operaciones contables de ingresos y gastos de todos los actores políticos, incluidos los llamados independientes, debe ser en línea y en tiempo real, es decir, cargar la información en el Sistema Integral de Fiscalización –SIF 2.0, al que todos tienen acceso–, desde el momento en que ocurren las operaciones y hasta tres días después de su realización.

El caso es que el pasado miércoles 1 concluyeron las campañas electorales, y de los 8 mil 62 candidatos en contienda, sólo unos cuantos informaron de sus ingresos y gastos.

“Tuvimos un altísimo nivel de opacidad”, asegura en entrevista el consejero electoral Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

“La mayoría hizo campaña pero no rindió cuentas, mucho menos en tiempo real. Es decir, siguen operando los actores políticos como si la reforma (electoral de 2014) no existiera en términos de sus obligaciones financieras”, se queja el funcionario electoral, autor del libro Elecciones, dinero y corrupción.

El último informe de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF, que sustituyó, en forma y fondo, a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del entonces Instituto Federal Electoral), dado a conocer el lunes 30 –a cinco días de la jornada electoral–, es elocuente y dice:

“Al 26 de mayo de 2016, fecha del presente informe, han transcurrido entre 24 y 56 días del inicio de la campaña al cargo de gobernador en 12 entidades y en 14 entidades a diversos cargos; el registro de operaciones por parte de los sujetos obligados ha sido exiguo, y en un alto porcentaje, no se ha registrado una sola operación.

“El resultado de las actividades de monitoreo y visitas de verificación (hechas por funcionarios del INE) muestra que todos los sujetos obligados están realizando gastos, los cuales no han sido reportados en el SIF 2.0, lo que imposibilita que se pueda cruzar la información obtenida contra los registros contables.”

La UTF detalla: se han realizado 33 mil 399 operaciones, que equivalen en promedio a 4.14 por cada candidato.

Destacadamente, los candidatos a gobernador registraron en promedio 61.5 operaciones por candidato, en 54 días de campaña cada uno, lo que da 1.14 por día.

Ese es el promedio, pero si se revisa caso por caso, la cosa es mucho más grave. Por ejemplo, en Veracruz, el estado más competido, el candidato Miguel Ángel Yunes, de la coalición Unidos para Mejorar Veracruz (PAN-PRD) informó de 78 operaciones de ingreso y gasto, un promedio de 1.44 por día, de los 54 de campaña. Y eso que fue el “más aplicado”.

En el otro extremo se halla el candidato de Morena, Cuitláhuac García, quien sólo reportó 17 operaciones en 54 días de campaña, un promedio de 0.31 por día. Ni la mitad de una.

El informe de la UTF no lo dice expresamente, pero la revisión caso por caso da cuenta de que los candidatos de PAN, PRD y PRI fueron los que más informaron de sus gastos e ingresos, así fuera de manera muy magra; los que menos reportaron siempre fueron los de Morena.

En las campañas a diputaciones locales hubo un promedio de 6.2 operaciones al día. Los que aspiran a ser presidentes municipales y concejales registraron 3.63 operaciones cada uno. En el caso de síndicos (particularmente en Chihuahua), cada aspirante registró alrededor de 1.23 operaciones.

En tanto, los partidos y candidatos independientes para el cargo de diputado constituyente en la Ciudad de México registraron un promedio de 31.93 operaciones por candidato.

Las disparidades

La UTF señala que el reporte de ingresos y gastos no fue homogéneo. Por ejemplo, mientras que en Oaxaca el registro promedio de operaciones por aspirante al cargo de gobernador fue de 140.6, en Quintana Roo y Tamaulipas fue de 16.0 y 30.4 operaciones, respectivamente.

Y lo más grave: Los candidatos que no reportaron absolutamente nada de sus ingresos y gastos representaron 52.6% (4 mil 238) de los 8 mil 62 contendientes.

Es decir, a más de la mitad de los candidatos –de todos los colores– no le importó la obligación de reportar sus ingresos y egresos.

–¿Por qué esa respuesta tan deficiente, tan poco institucional, hasta grosera podría decirse, de candidatos y partidos, sobre todo cuando fueron estos últimos los que le exigieron a la autoridad electoral una fiscalización más rigurosa y profesional de los recursos en las campañas electorales, como quedó en la reforma electoral de 2014 que ellos aprobaron en el Congreso de la Unión? –se le pregunta al consejero Ciro Murayama.

–El modelo de fiscalización que propuso el Legislativo tiene un buen propósito, que ésta fuera exhaustiva y en tiempo real para evitar que un presunto ganador de una elección asuma el cargo aun habiendo cometido irregularidades, como rebasar los topes de campaña; pero ha sido muy difícil aterrizarlo. Los actores políticos no han querido cumplir con sus obligaciones de rendición de cuentas, y sin cuentas, pues no hay rendición de las mismas.

–Según los informes de la Unidad Técnica de Fiscalización, a la mayoría de candidatos les ha valido un cacahuate la obligación de reportar sus gastos…

–Siempre es más fácil cambiar la ley que la cultura y las conductas. Los partidos hicieron una ley muy exigente pensando en cómo acotar a sus adversarios, pero no fueron así de enérgicos en adecuar sus propias prácticas y estructuras hacia un modelo de campaña de alta rendición de cuentas, y eso es generalizado.

“Incluso, no deja de llamar la atención que los que más cumplan sean los partidos locales, que en términos relativos tienen mucho menos estructura, recursos y demás.

“Entonces hay un problema de puesta al día de los partidos políticos en sus prácticas. Creo que siguen en el modelo antiguo de hacer campaña, y luego ya veremos qué pasa con el dinero. También hemos detectado ciertas prácticas de opacidad y de querer engañar a la autoridad –y en eso están todos los partidos–, porque te informan que sus gastos y sus ingresos fueron cero pesos, cuando tú tienes evidencia de que no fue así.”

De acuerdo con la reforma, es decir, la legislación vigente, al INE le encajaron un modelo de fiscalización en el que ésta no sólo deber ser exhaustiva sino además rápida: deben terminarla, hasta la aprobación de los dictámenes en el Consejo General, en 40 o 45 días, cuando antes tenían un año para hacerlo.

Claro, antes, cuando terminaban, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había declarado triunfadores y electos a los contendientes, así hubieran hecho trampa en las campañas.

Además, ahora no sólo deben fiscalizar precampañas y campañas federales sino también todas las locales y las de los candidatos independientes. Y por si fuera poco, en el ínterin, deben atender las quejas de los partidos, en materia de fiscalización, cuando un partido acusa a otro de, por ejemplo, haber rebasado los topes de campaña.

–Parece una tontería, más que una exageración, que al INE lo hayan obligado a todo eso. ¿No es una locura? ¿Puede hacer todo eso el INE? ¿Qué pretendió el Legislativo con todo esto?

–Ciertamente, es un volumen de trabajo que nunca había conocido la autoridad electoral en México… ni en el mundo. La reforma fue animada por un sentimiento de reclamo a las autoridades locales, que a decir de varios partidos tenían demasiada injerencia en los procesos electorales locales, en los que manipulaban y controlaban al propio proceso y a sus actores.

“Fue tal la crítica a las autoridades locales (gobernadores, presidentes municipales y aun grupos de poder económico y político), que estuvieron a punto de desaparecer las instituciones electorales locales. No hubo consenso entre legisladores para llegar a ese extremo y por eso se creó la figura del Organismo Público Local Electoral, donde nosotros designamos a los consejeros. Se lo quitaron a los congresos locales y lo concentraron aquí, lo cual también ha dado lugar a que haya un nuevo frente de descalificación a esta autoridad, al INE, porque lo que antes hacían los partidos, ahora te piden que lo hagas, y te lo cuestionan.

“Y sí, creo que sobrecargar de atribuciones a las instituciones, como es el caso del INE, no es la mejor ruta para fortalecerlas, ni para afianzar su legitimidad.”

–¿Fallaron el diagnóstico y las soluciones?

–El hecho es que se cuestionó la existencia de estas autoridades locales, sus artimañas, su desempeño poco honorable, pero que, en realidad, no en todos los casos fue el mismo. Yo creo que fue un diagnóstico que hizo tabla rasa, y que no se hizo cargo de una heterogeneidad real en el país; que también la desigualdad se expresa en las capacidades institucionales de las autoridades electorales, como de cualquier otra autoridad a nivel local. Los legisladores actuaron con una lógica que no me pareció la correcta. Es como si tuviéramos una extremidad de nuestro cuerpo que no está funcionando bien, y que lo mejor, entonces, es amputarla. Es un poco lo que se quiso hacer.

–Muchos analistas advierten de la inoperancia o efectividad del actual modelo de fiscalización. A final de cuentas, el dinero que circula en torno de las campañas, cualquiera que sea su origen, es mucho más de lo que la autoridad electoral puede detectar. Cuando se discutía la reforma en el Congreso había tal optimismo que se pensaba que la nueva fiscalización iba a ser la cura contra la influencia del dinero negro, contra la incidencia del dinero sucio o de origen ilícito. ¿Cuál es su percepción, a dos años de la reforma, cuando ya pasó la elección intermedia del año pasado y han concluido las campañas para las elecciones de este domingo?

–Mira, este asunto de la relación entre dinero y política es una tensión estructural de todas las democracias, porque no hay partido ni candidato que pueda desplegar su trabajo sin requerir dinero; sobre todo cuando las elecciones son competidas, requieren todos más dinero. Pero el dinero está concentrado en estas sociedades en pocas manos.

“De tal manera que la intromisión de dinero de grupos de poder, o peor aún, delincuencial, puede ser disruptivo del propio sistema democrático. Esa es una tensión permanente que nadie ha resuelto de una vez y para siempre, y no vamos a resolverlo. No hay una cura única. Además siempre te estás enfrentado a conductas nuevas.

“Es un tema que llegó para quedarse. Yo te diría, para no ser ingenuos, que no hay una bala de plata que te cure de todo dolor, que mate el mal. Lo que tienes que hacer es un esfuerzo institucional permanente para enfrentarlo. Esto es como las enfermedades, ¿no? Las enfermedades siempre van a estar presentes, pero eso no quiere decir que bajes la guardia, pues hay que estar ensayando tratamientos, vacunas, porque los virus mutan, y las prácticas, las malas prácticas en la política, también pueden mutar.”

“Reacción pavloviana”

Murayama –economista por la UNAM y doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid– es un consejero entusiasta y propositivo en su trabajo cotidiano en el INE, y así se lo reconocen hasta quienes discrepan de él.

Pero es un consejero que, con los pies en la tierra, admite: “Tenemos un sistema electoral sobrerregulado, ampliamente litigioso y de baja credibilidad. Y no sé si estamos ya metidos en un círculo vicioso, en donde cada vez hacemos más barroco nuestro sistema electoral, creyendo que con eso lo hacemos más creíble. Pero mi impresión es que por momentos llega a ser incomprensible, y que eso le resta credibilidad y limita la confianza de buena parte de la sociedad hacia él.

“Cada que nos enfrentamos a las insuficiencias de la democracia mexicana, en lo que pensamos es en una reforma electoral. Yo creo que ya es casi una reacción pavloviana, ¿no? ‘Está mal la democracia… haz otra reforma electoral’. No, a mí me parece que esta democracia no va a echar raíces mientras sigan sin generarse mejorías en la calidad de vida de la gente.

“Y lo que llevamos de la alternancia a la fecha es un crecimiento del número de pobres, en términos absolutos, de pobres extremos, la informalidad está en 60% de la ocupación en el país, de tal suerte que el crecimiento económico no está permitiendo la inclusión de las generaciones jóvenes. Esos son los problemas estructurales que la democracia debería estarse planteando.”

Y el economista y consejero electoral concluye: “Pero no creo que seguir enredando lo electoral sea la vía para fortalecer la democracia mexicana. Tenemos un problema de pobreza extendida que está corroyendo la convivencia, la coexistencia, y por supuesto a la democracia. Entonces yo creo que hay que estar enfrentando esos problemas estructurales, porque las reformas electorales son, para decirlo en términos marxistas, de la superestructura; pero mientras la base y los cimientos estén corroídos, no vamos a tener posibilidad de una mejor democracia”.

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