Denuncian redadas en Coahuila contra migrantes centroamericanos

Migrantes centroamericanos. Foto: Jacciel Morales Migrantes centroamericanos. Foto: Jacciel Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Casa del Migrante de Saltillo señaló hoy las inconsistencias de la administración actual, la cual arremete en su política exterior contra las posturas “xenófobas y racistas” de Donald Trump, mientras al interior opera redadas violentas contra migrantes en situación irregular.

Al iniciar la noche del pasado 22 de mayo, por ejemplo, supuestos integrantes de la Procuraduría General de Justicia de Estatal vestidos de civil y armados allanaron los domicilios en Coahuila de siete trabajadores migrantes originarios de Honduras, entre ellos un adolescente de 16 años. Los detuvieron con violencia y los entregaron a las autoridades migratorias, las cuales los deportaron.

“Es la primera vez que sucede algo así, que los policías dicen ser integrantes de la PGJ”, se alarmó Alberto Xicoténcatl Carrasco, integrante del albergue, en entrevista telefónica con Apro. Precisó que el albergue tuvo conocimiento de otras redadas en Saltillo, Torreón y Piedras Negras.

También recordó que los migrantes vivían en Saltillo de pequeños trabajos, ya sea en mercados o como albañiles temporales, y se pusieron en contacto con el albergue para regularizar su situación.

Al realizar su visita semanal en la estación de Saltillo, integrantes de la Casa del Migrante reconocieron a los hondureños, quienes les explicaron los detalles de las redadas en sus domicilios por personas vestidas con camisas blancas.

“Dado el nivel de violencia sufrido, las personas migrantes pensaron que se trataba de un secuestro masivo, puesto que los sujetos no presentaron orden de cateo o arresto, ni se presentaron como parte de alguna corporación de seguridad pública o investigación judicial”, acusó el albergue.

Xicoténcatl Carrasco subrayó que esta detención contraviene un acuerdo hecho hace un par de meses entre la Casa del Migrante de Saltillo y representantes de la fiscalía estatal, de la policía municipal, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Congreso local, así como de las oficinas consulares de Honduras y del Salvador.

Detalló que durante la reunión, los funcionarios y activistas determinaron que ni la policía municipal ni las fuerzas estatales tienen la facultad de detener personas por el simple hecho de no contar con un estatuto migratorio regular.

“México, el estado de Coahuila y sus municipios deben hacer un serio examen ético y legal de sus políticas públicas, y así como la Cancillería mexicana empezó a tener una fuerte reacción de la política exterior de México frente a Trump, hace falta ver hacia dentro y encontrar a nuestros propios Trump’s” que atentan en contra de uno de los grupos más vulnerables en todo el mundo: los trabajadores migratorios y sus familias”, sentenció el albergue.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), las autoridades detuvieron a mil 529 migrantes en Coahuila en los primeros cuatro meses del año, de los que mil 483 provenían de Centroamérica; y deportaron a 943 de ellos.

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