CAMPECHE, Camp. (apro).- Ricardo Luévano, oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, presentó aquí el Informe de Resultados del Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho a la Información, y destacó que la entidad fue la mejor posicionada en el ranking, aunque eso –aclaró– no significa que haya sido aprobada. En general todos los estados reprobaron, dijo. El pasado miércoles 1, al rendir su último informe ante la Junta de Gobierno y Administración del Congreso local, el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), Jorge Gasca Santos, reprochó a la actual Legislatura que no le permitiera concluir su período al frente del organismo. El comisionado fue impuesto en el cargo por el gobierno anterior para el período comprendido entre mayo de 2012 y mayo de 2018, junto con los otros dos integrantes, pero con la reciente homologación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Comisión será renovada por el actual gobierno. Renuente a dejar el cargo, en su informe de despedida, Gasca Santos –quien este año se aumentó el salario a 73 mil pesos mensuales– reclamó a los legisladores su decisión de despedir a quien, dijo, posicionó a Campeche “en el primer lugar nacional” en materia de transparencia y acceso a la información pública. No obstante, al presentar esta tarde aquí los resultados de la segunda edición del Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho a la Información (Inogdai), elaborado en conjunto con las organizaciones Artículo 19 y México Infórmate, Ricardo Luévano dejó tan mal parado al órgano campechano como a los del resto del país. En el evento, que tuvo lugar en el pequeño auditorio “Hernán Lara Loría” de la Secretaría de Cultura, saturada con todo el personal de la Cotaipec y de las unidades de enlace y acceso a la información de las diferentes dependencias del gobierno estatal, el representante de Artículo 19 destacó: “Los resultados del Inogdai 2016 en relación con los resultados del Inogdai 2014 desalientan y trazan una ruta de trabajo que hay que atender”. Según Luévano, de la evaluación se concluye que “el promedio nacional del Inogdai 2016 es reprobatorio. La media nacional fue de 49.74 puntos sobre 100, siete puntos por debajo del Inogdai 2014”, lo cual “muestra claramente que estos organismos faltan a su deber de promover este derecho al obtener un promedio general en esta dimensión de 35.15 puntos sobre cien”, puntualizó. El informe de 38 páginas arroja que sólo 15 de los organismos estatales de transparencia tuvieron calificación mayor al promedio general, en tanto que otros 17 se situaron por abajo. Pero aclaró que aun los que se situaron por arriba de la media “están reprobados”. Tras hacer esa enmienda, precisó que los estados mejor posicionados en el ranking son Campeche, con 68.22 puntos, “que además incrementó su calificación con respecto a 2014, donde obtuvo 58.4 puntos”, seguido por Durango (67.54), Ciudad de México (66.17), Tlaxcala (65.91) y Coahuila (65.43). En contraparte, Guerrero fue el peor posicionado en la tabla, con 14.4 puntos, “por no dar respuesta a las solicitudes de información que construyen el índice”. También Aguascalientes resultó con saldo negativo, con 27.01 puntos por sus “deficiencias en la promoción del derecho y su inclinación a ratificar las negativas de acceso a la información de los sujetos obligados, entre otras prácticas”. En esa lista también están San Luis Potosí (34.81), Nuevo León (35.48) y Baja California Sur (37.88). Luévano explicó que en el Inogdai 2016 se analizaron y sistematización más de mil 800 solicitudes de información durante 2015 y 2016, “donde sus cuatro dimensiones representan las funciones principales de los organismos garantes para la protección del derecho: transparencia y rendición de cuentas, promoción del derecho de acceso a la información, resolución de controversias y marco normativo”. Ese sentido, apuntó, “preocupa que la promoción del derecho de acceso a la información haya caído considerablemente”, y al respecto señaló que en 2014, en este rubro el promedio nacional fue de 46.5 puntos contra 35.15 en esta ocasión. Añadió que en esta categoría destacan Chihuahua y Coahuila con una calificación de 91.67 y 87.50 puntos, respectivamente, contra Aguascalientes, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Puebla y San Luis Potosí, con menos de 10 puntos. También es preocupante “la falta de emisión de criterios orientadores para los sujetos obligados al responder solicitudes de información, así como el fortalecimiento de mecanismos y procedimientos para robustecer su función cuasi jurisdiccional para determinar la publicidad o clasificación de la información”, agregó. En este aspecto el informe establece un promedio nacional de 44.15 puntos “en la dimensión relativa a la resolución de controversias”. Sobre la dimensión de transparencia y rendición de cuentas, el análisis arroja un promedio nacional de 63.5, donde destacó Campeche con una calificación de 98.7 puntos, contra Guerrero que obtuvo cero. Respecto del marco normativo en materia de transparencia, el promedio nacional es de 56.15 puntos. En este caso fueron Michoacán, Estado de México y Yucatán los mejor calificados con 80 puntos, en tanto que Aguascalientes, Guanajuato y Sinaloa fueron los peores con 30 puntos. Insistió en que los resultados en general son desalentadores, y en esta ocasión, dijo, “hay organismos de transparencia de entidades federativas que cayeron considerablemente respecto a la evaluación anterior”. Por ejemplo, Aguascalientes, que pasó de 49.6 a 27.01 puntos, y Puebla, de 70.2 a 46.93. Comentó que aunque la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información prevé fortalecer los mecanismos de promoción, “la falta de innovación de los organismos garantes para pensar la promoción del acceso a la información más allá de los sistemas electrónicos de solicitudes de información, concursos de dibujo y obras de teatro, sorprende y es clara en las respuestas”. Y en ese sentido destacó la necesidad de concretar los resultados de las acciones de promoción con seguimiento especializado y acompañamiento puntual tanto a beneficiarios como a personal del servicio público. También cuestionó la falta de especialización de los integrantes de los organismos garantes, que puede ser una razón que afecta significativamente su concepción, traducida en un deficiente desempeño. En ese contexto criticó, en el caso concreto de Campeche, que en este momento se esté llevando la selección de los próximos comisionados de la Cotaipec a puertas cerradas y con opacidad. De igual manera, destacó que bajo los parámetros considerados en este análisis, “el desempeño del órgano no está directamente relacionado con el presupuesto ejercido a los Ogdai, ya que si bien Campeche cuenta con el presupuesto per cápita más alto y también es el primer lugar en el índice, esta condición no se refleja en el resto de los casos, principalmente en el de Durango y Tamaulipas, que estando en los primeros diez lugares cuentan con un presupuesto por debajo de la media nacional”. Aunque en el caso de Campeche el presupuesto de la Cotaipec aumentó con respecto al ejercicio 2015, este fue destinado en parte para cubrir el criticado incremento salarial de los comisionados. En la presentación, Luévano también aclaró que este análisis es fundamentalmente un ejercicio de numeralia, pues no se abordó la calidad de las respuestas ni se evaluó a los sujetos obligados, sólo a los órganos garantes.