CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La arquidiócesis primada de México afirmó que “la corrupción, la ineficiencia y la impunidad, así como la imparable violencia y la inseguridad”, fueron los “factores” que propiciaron el “voto de castigo” contra el PRI, en las pasadas elecciones del 5 de junio. A través de su semanario Desde la fe --en su edición de este domingo 12--, la arquidiócesis también aseguró que el voto de castigo se debió al rechazo social que provocó la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que propone legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, a la que calificó como una “imposición destructiva e inmoral”. En su editorial titulada “Merecido voto de castigo”, Desde la fe señaló: “El voto de castigo fue una muestra del hartazgo de una sociedad que se cansó de ser pasiva y espectadora, ante un gobierno federal, y gobiernos estatales, caracterizados por su ineficiencia, indolencia, desvergüenza y una indecente corrupción”. Agregó que “ahora, quienes han salido favorecidos con el voto ciudadano, deben tener cuidado de no caer en optimismos ramplones, pues la población, más que elegirlos a ellos, votó en contra de los peores, de los corruptos, de los cínicos, de los vividores, de quienes chupan los recursos de los pobres sin el menor asomo de culpa”. Y respecto a la iniciativa presidencial en pro de las bodas gay, dijo que ésta tuvo un “rechazo total” de la sociedad, que se manifestó sobre todo “en las redes sociales y en las calles”, e influyó en el voto contra el PRI. Aseguró que detrás de la iniciativa “está el intervencionismo extranjero de poderosos lobbys auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas, que financian esta perversión de los valores en los que secularmente se ha organizado de manera natural la familia y la sociedad”. La arquidiócesis, encabezada por el cardenal Norberto Rivera Carrera, indicó que la sociedad “exige que se retire la propuesta de otorgar falsos derechos a las personas con preferencias homosexuales”. Aunque, finalmente, indicó que a la comunidad lésbico gay se le “puede dar una alternativa jurídica –que no sea el matrimonio— para salvaguardar sus verdaderos derechos”.