CIUDAD DE MEXICO (apro).- Pese a no contar con la certeza de que Lucero Sánchez López, diputada local por Sinaloa, fue quien visitó a Joaquín Guzmán Loera el 4 de septiembre de 2014 en el penal de alta seguridad de Almoloya, con el uso de documentos falsos, la Cámara de Diputados aprobó con 414 votos a favor y 37 abstenciones desaforar a la legisladora, por lo que el MP de la Federación puede detenerla en el momento que lo considere oportuno. Lo que pareció sería un simple trámite legislativo, donde las diferentes bancadas avalarían sin cuestionar el retiro de la inmunidad parlamentaria, se convirtió finalmente en el reconocimiento del poder corruptor que tiene el crimen organizado y la existencia de la ‘narcopolítica’. También quedó de manifiesto la falta de estudio legislativo y jurídico de quienes integraron la Sección Instructora--PRI, PAN y PRD— al no basarse en “prueba plena” de que fue la diputada sinaloense quien ingresó al penal mexiquense utilizando documentación oficial falsa, como fue una credencial de elector con fotografía. Los diputados de la Sección Instructora, aunque escucharon a ambas partes y las pruebas que cada uno presentó, dieron por sentada la palabra de la autoridad federal, sin que se contara con documentos que demostraran al cien por ciento su dicho. Por otra parte, tanto el MP federal Arturo Ruiz Toribio como el abogado defensor de la legisladora sinaloense, Antonio Tamayo Viveros, revelaron aspectos de la indagatoria que resultaron contradictorios y mostraron la parte vulnerable del penal de “máxima seguridad”. La autoridad judicial federal acusó a Lucero Guadalupe Sánchez López de los delitos de “delincuencia organizada” y el “uso de documentación oficial falsa”. El primero de ellos no lo pudo sostener, sin embargo, el segundo lo fundamentó con “fotografías” tomadas de un video del penal y la licencia de conducir de la diputada expedida por el gobierno de Sinaloa. En su exposición, el ministerio público sostuvo desde la tribuna de San Lázaro que se abrió una indagatoria contra la diputada sinaloense luego de que el director del penal de Almoloya notificara de su ingreso con documentos falsos: “En la citada indagatoria también se encuentra afecta la licencia de conducir expedida por el gobierno de Sinaloa, a favor de Lucero Guadalupe Sánchez López, la cual fue localizada durante una diligencia ministerial en un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta estacionado en la cochera de un inmueble ubicado en calle Río Humaya 130, colonia Guadalupe, en Culiacán. El referido inmueble fue asegurado en virtud de que en el baño, debajo de la tina, se encontró un túnel que conectaba a la red de drenaje pluvial por donde escapó Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, cuando era perseguido por elementos de la Secretaría de Marina”. La referida casa fue una de las utilizadas por el capo antes del 22 de febrero de 2014, año en que el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto lo capturó. La última detención ocurrió en julio de 2015 y según denuncia contra la legisladora ésta lo habría visitado el 4 de septiembre de 2014, pero se abrió indagatoria hasta abril del siguiente año. Por ello, la duda que salta de inmediato es que si sabían desde el 22 de febrero de 2014 de la licencia de conducir, ¿por qué nunca se llamó a declarar a la legisladora? El MP federal sostuvo que se solicitó a un perito establecer si concordaba la fotografía de la licencia de conducir de Lucero Sánchez encontrada antes de febrero de 2014 con la credencial electoral a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez, utilizada el 4 de septiembre de 2014 presuntamente por la legisladora sinaloense para entrar al Altiplano y visitar a Guzmán Loera. Se concluyó, dijo, que sí existe coincidencia “dimensional, cromática y morfológica” es decir, que ambas personas son la misma. En tanto, el abogado defensor Antonio Tamayo Viveros expuso desde la tribuna que el perito solicitado por ellos dijo que eran “semejantes”, pero que no podía concluir que eran la misma persona. Ello debido a la calidad de las fotografías que proporcionó la autoridades del penal. Las autoridades del penal y la PGR ofrecieron ante la Sección Instructora sólo fotografías, pues aclararon que “no existe” video de esa fecha, ya que 27 días después de haberse tomado un registro, éste se borra y se reinicia la grabación. Es decir, el penal de máxima seguridad no tiene prueba plena de quién ingresa y quién sale de sus instalaciones regularmente, a menos que realice copias de los videos. El mismo abogado defensor ofreció otra prueba que desde su punto de vista hace insostenible la acusación del MP, por lo cual pidió que no se le retirara el fuero a su cliente. Se trata del informe que solicitó al juzgado quinto de distrito penal para saber de qué se trató la reunión del 4 de septiembre de 2014 y si se certificó la presencia de los asistentes. El abogado reveló que del juzgado se le detalló que hubo una audiencia con el juez, Guzmán Loera y sus abogados, y que el mismo Chapo había solicitado la presencia como “una de las personas de su confianza” a Villatoro Pérez (nombre utilizado presuntamente por la diputada sinaloense). En el informe, el juzgado notificó al abogado que nunca estuvo presente en dicha audiencia alguna persona del sexo femenino. Pero no sólo eso, también que nunca se le protestó el cargo “de persona de entera confianza” a Villatoro Pérez. “Nunca acudió, como el mismo juez lo dice, a protestar y aceptar el cargo como persona de confianza”. En caso de que hubiera protestado en otro momento del día, dice el abogado, lo cierto es que el juez sostiene en su informe que nunca estuvo una persona del sexo femenino. Todas estas irregularidades las vertió el abogado ante los casi 500 diputados federales y convencerlos de que no “hay identidad plena” de que se trató de la misma persona. No obstante, los diputados votaron a favor dándole la razón al MP federal. Ricardo Ramírez Nieto, diputado del PRI y presidente de la Sección Instructora, dijo al fundamentar el desafuero que “es probable que la servidora sea la misma persona”. Esto es, nunca sentenció con prueba plena que se trata de la misma. Lo que sí subrayó el legislador es que “existen diversos medios de convicción del uso de documentos falsos… existe mérito suficiente para la declaración de procedencia”. El diputado independiente Jesús Clouthier tomó la palabra y sostuvo que “la narcopolítica es generalizada… es la mayor amenaza a la democracia”. Acusó que el crimen organizado está en todo, el comercio, el petróleo, los partidos políticos, los poderes… “su capacidad corruptora es superlativa”, alertó. Movimiento Ciudadano dijo que justo fue el mensaje del pasado 5 de junio en las elecciones: “Acabar con la narcopolítica”, de ahí la nueva geografía política. El Panal pidió ir más allá de un juicio político, demandó investigar quién la nombró candidata (a Lucero Sánchez), qué vínculos tiene con el crimen organizado y con los partidos. “La justicia en abonos no es justicia”, sostuvo MC. Por su parte, Morena cuestionó el dictamen de la Sección Instructora, sobre todo que no haya pedido un tercer perito cuando los de la parte acusadora y defensora tenían diferencias en cuanto a las imágenes y la certeza de que se trató de la misma persona, la de la licencia y la de las fotografías del penal. Por ello todos sus legisladores votaron por la abstención. Los otros dos diputados que votaron en abstención fueron el perredista Arturo Santana y el priista Calos Sarabia Camacho. La Cámara de Diputados sesionará este martes para avalar el sistema penal en materia de adolescentes. El miércoles se prevé la aprobación del mando policial mixto, cambios a la fiscalización y el uso medicinal de la mariguana. En tanto que el jueves 16 se espera se avale el nuevo sistema nacional anticorrupción para de inmediato dar por concluido el periodo extraordinario de sesiones.