CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando faltan cuatro días para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, con todo y rezagos legislativos, de infraestructura y capacitación en todo el país,  representantes de los tres poderes se reunieron para declarar concluida la puesta en marcha de la reforma que decretó el paso de un sistema inquisitorial a uno acusatorio y oral. El nuevo sistema ya opera al cien por ciento en todo el país, declaró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un encuentro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que también participaron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. “Los mexicanos hemos dado un primer paso hacia una nueva forma de procurar y administrar la justicia”, dijo Osorio Chong, responsable en el Poder ejecutivo federal de la puesta en marcha de la reforma aprobada en 2008 y que dio ocho años para que el sistema funcionara en todo el país. Osorio acudió a la SCJN en la puesta en marcha de cinco Centros de Justicia Penal Federal por parte del presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar, quien continuó con su advertencia de que las violaciones al debido proceso por parte de la policía y de los ministerios públicos seguirán dando lugar a liberaciones que después son criticadas. Como en otros actos relativos a la entrada en vigor del nuevo sistema, la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, tuvo poco que decir. Se limitó a dar algunas cifras, sin precisar qué hizo la PGR en el largo periodo que estableció el Legislativo. “Tenemos 10 sentencias condenatorias de 12 juicios orales a nivel federal. Además, 718 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados”, dijo. Según la procuradora, “hoy la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Más de mil medidas cautelares han sido determinadas, evitando que igual número de personas vayan a prisión”. El ministro presidente de la Corte, dijo que en el caso de la justicia federal el nuevo sistema ya se puso en marcha a través de Centros de Justicia Penal Federal en todo el país. Este día puso en marcha los que faltaban en Baja California, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y en las Islas Marías. Ante las críticas de organizaciones como Alto al Secuestro, de Isabel Miranda, y de medios de comunicación, Luis María Aguilar dijo: “los derechos de las personas no se negocian ni se someten al criterio publicitario”. En respuesta a las liberaciones decretadas por la propia SCJN y de jueces por violaciones al debido proceso, aseguró que esos derechos “no son requisitos ni obstáculos para la justicia; son, por el contrario, la única garantía que tenemos de ser juzgados por leyes en tribunales y conforme al debido proceso legal, sólo así podrá haber seguridad jurídica y se evitará el linchamiento público”. Insistió: “O los derechos y el debido proceso son absolutamente para todos, o simularemos ello siempre que nos convenga”. Pero tampoco, precisó, la justicia tiene que ser “solapadora” de quienes dañan y agravian a la sociedad. Como lo ha hecho en sus recientes apariciones públicas, el ministro presidente salió en defensa de los fallos de los jueces federales y a reiterar que 78 funcionarios de la justicia federal, entre ellos jueces, han sido sancionados por abuso o corrupción. “Sólo saldremos de la oscuridad de la ignorancia, de la miseria y la corrupción si hacemos valer nuestros derechos y aceptamos nuestras obligaciones; si actuamos, no conforme a lo que cada quien cree que es la justicia propia, sino de acuerdo con la ley y la Constitución… sin tolerar la arbitrariedad de la autoridad, de ninguna, que es la forma más ruin de la corrupción”. En alusión al recurso de los testigos protegidos, muy utilizado en años recientes en México, dijo: "Nadie es culpable hasta que existe una sentencia firme, y siempre y cuando se haya seguido puntalmente el debido proceso legal, sin el cual las personas, cualquiera de nosotros, correrá el riesgo de ser declarado culpable sin  haber sido realmente juzgado por sus actos sino por apariencias, por decires de terceros". El próximo sábado 18 de junio, el nuevo sistema de justicia empezará a funcionar en las 32 entidades del país, a pesar de que el Congreso aún tiene pendiente la aprobación de la Ley nacional de ejecución de sentencia penal, la Ley de justicia para adolescentes y las modificaciones a la Ley federal contra la Delincuencia Organizada. (Proceso 2067). En el acto realizado en la sede SCJN también estuvieron el presidente del Senado, Roberto Gil, y el de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.