CIUDAD DE MEXICO (apro).- Con 394 votos a favor y 33 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma diversas disposiciones para armonizar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el sistema de justicia acusatorio adversarial. De lo que se trata es que los procedimientos se realicen en el marco de respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales, protegiendo al inocente y que el culpable no quede impune, además de la reparación del daño. El dictamen prevé conductas que serán consideradas delincuencia organizada, como el uso de moneda falsificada, robo de hidrocarburos, agravio a los derechos de autor, narcomenudeo y contrabando, entre otros. Además, faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para coordinar a la policía y ejecutar las intervenciones de comunicaciones privadas, autorizar la infiltración de agentes, a quienes se les proporcionará una nueva identidad y se garantizará su protección durante todo el procedimiento. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará al Ministerio Público la información y documentación que resulte conducente en los casos en que existan indicios que hagan presumir que personas físicas o morales son miembros de la delincuencia organizada. La minuta también detalla los procedimientos en caso de aprehensión, retención y arraigo, así como los mecanismos en materia de cooperación eficaz de un integrante de la delincuencia organizada con la investigación del delito, a quien se le podrá reducir la sanción en función del aporte a la investigación. Incluso permite a la policía corroborar la veracidad de los datos de informaciones anónimas, mediante actos de investigación, y especifica que en los procedimientos penales se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva. En el dictamen se sostiene que este tipo de organizaciones vulnera la economía del país, pues en múltiples casos la corrupción y las extorsiones que llegan a emplear para cumplir sus fines afectan a los ciudadanos, directa o indirectamente, en su economía, calidad de vida y en su medio ambiente. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa, aclaró que se trata de armonizar dicha norma con el nuevo sistema de justicia penal, así como con los parámetros de la Convención de Palermo, para hacer más eficiente la investigación y persecución de los delitos. Con ello, afirmó, se logrará hacer más eficiente la investigación de los delitos, fortaleciendo las operaciones encubiertas, la vigilancia electrónica y la colaboración de informantes y usuarios simulados, entre otros, a fin de lograr el debido equilibrio entre la investigación eficaz y el respeto a los derechos humanos. Ibarra Hinojosa destacó que para obtener información en lugares públicos y la vigilancia electrónica se prevé necesariamente la autorización de un juez. También se tipifican nuevos delitos, como el desvío de precursores químicos para el cultivo, el narcomenudeo, el de uso de moneda falsificada a sabiendas y el contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal. También se armoniza la intervención de comunicaciones privadas, las informaciones anónimas y la colaboración de miembros de la delincuencia organizada con el Código Nacional de Procedimientos Penales.