CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la nueva facultad que permite a jueces militares ordenar cateos de particulares, las Fuerzas Armadas se dijeron listas para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, el próximo 18 de junio. Protegidos por el Poder Legislativo, que lo excluyó de la reforma penal de 2008 y que este año les amplió sus facultades jurisdiccionales, los militares se limitaron a cambiar de nombre de sus órganos de justicia y a la adaptación de su infraestructura a los juicios orales. Lo que hicieron fue cambiarle de nombre a la Procuraduría General de Justicia Militar. Ahora es la Fiscalía General Militar. El Cuerpo de defensores de oficio, ahora se llama Defensoría de oficio militar, y los servicios periciales y forenses “se adecuaron” al sistema penal acusatorio. Según un comunicado conjunto de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, se crearon tribunales militares de juicio oral y los juzgados militares de control, dos de los principios de la reforma penal aprobada en 2008 y vigente a partir del próximo sábado 18. Con ello desparecen los Consejos de Guerra y juzgados militares adscritos a las regiones militares. Los Consejos de Guerra estaban previstos en el Código de justicia militar, vigente desde 1933 y reformado apenas en 2014 para que los jueces militares dejaran de ejercer su jurisdicción en delitos cometidos por militares en los que hay civiles involucrados. Sin embargo, en abril pasado, el Congreso aprobó una contrarreforma para que los nuevos juzgados de control militar puedan ordenar cateos en casos de “disciplina militar” relacionados con delincuencia organizada, homicidio doloso y violento con arma de fuego y explosivo. También podrán ordenar la intervención de comunicaciones de particulares. Acostumbrados a juzgar por consigna, los juzgados militares tendrán que adaptarse a los principios del nuevo sistema de justicia adversarial, en el que el acusado se presume inocente. De acuerdo con el comunicado conjunto, las fuerzas armadas capacitaron a sus magistrados, jueces, ministerios públicos, defensores de oficio, policía ministerial y peritos militares en el nuevo sistema de justicia penal.