En un crecimiento sin par y en absoluta desproporción, subordinado al interés del capital, el Paseo de la Reforma todavía tiene quien lo defienda: En dos oficios dirigidos a las autoridades del INAH y del INBA, máximos organismos de la Secretaría de Cultura, un grupo de investigadores de la UAM-Xochimilco busca la declaratoria de la avenida más importante de la capital como monumento histórico, con todos los argumentos legales. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante el desmedido crecimiento en la construcción de megatorres en Paseo de la Reforma, y la propuesta del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de hacer ahí la línea 7 del Metrobús, el Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu), de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, plantea su declaratoria como monumento histórico nacional, y está dispuesto a llegar a la Corte y aun a instancias internacionales para su defensa. Mediante sendos oficios dirigidos a las directoras de los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH), María Teresa Franco, y de Bellas Artes (INBA), María Cristina García Cepeda, los integrantes del grupo: Eduardo Cruz, Carlos Lara y José Manuel Hermosillo, exponen los argumentos jurídicos que permitirían la declaratoria. Asimismo los artísticos e históricos, “dado que el Paseo de la Reforma tuvo su origen en las ideas de urbanismo traídas durante el segundo Imperio mexicano por Maximiliano de Habsburgo desde Austria, y en un primer momento se le llamó ‘Paseo de la Emperatriz’. Sin embargo, al caer el Imperio, el gobierno de don Benito Juárez mantuvo el adelanto urbanístico de la obra y, en 1872, le cambió el nombre a como lo conocemos hoy.” Entrevistados en la Casa Rafael Galván de la UAM, los miembros del Grecu exponen que hay una contradicción entre la pretensión del gobierno de la Ciudad de México de aumentar la movilidad en Reforma con el Metrobús, y permitir al mismo tiempo la construcción de macrotorres que incrementarán la densidad poblacional y de vehículos. Las autoridades capitalinas se ufanan porque ésta es la “ciudad de los derechos”, y es cierto que es la más reglamentada, tiene más leyes que todos los estados, incluyendo ley de cultura, de patrimonio, de cine, en fin, pero son transgredidas, señala Lara y recuerda los casos lamentables de destrucción de la Octava Delegación de Policía y los daños causados a la estatua ecuestre de Calos IV, El Caballito, en los cuales el gobierno de Mancera actuó sin las licencias del INBA. Estos hechos son el antecedente para advertir a los institutos que se está en tiempo y forma de hacer lo necesario para la declaratoria, “antes de que empiece” el proyecto del Metrobús Reforma o las obras del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Chapultepec, donde se pretende construir una torre más, esta vez entre el Cerro del Chapulín –donde se encuentra el Castillo de Chapultepec, que es monumento histórico y alberga al Museo Nacional de Historia– y el antiguo edificio de la Secretaría de Salud –construido en estilo art decó por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, y declarado monumento artístico en 1993. Doctorante en derecho de la cultura, Lara considera que una declaratoria como la hecha con las Torres de Satélite, obra del arquitecto Luis Barragán y el escultor Mathias Goeritz –luego de que serían afectadas por el segundo piso del Periférico Norte (Proceso, 1658)–, en la cual se protegió no sólo el bien artístico sino el entorno, sería ideal para el Paseo de la Reforma, pues así se regularían las construcciones de los costados. El investigador coincide con el también especialista en derecho José Manuel Hermosillo en que el emblemático paseo está protegido por la Ley General de Bienes Nacionales. Además, cualquier proyecto del gobierno de la Ciudad debe cumplir con las leyes de Planeación, la cual se reformó para incluir la cultura y la llamada “factibilidad cultural”. Y esa factibilidad no se ha visto en los proyectos del gobierno, por el contrario: en los casos de El Caballito y la Octava Delegación hubo incluso una violación de los derechos culturales, ante la inacción de los institutos INAH e INBA. Explica Hermosillo. “Para hablar de creación de obras que impactan determinadas zonas de la Ciudad de México, que tienen una historia, nacen pues con la ciudad, es necesario informar a la ciudadanía de qué tan factible es o qué se va a lograr con esas obras.” Previene que pronto la ciudad entrará en un nuevo modelo político (tras la reforma constitucional que creó la Ciudad de México) y ello tiene cierta exigencia que no están considerando ni los partidos políticos (así lo vio en la pasada campaña electoral para el Constituyente) ni el gobierno.” Lara añade que están haciendo la petición a los institutos nacionales “en tiempo y forma” para que desde este momento tomen cartas en el asunto y evitar suceda lo que con el edifico H de la Facultad de Filosofía y Letras y el Espacio Escultórico, donde ahora se argumenta que “ya está construido” y no puede demolerse, o la delegación que “ya se demolió”, y El Caballito, que “ya está dañado”, como si realmente fueran hechos irreparables. [caption id="attachment_445077" align="alignnone" width="702"] Avenida Reforma. Al límite. Foto: Miguel Dimayuga[/caption] New York, New York… Eduardo Cruz destaca que con esta solicitud se tienen dos mensajes. El primero quiere poner nuevamente en evidencia que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos “está rebasada” y debe ser modificada: “Lo que está pasando en Paseo de la Reforma es un ejemplo muy claro de que si no hay una actualización de los marcos jurídicos, la creación de la Secretaría de Cultura es una tomada de pelo… Las autoridades federales y de la Ciudad de México deben tener conciencia de que necesitamos marcos normativos nuevos, con visión a futuro sobre lo que vamos a hacer con una ciudad que tiene un alto componente patrimonial.” El segundo mensaje es mostrar “la abierta disputa y enfrentamiento con los valores inmobiliarios, que no están dispuestos a que les impongan ningún freno para hacer de Paseo de la Reforma su pequeño Nueva York o no sé qué tipo de ciudad quieren, pero no es la que el país y la gente necesitan”. A decir de Cruz ambos aspectos son “profundamente delicados” y la batalla no se ha decidido. Es probable que el gobierno, aunque le queden dos años de gestión, decida no hacer nada y pasarle la estafeta al sucesor, “esto incluye la inacción de los propios trabajadores que tanto buscan defender el patrimonio de la nación”, e incluso a los grandes poderes inmobiliarios que “decidan comprar conciencias y distribuir recursos para que los legisladores ni por asomo metan a la agenda de discusión este tipo de temas”. Son estas inmobiliarias, añade, las que saldrán ganando si no se hace la declaratoria, porque seguirán haciendo edificios de veinte o treinta pisos, en lugar de planear un nuevo modelo de ciudad. Agrega Lara que el daño al patrimonio cultural ocurre en varios estados, con la anuencia de gobernadores que aspiran a la presidencia de la República, como es el caso de Rafael Moreno Valle en Puebla, que quiso construir el llamado Parque de las Siete Culturas en Cholula y algunos de sus oponentes fueron encarcelados. Se trata, en su opinión, del mismo factor: El desarrollo inmobiliario. Lamenta que los partidos políticos que integrarán el Constituyente plantearan temas como el amor a la Madre Tierra o el uso de la medicina tradicional, y no es que esté mal, pero evidencia que no saben lo que es una Constitución Política, cuando hay temas tan delicados como el futuro mismo de la ciudad ante estos intereses y la violación a las leyes vigentes: “Si lo que está en la ley no se respeta, cómo compro el argumento de una Constitución; cúmpleme la ley, no la Federal de Monumentos, la de patrimonio y la de cultura de la Ciudad de México.” Las autoridades, sigue, esgrimen argumentos de una gran oferta cultural, por la concentración de museos o espacios culturales, que están sobre todo en el sur, cuando lo cierto es que no se respeta el derecho a la cultura. Se les comenta a los investigadores que en mayo pasado, durante el Foro Políticas Públicas y Acciones en el Centro Histórico, realizado del 12 al 14 de mayo en el Antiguo Palacio de la Inquisición, María Teresa Franco alertó sobre las macrotorres que rebasan “por mucho” las alturas que la normatividad del Centro Histórico permite a las construcciones, pero también la propia reglamentación de la Ciudad de México. E invitó a discutir esos proyectos inmersos en una dinámica “que contiene cuantiosísimas inversiones”. La pregunta es si esta manifestación no es tardía y el INAH debió tomar cartas en este asunto de las torres desde hace tiempo. Para Lara es claro que si se quiere resolver este problema tendrá que definirse en la Ley General de Cultura (todavía por hacerse), la jerarquía de los institutos INAH e INBA con respecto a la Secretaría de Cultura, pues ahora ésta ha quedado por encima de ellos. Considera que en los hechos los funcionarios de los institutos están atados de manos. A ello atribuye la renuncia del entonces secretario técnico del INAH, Sergio Raúl Arroyo, en abril de 2005 (Proceso, 1483). [caption id="attachment_433752" align="alignnone" width="702"] Usuarios de transporte público en avenida Reforma. Foto: Xinhua / Alejandro Ayala[/caption] Al margen de lo sustantivo “¿Por qué Teresa Franco no se pronunció o no se ha pronunciado, y probablemente no se pronuncie? Es muy claro, porque están subordinados a estos grandes intereses. Desde que estaba el Conaculta éste respondía a los intereses marcados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o de Economía, que son las centrales. No van a responder por sí mismos porque lo que está de por medio son miles de millones de pesos. “Y en un gobierno necesitado de generar empleos por la construcción o de ampliar la base recaudadora por el tema de impuestos o de tener legitimidad internacional, van a subordinar las decisiones de factibilidad cultural a estos intereses. Por eso no se pronuncian, porque saben que les pueden hablar de Los Pinos para decirles: ‘Espérame, el presidente quiere otra cosa, el desarrollo necesita otra cosa’. Entonces habrá muchos monumentos pero esta torre va.” Y considera que por más oposición que haya pretendido ser Mancera, “ha quedado claramente definido que también se subordina a los grandes poderes”. Para él ningún gobierno de la ciudad ha contribuido al caos inmobiliario y de movilidad tanto como el de Mancera, que “supera con creces” el daño que pudieron hacer Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles o Andrés Manuel López Obrador. Lo peor es que no es tan fácil documentarlo. Por eso, dice, uno de los propósitos del Grecu ha sido impulsar una auténtica Reforma Cultural, para eliminar también las formas de caudillismo como el de Franco que ya lleva más de 12 años en el INAH, y problemas de hace treinta años siguen sin resolverse. “Queremos que se aplique la ley que para eso se inventó la factibilidad cultural… Y segundo, terminar con la subordinación de la política cultural a los intereses económicos.” Recuerda que al crearse Secretaría de Cultura federal, no se le dieron atribuciones de peso en los ámbitos de economía y desarrollo urbano: “¡Está ausente! Entonces: ‘Administra las escuelitas, pon talleres, da becas y olvídate de los grandes desafíos en los que la cultura define o debería definir.” [caption id="attachment_433023" align="alignnone" width="702"] Trabajadores de limpia recogen troncos en avenida Reforma. Foto: Miguel Dimayuga[/caption] A la Corte Hasta el cierre de esta edición los integrantes del Grecu no habían recibido respuesta del INAH a la petición de declaratoria de monumento del Paseo de la Reforma. En tanto, García Cepeda les informó que giró indicaciones al doctor Xavier Guzmán Urbiola, subdirector de Patrimonio Artístico Inmueble, “para que dé respuesta al tema que plantea”. Lo conducente, informa Lara, es que el funcionario convoque a la Comisión de Zonas y Monumentos Artísticos, como se hizo con las Torres de Satélite. Si ahí se logró la declaratoria, “cuanto más acá que está sembrado de elementos artísticos e históricos y no se ha hecho un estudio de factibilidad cultural desde 2012”. Señalan que de no obtener respuesta de los institutos acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, derivado de la reforma constitucional de los derechos humanos fundamentales, ha fallado ya en favor de la protección de los derechos culturales. Están incluso dispuestos a llegar a instancias internacionales.