COLIMA, Col. (apro).- Compras a sobreprecio, proveedores envueltos en conflictos de interés, así como contrataciones con empresas “fantasma”, de nueva creación o sin capacidad financiera son algunas de las irregularidades documentadas por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC) tras revisar el manejo financiero de los últimos dos años de la administración del exgobernador Mario Anguiano Moreno. Según el “Libro blanco” de los años 2014 y 2015 y del 1 de enero al 10 de febrero de 2016, del “Informe sobre la situación que guardan actualmente las finanzas de la Administración Pública del Gobierno del Estado”, en una muestra de 35 contratos de adquisiciones y servicios fueron detectadas irregularidades en 16 de ellos por un monto de 81 millones 845 mil 909 pesos. Dentro de la Licitación Pública Estatal 06002-004-15, la Secretaría de Finanzas y Administración adquirió productos de limpieza por un millón 214 mil 706 pesos, a una empresa cuyo administrador era el secretario de Fomento Económico del gobierno estatal, Rafael Gutiérrez Villalobos. Con ese acto se incumplió el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según el informe. Además, el expediente correspondiente a ese contrato no cuenta con evidencia que soporte la capacidad financiera del proveedor para poder afrontar la obligación. En tanto, la fianza de cumplimiento que ampara la adquisición de productos de limpieza fue validada en el portal de la afianzadora, sin que se encontrara alguna fianza con esas características. Mediante oficio de excepción, la Secretaría de Finanzas y Administración adjudicó un contrato por 31 millones 968 mil pesos a una empresa de la que era socio el coordinador estatal de Conectividad del Estado de Colima para la prestación del servicio de bases de datos civiles para las entidades federativas de México. Así también, otro de los socios durante 2014 había formado parte de la nómina de la burocracia en el puesto de director A. La SFA contrató servicios de desarrollo web por un monto de cinco millones 200 mil 888 pesos mediante el proceso de Invitación a Tres Personas. Sin embargo, en primera instancia sobrepasó el límite permitido para este procedimiento, que es un máximo de 684 mil 687 pesos. Además, la consultora detectó que ninguno de los giros comerciales de esa empresa cumple con el objeto de “Desarrollo web”, y el representante legal de la compañía, quien firmó el contrato, en 2014 era agente ministerial B de la Procuraduría General de Justicia. Incluso, al firmar el contrato se encontraba activo en la nómina bajo el puesto de auxiliar técnico. Entre los resultados de la revisión financiera, la consultora detectó también que hasta productos de abarrotes fueron adquiridos por el gobierno estatal a precios inflados en relación con las cotizaciones del mercado. Por ejemplo, en el contrato SFA/46-2014/DGAA/DCN firmado por 571 mil 652 pesos, a la lata de atún se le asignó un precio unitario de 15 pesos, mientras que según cotizaciones en el mercado estaba en 11 pesos. Otros: el kilogramo de huevo estaba a 30 pesos cuando su costo oscilaba en 22 pesos; el paquete de tortillas de harina en 15, cuando su precio era de 12; el pastel de zanahoria en 625, cuando su costo en el mercado es de 315. En total, se determinó un sobreprecio de 25 mil 610 pesos. A través del proceso de Invitación a Tres Personas, expediente ITP-006-148-14, la Secretaría de Finanzas y Administración adquirió llantas para la Secretaría de Seguridad Pública por 264 mil 599 pesos, con un sobreprecio detectado de 79 mil 344 pesos, según una cotización realizada por la empresa revisora vía telefónica con el mismo proveedor que, según el expediente, tampoco cuenta con evidencia de capacidad financiera para afrontar la obligación contractual. De acuerdo con el SFA/54-2014/DGAA/DCN, la Secretaría de Seguridad Pública adquirió uniformes oficiales y chalecos balísticos para la Policía Estatal Preventiva por un monto de tres millones 169 mil 492 pesos, pero después de la revisión, PWC determinó la “posible falta de autenticidad o existencia del proveedor”. Entre otras observaciones, indicó: “El proveedor tiene un giro comercial diferente al objeto señalado en el contrato, ya que se dedica a la construcción de obras para telecomunicaciones”. Además, “en el expediente de adjudicación no se cuenta con algún documento que verifique la actividad del proveedor adjudicado”. Para el desarrollo de sistemas informáticos, el Instituto de Registro del Territorio adjudicó un contrato por ocho millones 359 mil 491 pesos a una empresa cuyo domicilio no fue localizado y según la consultora PWC “no se tiene certeza de que el proveedor esté formalmente constituido y en operación”. Asimismo, mediante una inspección física el 10 de mayo de 2016 se verificó la implementación del sistema y “se detectó que no está siendo utilizado de manera óptima, (pues) su función principal es llevar un control diario de todas las actividades de los notarios públicos, (pero) se observó que sólo tres (de los 25) notarios públicos estaban registrados”. En condiciones similares, el Instituto de Registro del Territorio suscribió otro contrato, por 1 millón 651 mil 350 pesos, para suministro y puesta en marcha de equipo tecnológico, con una empresa cuyo domicilio tampoco fue localizado, no hubo evidencia de capacidad financiera para cumplir el contrato y se sobrepasó el límite económico para el proceso de Invitación a Tres Personas. Por otra parte, en el rubro de obras públicas, PWC detectó un posible riesgo de conflicto de interés en la adjudicación de un contrato por nueve millones 126 mil 778 pesos a una empresa cuyo administrador único es hijo del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Cruz Mendoza. El gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez pagó un millón 690 mil pesos a la empresa PWC para que realizara la revisión financiera de la administración estatal desde 2014, un día antes del inicio de su gobierno. Hace unos días la documentación con las observaciones fue entregada a la Contraloría General del Estado y al Organismo Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) para el procedimiento legal que corresponda. La autoridad divulgó una versión pública, sin la identidad de empresas ni los nombres de personajes, del “Libro Blanco”.