CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional (AI) reiteró su preocupación por la respuesta “militarizada” a los conflictos sociales en México, en particular a las protestas magisteriales en Oaxaca, donde la actuación de la Gendarmería dejó un saldo de nueve personas fallecidas y decenas de heridos. Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, insistió en su llamado a investigar los hechos de violencia ocurridos el 19 de junio en Nochixtlán, que “lamentablemente es otro ejemplo de la respuesta tan ineficaz y negligente del propio Estado para atender situaciones de carácter social”. En conferencia de prensa, para presentar el informe de “Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, Guevara Rosas lamentó el abuso del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. La defensora consideró preocupante que “nuevamente un caso de conflictividad social, es atendido por el Estado de manera militarizada, es realmente grave que el Estado sigue utilizando sus fuerzas de seguridad armadas para el control de las protestas pacíficas y las manifestaciones sociales frente a las políticas del Estado”. Entrega a PGR informe sobre tortura sexual Sobre el informe presentado por Amnistía Internacional, que reúne cien testimonios de mujeres detenidas por fuerzas de seguridad, todas agredidas y 72 de ellas víctimas de tortura sexual durante la detención, Guevara Rosas consideró que “son un reflejo de una realidad que en general viven las mujeres, y el poco valor y el control hacia sus cuerpos tanto por parte del Estado como por particulares, amparados por la impunidad se dan en todas las partes del país”. La defensora contó que en la víspera, hizo entrega del documento a la procuradora General de la República, Arely Gómez, y al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quienes “hicieron referencia a los grandes esfuerzos del Estado, incluida la creación en la PGR de una Unidad Especializada para la Investigación de la Tortura, pero como la propia procuradora dijo, es de reciente creación sólo tiene algunos meses y espera que pronto pueda haber los resultados”. Apuntó que está pendiente la confirmación de un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien la encargada del informe, Madeleine Penman, señaló como el responsable de evitar que la organización recabara más testimonios. Al confesar que Amnistía Internacional es consciente de que informes como el ahora presentado no han sido bienvenidos por representantes del Estado mexicano, Guevara Rosas recordó que el discurso recurrente de los funcionarios es que los casos documentados están relacionados con “algunas manzanas podridas, que son casos excepcionales los cuales el Estado ya está atendiendo”. Sin embargo, agregó, “es un discurso que sistemáticamente ha sido repetido por muchos años y que no se ha traducido en la realidad de la vida de las persona en este país, que hoy día sigue sufriendo de graves violaciones a los derecho humanos, y México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio y lamentablemente la negligente negación del Estado contribuye a la profundización de esta crisis”. La principal recomendación de Amnistía para el Estado mexicano es, dijo: “reconocer esta crisis tan violenta que cruza al país en su conjunto y que de no atenderse solo podrá profundizarse más aún, continuar perpetuando condiciones de normalización de estas graves violaciones a derechos humanos”. En cuanto la tortura sexual documentada por Amnistía Internacional, cometida por agentes de la Policía Federal, policías estatales y municipales, así como por integrantes del Ejército y la Marina, Guevara Rosas apuntó que estos hechos “no pueden ser descontextualizados de la violencia contra las mujeres que existe en México, uno de los países en el hemisferio lamentablemente conocidos por sus altos índices de feminicidios pero también de violencia generalizada a nivel doméstico, comunitario y por la violencia ejercida por el propio Estado en contra de las mujeres desde el ejercicio pleno de su derechos sexuales y reproductivos”. De acuerdo con la investigación realizada por el equipo encabezado por Madeleine Penman, de las cien mujeres consultadas en cárceles de máxima seguridad, 72 relataron haber sufrido abusos sexuales durante su arresto o en horas posteriores, y 33 que habían sido violadas. Madeleine Penman señaló que en cárceles federales hay cerca de tres mil 700 mujeres encarceladas, que por los relatos recabados, hay una alta probabilidad de que mucho más de las cien mujeres que aceptaron hablar con Amnistía hayan sido víctimas de violencia sexual durante sus arrestos. La investigadora de Amnistía lamentó que dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) se negaran a hablar con los investigadores de la organización. De igual manera, resaltó que entre las limitaciones que tuvieron fue “la falta de cooperación del secretario de Gobernación en este estudio, porque si no fuera por lo obstáculos derivados de esta instancia hubiéramos podido hablar con muchas más mujeres”.