SALTILLO, Coah. (apro).- Presuntos policías de Sonora “levantaron” a cinco campesinos del ejido El Bajío de Caborca para amenazarlos y advertirles que “pararan” sus demandas contra Rafael Pavlovich Durazo y Minera Permont, o de lo contrario, amenazaron, “el desierto es muy amplio para enterrarlos”. Los ejidatarios fueron levantados la noche del domingo pasado en una patrulla de la Policía estatal del gobierno de Sonora al mando de quien dijo ser "El Comandante Ayala", denunció a Apro en entrevista telefónica Jesús Thomas, abogado del ejido El Bajío. Los cinco ejidatarios fueron liberados hasta el lunes a 90 kilómetros de Puerto Peñasco no sin antes amenazarlos con que si no le paraban “el desierto era muy amplio para enterrarlos”. Al soltarlos les dijeron que no habría una advertencia más sino que esa sería la última. Las amenazas ocurren después de que el ejido el Bajío ganó una demanda en los Tribunales Agrarios que declaran que Rafael Pavlovich Durazo, tío de la actual gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, “no fue autorizado por ese Tribunal para ocupar tierras ejidales”. Además lo acusan de apoderarse de bienes ajenos en perjuicio de los campesinos. Los terrenos del ejido El Bajío fueron invadidos ilegalmente por la Minera Penmont, socia de la mexicana Minera Herradura propiedad de Alberto Bailleres. Durante cerca de 17 años la minera estuvo sacando oro ilegalmente de los terrenos del ejido. Ante el usufructo ilegal de sus terrenos, los campesinos mantuvieron un largo litigio que derivó en 67 sentencias a favor del ejido El Bajío, mismas que ordenaban a la minera restituir los terrenos, pagar daños y perjuicios en favor de los ejidatarios y la devolución del oro extraído ilegalmente. En el expediente 536/2013 del Tribunal Agrario de noviembre de 2014 se obliga a Minera Penmont a pagar sólo por la devolución del oro más de 334 millones de dólares. Tío de Pavlovich, saqueador Para el 14 de marzo de 2016 el Magistrado del Tribunal Agrario, Benjamín Arellano Navarro, incluyó indebidamente a Rafael Pavlovich Durazo con derecho de posesión jurídica de mil 824 hectáreas de las tierras del ejido El Bajío, sin ser éste sujeto ni ejidatario, ni ser parte de los juicios que el núcleo agrario mantiene contra la minera Penmont. “Como consecuencia de ese acto ilícito, se derivó el despojo y la orden para encarcelar a cinco ejidatarios, quien siguen aún presos”, precisó Jesús Thomas. A raíz de ello, el ejido el Bajío presentó una denuncia penal y una queja en Contraloría Interna de los Tribunales Agrarios contra ese magistrado. “Como consecuencia, el mismo magistrado reculó y el pasado 10 de junio emitió un acuerdo donde rectifica y declara que Rafael Pavlovich Durazo no fue autorizado por ese Tribunal para ocupar tierras, y lo acusa de “apoderarse de bienes ajenos en perjuicio de los ejidatarios”, agregó el abogado. También le ordenó que de manera inmediata desocupe dichas tierras. Pero no se envió a la fuerza pública para desalojarlo y como consecuencia el tío de la gobernadora aún se mantiene saqueando y beneficiándose ilegalmente de las tierras ricas en mineral de oro, denunciaron los ejidatarios. “Lo raro es que, para retractarse, el magistrado culpó al actuario de ser él quien puso al invasor en posesión y no él, como siempre el hilo se rompe por lo más delgado”, enfatizó Thomas. “Afortunadamente este magistrado fue retirado del Tribunal Agrario 28 y esperamos que el nuevo se apegue estrictamente a derecho y actúe en consecuencia”, abundó. Al no haber ordenado el magistrado el desalojo con uso de la fuerza pública, el ejido el Bajío solicitó por escrito y en persona el apoyo de la 45 Zona Militar, ya que hay gente armada en sus tierras. A los militares se les anexaron fotografías de la gente armada y ellos se comprometieron a acompañar a los ejidatarios para el desalojo y protegerlos. El desalojo estaba programado para el domingo 26 de junio. Obviamente ni Ejército ni policía estatal acudieron, por lo que 26 ejidatarios, sus esposas e hijos acudieron pacíficamente a desalojar a los despojantes los cuales no permitieron el acceso, al manifestar que Pavlovich Durazo los había contratado para impedir el acceso. Se les entregó copia del acuerdo del Tribunal Agrario y pidieron cinco minutos para responder, ya que se comunicarían con Rafael Pavlovich para enterarlo. La respuesta fue que Pavlovich Durazo no autorizaba la entrada pero ofrecía que una comisión de ejidatarios viajara a Hermosillo, a la oficina de Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno, para que negociaran con él. La respuesta de los ejidatarios fue que jamás negociarían con delincuentes, fueran parientes de la gobernadora o funcionarios. --fin de texto--