En Guerrero se esfuman fondos contra la violencia

CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- El pasado 11 de marzo la agencia de noticias Apro dio a conocer que, a finales de noviembre anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo.

Esos casi 20 millones provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinado a las entidades federativas.

La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras irregularidades.

Según el informe, las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal.

La ASF concluyó que el mal manejo de los recursos federales provocó “el incumplimiento de las metas” del combate a la delincuencia en Guerrero, y emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

El análisis fue remitido a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, mediante el oficio A1/332/2015, fechado el 27 de noviembre de 2015, para investigar y sancionar a los responsables de esa administración irregular. Se desconoce el estado de la investigación ordenada por la ASF, pero el gobernador Astudillo ha dicho públicamente que las auditorías a sus antecesores no son prioritarias para él.

En la revisión de las partidas “Materiales de seguridad” y “Equipo de defensa y seguridad”, la ASF constató que el gobierno de Guerrero le pagó 11 millones 689 mil 300 pesos a la Sedena por “armas, municiones y cargadores”, mediante dos entregas: una por 1 millón 868 mil 400 pesos y otra por 9 millones 820 mil 900.

Según la ASF, el estado recibió menos de la tercera parte del armamento y las autoridades estatales “no cuentan con documentación comprobatoria” del gasto de 8 millones 911 mil pesos, lo que “impacta de manera negativa en el equipamiento del personal de seguridad pública”.

El pasado 2 de mayo Apro dio a conocer que, en respuesta a solicitudes de información, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal clasificó como “reservado” dicho contrato con el Ejército “en virtud de que la documentación requerida compromete la seguridad pública”, mediante un oficio fechado el 29 de abril y firmado por la titular de la Unidad de Transparencia de la SSP, Azalia Hernández García.

El 27 de mayo el titular de la Unidad de Transparencia de la Sedena, el general brigadier Francisco Toscano Camacho, contradijo a la dependencia estatal al informar a Proceso que “no se había localizado contrato alguno” suscrito entre la Dirección General de Industria Militar y el gobierno de Guerrero.

Espionaje y uniformes

El 22 de abril Apro informó que el 4 de junio de 2014 el gobierno de Aguirre Rivero compró a la empresa Neolinx de México un equipo de espionaje que utiliza la FGE.

A través del sistema de transparencia, Proceso obtuvo el contrato de compraventa. La transacción fue realizada por Víctor Hughes Alcocer, quien fue subsecretario de Administración de Aguirre Rivero y ahora enfrenta en libertad un proceso penal por desvío de recursos públicos con otros seis miembros de su familia.

A decir de la ASF, Hughes destinó de manera irregular 17.5 millones de pesos del FASP para beneficiar a Neolinx, que también provee de equipo y software de comunicaciones a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que dirige Tomás Zerón de Lucio en la PGR.

En julio pasado, este semanario dio a conocer que Neolinx, propiedad de Gilberto Enríquez, le comunicó a la empresa italiana Hacking Team –especializada en software para hackear computadoras y teléfonos– el proyecto del gobierno federal de establecer una red nacional de intervención de comunicaciones a través de la AIC.

En cuanto a la fuerza policiaca, tan sólo el 28 de diciembre de 2015, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores entregó 265 contratos por un total superior a 96 millones de pesos que beneficiaron a nueve empresas, cinco asociaciones civiles y seis personas físicas, a fin de que aplicaran programas de prevención social de la violencia y delincuencia en la entidad.

Aunque esta información se encuentra en la relación de “Contratos y pedidos realizados” de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) del estado, el gobierno de Astudillo no ofrece datos para verificar que los beneficiados cumplieron los compromisos.

La empresa que acaparó más contratos en la actual administración es Rest Sun, domiciliada en Acapulco. Recibió 62 encargos que suman 22 millones 250 mil pesos y debió aplicar programas de atención psicosocial a niños víctimas de maltrato y abuso.

La administración de Astudillo también favoreció a Gerson Telix Calderón, también con domicilio en Acapulco, quien recibió 34 contratos por un total de 14 millones 12 mil 386 pesos por brindar atención psicológica y legal a agresores y sus familias.

A la asociación civil Red Solidaria Década Contra la Impunidad, de la Ciudad de México, se le otorgaron dos contratos por 600 mil pesos en total para realizar “actividades formativas de nuevas masculinidades y femineidades”.

El particular José Fernando González Ortiz consiguió 26 contratos por 11 millones de pesos para otorgar servicios culturales a jóvenes y capacitar en diversos oficios a expresidiarios.

A su vez, la compañía Shoot BTL se quedó con 16 contratos por más de 7 millones de pesos para capacitar familias y entregar becas a niños en riesgo de deserción escolar en los municipios de Chilapa, Cocula, Iguala y Chilpancingo. En tanto que Geva Soluciones obtuvo 21 contratos por más de 6 millones para instaurar proyectos en Zihuatanejo, Chilapa, Coyuca de Benítez y Chilpancingo.

La asociación Caram Soluciones Estratégicas recibió más de 4 millones por 20 contratos para ofrecer atención a mujeres víctimas de la violencia en Chilapa, formar redes ciudadanas para prevenir la violencia y la delincuencia en Cocula y aplicar una campaña de prevención del suicidio en Chilpancingo y Chilapa.

En cuanto al equipamiento policiaco, el pasado 27 de mayo Apro dio a conocer que el gobierno de Guerrero gastó, entre septiembre y diciembre de 2015, más de 66 millones de pesos en uniformes y equipamiento de la Policía Preventiva Estatal (PPE).

No obstante, durante ese periodo y en lo que va de la administración de Astudillo, cada integrante de la corporación recibió sólo dos uniformes y un par de zapatos, en enero pasado.

Los efectivos de la PPE han realizado varias protestas para exigir beneficios laborales, uniformes de buena calidad y equipamiento básico. Varios policías afirmaron que en la administración de Ortega no recibieron nada.

Según la página de la Sefina, la principal beneficiada en el interinato de Ortega fue la empresa colombiana Miguel Caballero, con 60 millones 568 mil 688 pesos por 13 contratos. La sigue Battery Network, con nueve contratos por casi 3 millones de pesos, y Ala del Noroeste, con un contrato por 2 millones.

Por su parte, el gobierno de Astudillo otorgó el 22 de diciembre pasado un contrato de casi 1 millón de pesos a Claudia Montserrat López Matías.

La autoridad guerrerense tuvo que hacer públicos esos datos por la Ley de Transparencia, pero se negó a entregar las actas constitutivas de los proveedores y a explicar sus opacos procedimientos de adjudicación.

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