El gobierno quiere solucionar el actual conflicto en Oaxaca… pero no ha resuelto el que estalló hace una década. Los asesinatos, desapariciones, detenciones y tortura perpetrados contra el anterior movimiento social permanecen impunes. Las autoridades han despreciado las recomendaciones de organismos de derechos humanos e incluso han premiado a funcionarios involucrados en las iniquidades. Así, no sorprende que de 140 expedientes abiertos desde 2006, sólo dos hayan sido resueltos. OAXACA, Oax. (Proceso).- Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto social ocurrido en esta entidad entre 2006 y 2007 siguen sin castigo, dice Samuel Alfonso Castellanos Piñón, titular de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social (Feidtras), de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Y añade: no hubo justicia para las víctimas ni se establecieron mecanismos para evitar la repetición de asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, tortura y agresiones padecidos por los integrantes de los movimientos sociales. “A una década de impunidad se suman nuevos crímenes de estado, como los de Nochixtlán”, con saldo de nueve muertos y más de 50 lesionados. La Feidtras es una instancia creada en 2011 para indagar los crímenes contra defensores de derechos humanos, luchadores sociales y periodistas, tanto del conflicto social de 2006 como de los que se registraran en lo sucesivo, pero cuyo objetivo, a decir de su titular, “se diluyó por la falta de un compromiso político del titular del Ejecutivo” estatal. Hasta antes de los hechos de Nochixtlán y Hacienda Blanca, del pasado 19 de junio, la Feidtras acumulaba 140 expedientes abiertos, sólo dos resueltos, con un detenido sujeto a proceso y seis órdenes de aprehensión pendientes de ejecución. Aunque lo solicitó al fiscal general y a los fiscales regionales, Castellanos Piñón fue excluido de las investigaciones de los operativos en las mencionadas zonas, así como de los asesinatos, en Juchitán, de Elidio Ramos Zárate y Raúl Cano López, identificados por la FGEO como comunicadores. Lo anterior se suma a una larga lista de obstáculos con que se ha topado la Feidtras desde el inicio de sus actividad. En entrevista con Proceso, Castellanos hace un recuento de las trabas que ha encontrado. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) tardó cuatro años en entregarle 11 expedientes por igual número de homicidios cometidos en 2006. Lo que recibió eran averiguaciones sin avances, que se integraron con versiones y confesionales inverosímiles para incriminar a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el nombre que adoptó la suma de organizaciones sociales en el conflicto de hace una década. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2070, ya en circulación