CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cubierto por una densa nube de dudas, el enfrentamiento del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, entre las fuerzas de seguridad y la CNTE imprime un signo trágico al conflicto magisterial derivado de la reforma educativa. Al parecer, el saldo de nueve muertos y más de 100 heridos se debió a “un error táctico” de la Gendarmería (Proceso 2069). Sin embargo, aún no se aclara la posible participación de grupos de choque –ajenos o vinculados a la CNTE, o “halcones” contratados por el propio gobierno– que pudieron haber provocado la matanza. En cualquier caso, la violencia es totalmente ajena al derecho humano fundamental de más de 30 millones de alumnos a recibir una educación de calidad, e igualmente contraria al interés nacional. Hoy más que nunca, el futuro educativo del país está hundido en un mazacote de ambiciones políticas torcidas. No será fácil superar la competencia de necedades que ello implica. La tragedia de Nochixtlán obligó al gobierno a reanudar las negociaciones en la Secretaría de Gobernación con los representantes de la CNTE, suspendidas hace un año, cuyo reinicio había sido rechazado por el secretario de Educación, Aurelio Nuño. No obstante, hasta ahora (miércoles 29) dichas reuniones han sido estériles debido a la cerrazón de ambas partes, contraria al diálogo que supone la buena disposición de los interlocutores para llegar a un acuerdo. Los sonrientes líderes de la coordinadora sienten tener contra las cuerdas al secretario Miguel Ángel Osorio Chong y exigen derogar toda la reforma. Escasos de argumentos propositivos, los representantes de la CNTE saben que su poder radica en la capacidad para crear un caos vial en varias ciudades y carreteras de la República y, si hiciera falta, incendiar al país en una ola de violencia para provocar una respuesta represiva que el gobierno quisiera evitar a toda costa, sobre todo después del funesto fracaso del operativo en Nochixtlán. A ello se debe que la defensa de sus derechos y prebendas esté basada en la confrontación, casi siempre violenta. Por su parte, el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiere dar marcha atrás a una de las pocas reformas que podrían significar un motivo de orgullo para su malograda gestión. La estrategia para recuperar la necesaria rectoría del Estado en materia educativa incluyó la elaboración de una reforma constitucional enfocada a rediseñar la estructura laboral del magisterio, al tiempo de acotar el enorme y corrupto poderío del SNTE. Se encarceló a su líder vitalicia y se nombró a un sucesor previamente domesticando, se promulgaron las leyes de Educación, del Servicio Profesional Docente y del Instituto para la Evaluación de la Educación. La reforma educativa fue aprobada en el Congreso por amplia mayoría, pero sin haber sido previamente negociada con la disidencia magisterial. Ese es el origen de las protestas de la CNTE. A ello hay que agregar la cerrazón y altivez del secretario Nuño, quien montó una intensa campaña de comunicación, especialmente a través de la televisión, supuestamente para divulgar los logros de la reforma educativa, pero orientada a exhibir y estigmatizar a los maestros de la CNTE (cuyos métodos violentos lo facilitan) y, sobre todo, a promover su imagen y ambiciones presidenciales. Arrogante, adoptó una actitud desdeñosa y retadora frente a la disidencia magisterial –reveladora de su falta de visión política y de su vocación autoritaria–, que desembocó en los sangrientos hechos de Nochixtlán. Además de la injustificable violencia utilizada por la CNTE en sus reclamos –destrucción de oficinas, secuestro y quema de camiones para obstruir carreteras e incluso la humillación y rape de maestros a quienes consideran “traidores”–, así como de los descarados casos de abusos y corrupción de muchos de sus líderes, también existen argumentos que fundamentan su disidencia. Son esas ideas y propuestas las que tendrían que discutirse en la mesa de negociación, contrastándolas respetuosa y racionalmente con las del gobierno. ¿Será posible? Uno de los temas centrales a debatir es si la reforma educativa es o no punitiva. Manuel Gil Antón, especialista del Colegio de México, argumenta que, además de punitiva, la reforma concibe a los maestros como objetos, no como sujetos, colocándolos en una situación límite: someterse o perder el empleo. Adicionalmente, opina que los criterios rectores y las prácticas de evaluación son imperfectos y poco confiables. En contraste, la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema sostiene que la Ley General del Servicio Profesional Docente no transgrede los derechos de los maestros debido a que les otorga tres oportunidades de ser evaluados. En caso de no ser aprobados en la primera y la segunda, serán incorporados a programas de regularización con la tutoría correspondiente. Si el resultado de la tercera evaluación fuera insuficiente y el maestro contara con un nombramiento definitivo, no perderá su plaza y será readscrito a otras tareas. A quien tenga un nombramiento provisional y alcance un resultado satisfactorio en cualquiera de las tres evaluaciones se le otorgará la plaza definitiva; sólo si el resultado es insuficiente en la tercera evaluación será separado del servicio público. Así como es necesario acabar con el sindicalismo rapaz y corrupto inserto en el SNTE y la CNTE, es menester reconocer que, como lo apunta Gil Antón, “ni la violencia ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental”. Es imperativo que los líderes sindicales y autoridades gubernamentales, causantes de la tragedia de la educación, expliquen y debatan de cara a la ciudadanía, con apego a la ley, rigor ético y sensatez, a fin de encontrar la solución al desastre que ellos han provocado. Deben asumir la responsabilidad que a cada uno le corresponde: sus excesos y torpezas han originado la debacle educativa y han puesto en riesgo la paz social de la nación. La sociedad debe exigirles que así sea.