CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El diccionario de la Real Academia Española define el diálogo como “discusión o trato en busca de avenencia”, y según el filósofo político inglés Bernard Crick, “para que la discusión sea auténtica y provechosa en el debate debe considerarse el punto de vista opuesto”, lo cual implica no cancelar de antemano los temas polémicos, mucho menos cuando éste o éstos son la causa misma de la disputa.
Por ello cuando el secretario de Educación, Aurelio Nuño, manifiesta su disposición al diálogo, pero cancela la posibilidad de modificar el proyecto de la reforma educativa (como lo ha hecho el gobierno federal, incluso desde antes de aprobar y promulgar la reforma legislativa), en realidad acaba con el diálogo mismo y lo reduce a una simple charla, pues elimina toda posibilidad de tomar en cuenta el punto de vista de los maestros.
El mismo Crick, señala: “La política es la conciliación, la solución del problema del orden que prefiere la conciliación a la violencia o coerción como medio efectivo de que los distintos intereses encuentren el grado de compromiso que mejor sirva a su interés común por la supervivencia… la política entraña cierta tolerancia a verdades divergentes y el reconocimiento de que la gobernación no sólo es posible, sino que se ejerce mejor cuando los intereses rivales se disputan en un foro abierto”.
Por ello una de las principales herramientas de la política es el diálogo y éste requiere el reconocimiento de que hay intereses divergentes que deben dirimirse en un foro abierto, franco y sin vetos previos, pues éstos lo cancelan y, por ende, eliminan la posibilidad de lograr compromisos mutuos y aniquilan la política.
Lamentablemente la disputa en torno a la Reforma Educativa ya provocó la pérdida de vidas humanas y, de prevalecer la cerrazón, es probable que los ocho muertos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, no sean los únicos, pues como ya es evidente, las protestas magisteriales se han extendido a otras partes del territorio nacional e incluso en estados donde aparentemente no había ninguna disidencia, como Nuevo León, donde ya lograron convocar a varios miles de manifestantes.
Es evidente que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde el primer día de su mandato dejó claro que despreciaba la política como medio de solucionar los problemas y optaba por el uso de la violencia, sin importar los costos. En la capital de la República no han vacilado en recurrir al uso de la fuerza pública para reprimir las protestas sociales, como hicieron el mismo 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión. Pero la violencia ejercida en la ahora Ciudad de México no ha sido la peor, pues aunque ha sido recurrente y ha provocado detenidos y heridos, hasta el momento no ha causado pérdida de vidas humanas, lo que sí ha sucedido en otras entidades.
En abril de 2014 la organización de la sociedad civil internacional Greenpeace señalaba en un comunicado que en 16 meses del gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con un recuento del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se habían registrado cuatro ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos ambientales y comunitarios y 82 casos de agresiones, de los cuales en 37 los culpables identificados fueron autoridades de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano. Un recuento muy similar puede hacerse en el caso de los activistas de derechos humanos.
Pero también hay que recordar la represión que sufrieron en el Valle de San Quintín, Baja California, los jornaleros, en su mayoría indígenas, el 17 y el 28 de marzo de 2014, por haber cerrado las calles de la localidad para exigir mejores condiciones laborales.
Y peor todavía fue la masacre de Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015, cuando policías federales dispararon a mansalva contra integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural de Michoacán que realizaban un plantón en los portales del Palacio Municipal para protestar contra las decisiones del entonces comisionado para la Seguridad del estado, Alfredo Castillo; el saldo fue de al menos 16 muertos y decenas de heridos.
Desde luego también destacan las acciones policiacas contra los normalistas de Ayotzinapa en diversas ocasiones, además de la masacre de Iguala, cuyo saldo en pérdida de vidas es alto. Y los operativos contra los plantones de la CNTE en la Ciudad de México o de la CETEG en Guerrero.
Es un somero recuento de conflictos sociales o políticos (pues aunque el de Apatzingán se ocasionó por la presencia del crimen organizado en la región, la represión se ejerció contra la ciudadanía que se había organizado para defenderse) en los que el gobierno federal canceló la vía del diálogo y optó por el uso de la fuerza pública para intentar restaurar el orden.
En varios de los casos (el seguimiento al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y la oposición de la CNTE a la reforma educativa) el gobierno, fundamentalmente por conducto del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, manifiesta públicamente su disposición a dialogar, pero siempre bajo la premisa de que hay temas vedados y posiciones intransigentes, lo cual en realidad cancela el diálogo, aniquila la política y deja como únicas opciones la claudicación de los opositores o el uso de la fuerza pública para reprimir los movimientos.
Hasta hoy, como puede verse en el somero recuento, el saldo es negativo para todos: los opositores han sufrido la violencia gubernamental con la pérdida de vidas humanas y el encarcelamiento de varios líderes y manifestantes; el gobierno no ha logrado restaurar el orden y, todo lo contrario, se exacerba el encono social y las protestas se extienden y ganan nuevos simpatizantes; además, la ciudadanía padece las molestias que, inevitablemente, provoca cualquier movilización social.
