CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de la Unión se sometió hoy al sector empresarial y al presidente de la República al aprobar este miércoles ajustes a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con los que se excluye al ala patronal de la obligatoriedad de presentar sus declaraciones de intereses y patrimonial. Con 346 votos favor y 82 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en el pleno la minuta que un día antes envió el Senado de la República. Hace 20 días, empresarios aglutinados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestaron su repudio a la corrupción, y en especial su rechazo a la obligatoriedad impuesta por ambas cámaras para que los empresarios que tienen contratos con el gobierno también hagan púbicas sus declaraciones. En forma inédita, a los pies del Ángel de la Independencia el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo: "Nos parece que particularmente esta ocurrencia de madrugada que se tuvo de tratar de trasladar a la sociedad a los empleados, a los colaboradores, a quienes participan en la iniciativa privada para que cumplan con obligaciones que son propios de los funcionarios públicos, es un despropósito. Si se insiste en este punto, lo más seguro es que el sistema completo se pueda colapsar. Parecería que el propósito sería levantar una cortina de humo, tratar de camuflarse entre millones de declaraciones para que aquellas que verdaderamente nos importan, que son las de los funcionarios, quedaran ocultas", acentuó Gustavo de Hoyos. Veinte días bastaron para que Enrique Peña Nieto recibiera a los empresarios y prácticamente ordenara al Legislativo a recular. Primero lo hizo el Senado, que excluyó a los patrones de dicha obligación, y este miércoles, con el aplastante voto de PRI, PAN, PVEM y Panal, se modificaron nueve artículos de la ley. La minuta se aprobó por la mañana en comisiones y enseguida se pasó al pleno en el recinto legislativo de San Lázaro. Los artículos que se modificaron fueron 3, fracción VIII, 4 fracción III, 27 tercer párrafo, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81. El artículo 32, que en su primera versión aprobada por el Poder Legislativo establecía la obligación de los empresarios que tienen contratos con el gobierno (ya fuera como personas físicas o morales), a presentar sus declaraciones de intereses y patrimonial, se modificó dejando sólo a los servidores públicos como entes obligados a presentarlas. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro Vázquez, recordó que se eliminó lo que en la primera versión sí se incluía. Dijo que con las modificaciones del Ejecutivo a los artículos 3 y 4 se omite a la persona física o moral como sujeto obligado a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Luego hizo una relatoría de los que se modificó: “En el 27 se elimina la obligación de los particulares de inscribir sus datos públicos en el Sistema de Evaluación Patrimonial, de Declaración de Intereses y de Constancias de Presentación de la Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Nacional. “En el 30 se elimina a los particulares de la posibilidad de que las secretarías y los órganos internos de control realicen una verificación aleatoria de las declaraciones mencionadas; en el 32 se señala la obligación exclusiva de los servidores públicos a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Mientras que en el 33 se eliminan los plazos para la presentación de la declaración inicial de modificación patrimonial para los particulares “En el artículo 37 se excluye a los particulares que en razón de los recursos recibidos o contratados celebrados por un ente público, de que las secretarías y los órganos de control soliciten la aclaración de su situación patrimonial; el 46 señala a los servidores públicos como los únicos obligados a presentar declaración de intereses y patrimonial. Se excluye en el artículo 73 como falta de particulares en situación especial, la omisión de presentar declaraciones patrimonial y de intereses. Mientras, del artículo 81 se elimina la posibilidad de imponer sanciones a una persona moral”. “Aire revanchista” En los posicionamientos, Movimiento Ciudadano, Morena y PRD reclamaron los cambios; el primero fue el coordinador de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, quien recriminó: “El gobierno y su partido se equivocaron. Su revancha contra el sector empresarial dejó en ridículo al Poder Legislativo, y pretende agotar la discusión sobre la Ley 3de3”. Enseguida aclaró que aunque su fracción parlamentaria respalda las correcciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, también señala que las disposiciones de su artículo 32 eran excesivas, inoperantes y absurdas, además de inconstitucionales, pues sólo respondían a un “aire revanchista” en contra del sector empresarial. Por Morena, la diputada Araceli Damián Gonzales, aseguró que el veto enviado por el Ejecutivo antepone los intereses particulares al del bien común, con el argumento de que lo aprobado con anterioridad atenta contra los derechos de los particulares, no obstante que, subrayó, nada de lo establecido restringe las garantías individuales. Además sostuvo que lo grandes empresarios con contratos con el gobierno y que, en algunos casos, financian campañas, deben tener la obligación de presentar su 3de3. Propuso crear una Comisión de la Verdad que investigue a expresidentes por casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. El diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD, lamentó que “el Ejecutivo federal haya perdido la oportunidad histórica de generar las condiciones de un sistema robusto, de un sistema nacional que no fuera protector ni de defensa de la impunidad”. Incluso aclaró que no está en contra de los empresarios, del desarrollo, del impulso de la economía y de la inversión, sino del contubernio, de la lucha de intereses de grupos tan importantes como Banca Monex, Grupo Higa y OHL. Ortega Álvarez enfatizó que su grupo parlamentario votaría en contra de esta propuesta, “porque de manera clara demuestra que el Ejecutivo quiere un Estado de corrupción y un Estado de opacidad”. Antes, la representante de Encuentro Social, Melissa Torres Sandoval, aplaudió los cambios presentados por Peña Nieto: “La rectificación es parte de la naturaleza humana. Implica corregir y perfeccionar, lo que hace posible construir un mejor gobierno”. Y añadió que ahora “no tendrá que presentar sus declaraciones la población inscrita en programas sociales ni los estudiantes becados, entre otros, lo cual, de lo contrario, no constituiría un mecanismo efectivo en el combate a la corrupción”. Por Nueva Alianza, el diputado Mariano Lara Salazar consideró que con la promulgación de las leyes que regulan dicho sistema no culmina el combate a las malas prácticas de los servidores públicos, sino que los legisladores deben estar atentos a la aplicación del nuevo marco legislativo, a fin de que se cumpla con las expectativas de los mexicanos. La diputada del PVEM, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, explicó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas incluye un capítulo referente a la integridad de las personas morales, en donde obliga a los empresarios manifestar cuando haya un conflicto de intereses en los negocios que formen con el gobierno y se establecen las sanciones por faltas que pudieran cometerse. Además sugirió que las sanciones administrativas sean vinculatorias con acciones penales, debido a que antes se aprobaron reformas al Código Penal Federal en las que se crearon tipos específicos, no sólo para servidores públicos, sino también para los particulares por delitos como el tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y “la práctica del moche”. El PAN celebró los cambios en voz de Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, quien dijo que aunque tardíamente se corrigió el artículo 32 y sus correlativos, y anunció su voto a favor al estimar que es adecuada la decisión del Ejecutivo, aunque incompleta sobre el contenido de la Ley de Responsabilidades Administrativas, ya que “se quedó corto al no escuchar a los más de 634 mil ciudadanos que exigen mayor transparencia para los servidores públicos presentando las declaraciones 3 de 3”. Por el PRI, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores resaltó que las observaciones del Ejecutivo se refieren exclusivamente a las normas que regulan la obligación de los particulares, personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y de interés, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y las sanciones correspondientes. Luego aclaró que la forma en que fueron aprobados los artículos observados por el Ejecutivo pondría en riesgo la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y resultaría contraria a los derechos humanos al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales. No obstante, enfatizó que la eliminación de algunos incisos no disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado. Durante la discusión la diputada de Morena, Ernestina Godoy Ramos, anunció su voto en contra del dictamen al estimar que no se corrigieron los errores, las insuficiencias y las limitaciones contenidas en el conjunto de leyes anticorrupción aprobadas por el Congreso de la Unión. “México pierde la oportunidad de contar con instrumentos jurídicos eficaces y reales para combatir la corrupción”, deploró. La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, de Encuentro Social, expresó que los artículos a discusión son contrarios a los derechos humanos previstos en la Constitución, perturban la vida privada y la protección de los datos personales de todos los mexicanos y de quienes realizan transacciones contractuales con el gobierno, y no abona en su fortalecimiento al Sistema Nacional Anticorrupción. “Actuemos a favor de todos y no de intereses propios; a trabajar en conjunto para erradicar las malas prácticas. Sumémonos en la práctica a un mejor gobierno, démosle brillo a nuestras instituciones”, planteó. Jorge Álvarez Máynez, legislador de MC, indicó que las modificaciones tienen congruencia con lo realizado para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Llamó a promover un bloque legislativo para iniciar una acción de inconstitucionalidad y otorgar a los ciudadanos un instrumento de combate a la corrupción y rendición de cuentas. La diputada María Candelaria Ochoa Avalos, también de MC, solicitó firmar la acción de inconstitucionalidad con la finalidad de dignificar la política. “Estamos seguros de que las observaciones al artículo 32 van ayudar, pero no cantemos victoria ante un tema de corrupción que puede seguir estando presente, tenemos que atajarlo. Requerimos que todos los funcionarios públicos tengamos voluntad política para establecer esta modificación”. El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, mencionó que su voto sería en contra, porque no está incluida la obligación de publicitar las declaraciones patrimoniales y de intereses de servidores públicos, que es una de las principales demandas de la ciudadanía. “La sociedad ya no requiere discursos, sino hechos”, sentenció. Por su parte, el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del PVEM, resaltó que nadie puede estar a favor de la corrupción, se tiene que hacer una ley simple y fácil de cumplir que “no se llene de burocratismo” en el que nadie pueda hacer nada. “Estamos hartos de exgobernadores, funcionarios ricos y de empresarios de ocasión que se hacen de un momento a otro millonarios”, denunció. La diputada Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, indicó que su voto sería en sentido negativo, pues se deja fuera del Sistema Nacional de Anticorrupción a estos grupos que se enriquecen a costa de los recursos públicos; por el contrario, dijo, “exigimos cumplan con transparentar sus exorbitantes ingresos y se dé seguimiento al patrimonio de los servidores públicos”. De Acción Nacional, el diputado José Hernán Cortés Berumen dijo que se advirtió que había inconsistencias, que estaban sembrando posibles situaciones que dejaban en indefensión todo el Sistema Nacional de Anticorrupción, por lo que estaba a favor de estas reformas. “Nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco bajo el manto de la impunidad”. El diputado perredista Francisco Xavier Nava Palacios anunció su voto en contra del dictamen, ya que su objetivo y misión es respetar la voluntad ciudadana y fortalecer la vida democrática del país, y “esto sólo se logra combatiendo la corrupción y desterrando la impunidad, no tapando los errores con vetos que vetan la transparencia y generan tratos de excepción, eso es un nuevo error”. Por último, la diputada priista Yulma Rocha Aguilar aseguró que los particulares, los empresarios y toda la ciudadanía están dispuestos a ser parte de la solución del grave problema de la corrupción. Anunció su voto a favor y estimó que con esto se da un paso contundente e histórico para combatir la corrupción en nuestro país. Previamente, el pleno rechazó una moción suspensiva presentada por el diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, quien acusó que esta nueva modificación a la Ley 3de3 es muestra de que “no existe seriedad en el estudio de las leyes y el trabajo legislativo” del Congreso de la Unión.