Paz en Colombia, cocaína y cárteles mexicanos

Cargamento de cocaína con destino a México, interceptado en Colombia. Foto: AP / Fernando Vergara Cargamento de cocaína con destino a México, interceptado en Colombia. Foto: AP / Fernando Vergara

BOGOTÁ (apro).- La desmovilización de la guerrilla colombiana de las FARC, que deberá comenzar en unas semanas más, puede tener un efecto significativo sobre el negocio del narcotráfico a nivel regional y plantea un desafío para las organizaciones que dominan esa actividad criminal, en especial para los cárteles mexicanos de la droga.

Es un hecho que la salida de las FARC de los territorios donde se concentran la producción de hoja de coca y los laboratorios en los que se transforma esa planta en cocaína pura causará un desabasto en el mercado de esa droga.

Y no sólo porque las FARC dejarán de proteger las plantaciones de hoja de coca y los laboratorios, sino porque uno de los acuerdos de esa guerrilla con el gobierno de Colombia consiste en la aplicación de un ambicioso programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Con este plan, que en su arranque contará con un financiamiento de 400 millones de dólares, el gobierno y las FARC esperan que la mayoría de las 74 mil 500 familias involucradas en el cultivo de hoja de coca abandonen esa actividad y se reincorporen a la agricultura tradicional.

El Estado colombiano está comprometido, mediante los acuerdos de paz, a darles a esos campesinos asistencia técnica, créditos y, sobre todo, infraestructura social: escuelas, clínicas y carreteras.

Y a diferencia de otros acuerdos de paz –como el de Guatemala, que el Estado incumplió–, el que firmarán el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC tendrá rango constitucional y eso le dará un blindaje jurídico que facilitará su cumplimiento y ejecución.

Tan es así, que el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, estimó en una entrevista con Proceso que en un plazo de entre tres y cuatro años los cultivos de hoja de coca en Colombia caerán en un 90 por ciento con relación a las 96 mil hectáreas que existen en la actualidad.

“Eso es prácticamente desaparecer la coca. Los cultivos serían algo marginal”, afirmó Pardo.

Es claro que, de cumplirse esta expectativa, el mercado mundial de la cocaína –cuyo principal abastecedor es Colombia— sufrirá una modificación estructural.

“Los principales afectados van a ser las bandas criminales colombianas y los narcotraficantes mexicanos. Para ellos, menos coca será menos negocio. Por eso van a hacer todo lo posible por mantener el abastecimiento en sus actuales niveles”, dice a Apro una fuente de la  división antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia (PNC).

Indica que los cárteles mexicanos de la droga, principalmente “el de Sinaloa”, están apoyando financieramente y con abastecimiento de armas a sus socios colombianos para copar las zonas cocaleras que abandonarán las FARC cuando comience su proceso de desmovilización, previsiblemente antes de que concluya septiembre.

“El socio mayor del Cártel de Sinaloa en Colombia es ‘Otoniel’, pero hay otras pequeñas estructuras regionales con las que los mexicanos hacen negocios. Son los que los abastecen de cocaína. Ellos se están preocupando de que ese suministro de droga siga, que no caiga”, señala la fuente consultada.

El socio de El Chapo

Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, es el jefe de la banda criminal más grande de Colombia. A su grupo se le conoce como Los Urabeños, el Clan Úsuga o el Clan del Golfo. En realidad, es la mayor y más poderosa organización criminal colombiana, a pesar de los fuertes golpes que ha recibido en los dos últimos años.

“Otoniel” domina gran parte de la costa del pacífico colombiano, donde se encuentra la ruta principal de los embarques de cocaína con destino a Centroamérica, México y Estados Unidos. En el pasado, fue “el principal nexo” en Colombia del recapturado jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, según un informe de la PNC.

Pero “Otoniel” está en problemas. No sólo porque es el principal objetivo de la policía colombiana y un cuerpo elite de la corporación tiene varios meses tras él.

También, porque se trata de un capo proveniente de los grupos paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron la década pasada y porque, según investigaciones judiciales, sus estructuras armadas siguen haciendo trabajos sucios para terratenientes y caciques regionales interesados en deshacerse de líderes sociales comprometidos con la paz y con la reforma agraria que se viene como parte de los acuerdos con las FARC.

Y como uno de los pactos con esta guerrilla establece que el Estado deberá atacar a los grupos neoparamilitares que amenazan la paz, el cerco sobre “Otoniel” y su organización se hará más estrecho. Incluso, las FARC contribuirán con el gobierno en el combate a este capo. No con las armas, porque este grupo insurgente las dejará, pero sí con información sobre sus rutas y movimientos.

A ninguno de los jefes de la policía colombiana le cabe duda de que uno de los mayores desafíos de la paz –el acuerdo final con las FARC se  firmará en agosto o septiembre— será el de evitar que los territorios que dejará esa guerrilla sean ocupados por bandas como la de “Otoniel” o los “baby carteles” que proliferan en todo el país y que han creado fuertes vínculos operativos y de negocios con narcotraficantes mexicanos.

Los escenarios que manejan los organismos de seguridad de Colombia incluyen que los cárteles mexicanos de la droga puedan financiar las eventuales guerras por el control de zonas que abandonen las FARC y que incentiven, a través de sus socios locales, los sembradíos de hoja de coca para garantizar el abasto de cocaína.

En los dos últimos años, ha habido un repunte en la producción de esa droga por al aumento de cultivos ilícitos en Colombia.  Las hectáreas sembradas con hoja de coca pasaron de 48,189 en 2013 a 96 mil el año pasado, lo que significa un alza del 99 por ciento.

Y la producción potencial de cocaína pura pasó de 442 toneladas a 646 toneladas, el mayor nivel de los últimos nueve años.

Esto se explica por la apreciación del dólar frente a las monedas latinoamericanas, lo que valoriza los productos de exportación, como esa droga; por la suspensión de aspersiones aéreas con glifosato, un herbicida que puede causar cáncer, y porque familias campesinas se incorporaron a la siembra de coca en espera de ser beneficiadas por el programa de sustitución de cultivos.

Este programa se comenzó a aplicar a nivel piloto el domingo 10 de julio en el noroccidental municipio de Briseño. Las FARC, que financiaron la guerra con la coca, están participando de la mano del gobierno en ese plan de erradicación y desarrollo alternativo.

La policía de Colombia está segura que los cárteles mexicanos de la droga, que durante años han sido los principales beneficiarios económicos de la cadena regional del narcotráfico, no se van a quedar con los brazos cruzados ante la potencial caída del abastecimiento de su producto principal y de su mayor fuente de ingresos.

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