CANCÚN, Q. Roo (apro).- El gobernador priista Roberto Borge se deslindó de la acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR en su contra y del Congreso estatal ante la SCJN por considerar que parte del llamado “paquete de impunidad”, aprobado por la Legislatura local representa la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Borge sostuvo que “como titular del Poder Ejecutivo del estado no ha promovido la creación de ningún sistema anticorrupción”. Y subrayó: “Es importante tener claro que el acto señalado es muy específico, que el recurso de inconstitucionalidad presentado por la PGR se encamina a atender temas muy concretos”. Del 21 de junio al 6 de julio el Congreso local celebró, en sendos hoteles all inclusive de Cancún y Puerto Morelos, un periodo extraordinario de sesiones para aprobar el llamado “paquete de impunidad”. Entre otros temas, fueron aprobados políticos afines a Borge y al exgobernador Félix González Canto al frente de la nueva Fiscalía General y la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) y, de igual modo, fueron elegidos tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia. También fue creado el Tribunal de Justicia Administrativa y fueron electos tres magistrados para este nuevo órgano jurisdiccional. Además, fueron aprobadas 31 cuentas públicas y la reestructuración y la contratación de nueva deuda por mil 30 millones del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), y se eligió al Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia. En la acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR contra el gobernador y el Congreso estatal, de acuerdo con Salvador Sandoval Silva, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la dependencia, combaten específicamente al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. Según el anuncio, la PGR en primer lugar está en contra de facultar al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas. También el Ejecutivo federal se opone a la facultad del gobernador para nombrar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado. En su respuesta, Borge ofreció que su gobierno “trabajará muy coordinado con la PGR”, a efecto de que “a través de una extensa revisión, dado el caso, se realicen las correcciones que haya que hacer”. También aseguró que Quintana Roo es un “estado de leyes”, por lo que acatará “responsablemente” lo que resuelva el “máximo tribunal constitucional” del país. La respuesta de Borge fue a través de un comunicado de prensa. Desde la derrota del PRI en las elecciones de gobernador, Borge sólo ha tenido una aparición pública y no ha ofrecido rueda de prensa alguna. Apoya Carlos Joaquín acción de PGR El gobernador electo Carlos Joaquín manifestó su respaldo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR contra los acuerdos del “paquete de impunidad”. “Los proyectos de iniciativas y normas presentadas por el gobernador Roberto Borge Angulo para ‘blindar’ sus actos de corrupción e impunidad al término de su gestión son violatorios del estado de derecho”, subrayó, también a través de un comunicado. La ciudadanía, señaló, ha manifestado su rechazo a la impunidad y nula transparencia en las acciones de gobierno en el estado.