“Complacencia” de autoridades en la matanza de Allende y Piedras Negras: Guadiana

El Cereso de Piedras Negras, Coahuila. Foto: Especial El Cereso de Piedras Negras, Coahuila. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Armando Guadiana Tijerina, quien demandó al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad, aseguró que en la masacre de más de 300 personas en Allende y en el Penal de Piedras Negras, ocurrida en marzo de 2011, hubo un “encubrimiento” de las autoridades.

“No queremos que quede impune” ese hecho, señaló el aspirante independiente a la gubernatura.

Sostuvo que en marzo de 2011 murieron más de 300 personas en Coahuila y no se tuvo la misma reacción que con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. “¿Qué quiere decir? Que hay un encubrimiento”, subrayó el empresario en entrevista con Radio Fórmula.

Señaló que el Penal de Piedras Negras está a cargo del gobierno del estado, y al parecer, dijo, “hay funcionarios que fueron complacientes para la realización de esto (la masacre) “, pues a la cárcel sólo deben ingresar personas con una orden expedida por un juez.

De acuerdo con el empresario coahuilense, él y su apoderado legal, Reyes Flores Hurtado, optaron por ir a la Corte Internacional de Loa Haya porque ni el estado de Coahuila ni la Federación han actuado para esclarecer el tema.

“La gente que está detenida, está detenida en el extranjero”, y sólo se trata de los “ejecutores”, pero de “la función pública están implicados algunos, o bien fueron realmente complacientes con los trabajos del Penal de Piedras Negras”, apuntó.

En el documento entregado ante el fiscal la Corte Penal de la Haya, el pasado miércoles 13, Guadiana expone “la falta de acciones por parte del gobierno coahuilense para evitar los daños ocasionados a la población del municipio de Allende, Coahuila”.

Asimismo, señala “las detenciones ilegales, desaparición forzada, tortura y homicidios cometidos a plena luz del día; esto aunado a que parte de las víctimas, según lo han reconocido las autoridades, fueron ingresadas ilegalmente al penal de Piedras Negras, donde fueron torturados y asesinados”.

Explica, que “en la masacre de Allende perdieron la vida mujeres, ancianos y jóvenes, y no se ha dicho cuántos niños murieron en este hecho tan lamentable, que marcó la vida de los coahuilenses. No se puede dejar pasar por alto que las autoridades se quieran lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado quien actuó solo en perjuicio de las víctimas”.

Añade: “Es relevante destacar que en el penal de Piedras Negras, donde coahuilenses fueron privados ilegalmente de su libertad, torturados y asesinados, es de control y operación estatal; es imposible pensar que un civil sin autorización judicial fuera ingresado a dicho centro penitenciario”.

Este lunes Guadiana Tijerina también habló del exgobernador Humberto Moreira –ya líder del PRI cuando sucedieron los hechos–, y dijo que durante su administración éste realizó “un saqueo preparado de varios millones de pesos” a través de la empresa Leman Trade, propiedad “del mismo propietario principal de Ficrea, el señor (Rafael) Olvera, que está prófugo en Estados Unidos”.

“O es un fraude, o es la preparación de lavado de dinero, que es la acusación que interpusimos en la Procuraduría General de la República”, señaló sobre la compra mediante la figura de arrendamiento financiero de aeronaves y vehículos.

Al respecto, el abogado Reyes Flores sostuvo que se detectó que “estos bienes no existen”, así como que los aviones no habían pisado suelo nacional” y se pagó 675 millones de pesos por ellos, “con una compañía privada que no está regulada por el Sistema Financiero Nacional (…) Hay un origen ilícito del recurso, porque lo hacen a través de una prohibición legal”.

En este caso, explicó el abogado, la Corte Internacional podría sancionar u obligar al gobierno a sancionar, ya que son delitos competencia de la Corte. “Lo que no queremos es que quede impune esto”, acotó.

Según Guadiana, las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira son “una monarquía familiar de 12 años”, y manifestó su confianza de que “en junio del año entrante se termine la pesadilla para los ciudadanos y vendrá la alternancia”.

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