CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el debate sobre la construcción de una sociedad democrática más justa persiste desde hace tiempo una inquietud: ¿cómo frenar la discriminación en función del sexo y lograr la igualdad de mujeres y hombres? En la medida en que el conocimiento ha avanzado, las prohibiciones a que las mujeres entraran a la universidad, votaran y gobernaran han sido ya ampliamente descartadas. Sin embargo, aunque se han ido desmontando algunas prácticas discriminatorias, persiste la desigualdad sociopolítica entre los sexos (que en realidad es la desigualdad de las mujeres en relación con los hombres). La especie humana está dividida más o menos a mitades, 50/50, en mujeres y hombres; por lo tanto los espacios de representación política y de toma de decisiones también deberían estar repartidos 50/50. Sería ideal que mujeres y hombres trataran en conjunto todos los asuntos que afectan a la sociedad, pero hoy todavía los varones ocupan más posiciones de poder. En todo el mundo ellas están infrarrepresentadas en las cúpulas dirigentes de las instituciones, tanto de las políticas y gubernamentales, como de las financieras y empresariales, por no hablar de las religiosas. ¿Cómo, entonces, transformar dicha situación? La subrepresentación femenina en los espacios del poder no se debe a la falta de preparación de las mujeres ni a la inexistencia de mujeres capaces de dirigir, así como tampoco la sobrerrepresentación de los varones en las posiciones de poder se debe a una “maldad” deliberada de ellos. La distinta sexuación humana, junto con la originaria división sexual del trabajo, gestaron un orden social patriarcal que produjo el monopolio masculino en un conjunto de actividades, y el monopolio femenino en otras. En el siglo XXI es necesaria una repartición más igualitaria, con sus derechos y obligaciones concomitantes. Y para transformar el arreglo social vigente y las instituciones desde donde se engendra la desigualdad, toca incluir a más mujeres en los puestos de decisión y a más hombres en las labores domésticas. Esa es, precisamente, la aspiración de la paridad. Paridad es el término con el que se nombra la participación numéricamente equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos relevantes de la toma de decisiones. La paridad se comprende principalmente en relación con el ejercicio del poder, específicamente la representación política. Con la paridad se pretende desencadenar una transformación en el sistema de gobierno y el orden normativo para un cambio de sentido en la toma de decisiones. Con la paridad se anhela que al introducir una perspectiva igualitaria, las mujeres lleven sus preocupaciones, sus necesidades y sus deseos al diseño de las políticas públicas y sus presupuestos. Esto no sólo cambiaría los criterios de definición de dichas políticas y presupuestos, sino que la sobrerrepresentación masculina sería considerada un privilegio injusto. El planteamiento de la paridad consiste en algo muy sencillo y complejo a la vez: conseguir un reflejo más correcto de la composición humana en la sociedad, en todos los ámbitos donde se toman decisiones que afectan a dicha sociedad, para lograr otro reparto del poder. Pero asumir la paridad en la política implica dos exigencias más: la paridad educativa y la paridad doméstica. La educativa implica educación en la igualdad, con aprendizaje de la coeducación e igualdad de oportunidades educativas. Por eso, para realmente alcanzar paridad política es necesaria una educación distinta, porque si en las aulas no se educa en la igualdad, se persistirá en reproducir la desigualdad. Y también es imprescindible un desplazamiento masculino al ámbito doméstico para alcanzar una verdadera repartición de las labores domésticas y de cuidado y crianza. Por eso, para transformar el arreglo social vigente y las instituciones desde donde se engendra la desigualdad, toca incluir más a los varones en las tareas hoy consideradas “femeninas”. La conjunción de la paridad política, la paridad doméstica y la paridad educativa es la palanca para construir un orden social más igualitario: una verdadera democracia paritaria. En México el artículo 41 constitucional, relativo a las obligaciones de los partidos políticos, plantea en el inciso I que se deberá garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Está bien, pero no es suficiente. El principio de paridad parece haber guiado mágicamente el armado de la nueva Asamblea que deberá tener 100 constituyentes. De éstos, 60 fueron elegidos en la reciente votación del 5 de junio, 30 mujeres y 30 hombres. ¡Qué impresión! ¿Será coincidencia o es acaso el resultado de tener listas de candidatos paritarias? Necesito a una persona experta que me explique ese resultado paritario. Por otra parte, los 40 restantes serán designados por los partidos políticos, el Senado y la Cámara de Diputados, y también seis por Peña Nieto y seis por Mancera. Para continuar con la actual distribución paritaria sería necesario que también ellos hicieran nombramientos paritarios. Eso, además de posible, me parece que sería justo, pues sería un respaldo al principio democrático de paridad. Y como esos nombramientos sólo necesitan voluntad política, habrá que ver quién la tiene.