El fiscal que litiga contra Televisa

El nuevo fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez. Foto: Caracol El nuevo fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez. Foto: Caracol

BOGOTÁ (apro).- El nuevo fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quien asumirá el cargo este viernes, es un abogado exitoso y polémico que ha hecho de sus habilidades para transitar entre el sector público y el privado un próspero negocio.

Ha sido ministro del Interior, de Justicia y de la Presidencia, y es propietario de uno de los más grandes bufetes jurídicos del país, en sociedad con la multinacional del derecho DLA Piper.

Entre sus clientes, desde luego, están los mayores grupos económicos colombianos.

Precisamente uno de ellos, el de la familia Ardila Lülle, mantiene una disputa con la televisora mexicana Televisa por el control de la empresa editorial Caras & Poder (C&P), que publica en Colombia la revista Caras.

Y como representante de los intereses del Grupo Ardila Lülle, el despacho de Néstor Humberto Martínez (DLA Piper Martínez Neira) presentó una demanda mercantil contra Editorial Televisa Colombia en la que exige a la filial de la empresa mexicana el pago de una presunta deuda y la cesión del control de la revista Caras en este país.

Adicionalmente, el Grupo Ardila Lülle presentó una demanda penal contra los funcionarios de Televisa en Colombia, Porfirio Sánchez Galindo, Hugo Ríos y Beatriz Pizano.

Esa denuncia está en manos de la Fiscalía General de la Nación, una institución judicial equivalente a la Procuraduría General de la República (PGR) de México y la cual será dirigida por Néstor Humberto Martínez a partir de este viernes.

Aunque no fue Martínez, sino el respetado abogado penalista Jaime Lombana quien demandó ante la Fiscalía a los funcionarios de Televisa en Colombia, es innegable que en este y varios casos más el nuevo fiscal general estará frente a un conflicto de intereses y que sus estrechos vínculos con los grandes grupos económicos del país serán una sombra permanente sobre su gestión.

Como abogado corporativo que ha sido del Grupo Ardila Lülle, ¿cómo esperar que la Fiscalía a su cargo actúe de manera imparcial frente a casos penales en los que ese grupo empresarial es una de las partes?

Incluso aunque se desvincule formalmente de su despacho jurídico, este quedará en manos de su hijo, el también abogado Camilo Martínez Beltrán.

El nuevo fiscal, desde luego, ha negado cualquier conflicto de intereses. Lo mismo hizo el año pasado en México la actual procuradora general Arely Gómez, cuando fue nombrada en ese cargo por el presidente Enrique Peña Nieto y ratificada por el Senado.

Ella dijo que el conflicto de intereses que se le atribuye por ser hermana del vicepresidente de Noticieros de Televisa, Leopoldo Gómez, “es imaginario”.

A diferencia de lo que ocurre en México, el conflicto de intereses de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de Colombia le jugaría en contra a Televisa.

Martínez ha dicho de Televisa que pretende aplicar en este país “la justicia por propia mano, como si aquí fuera tierra de nada, pero esa compañía tiene que saber que su presencia en Colombia debe ajustarse a la ley”.

Esto ocurrió luego de que funcionarios de Televisa allanaron con guardias armados las oficinas de Caras & Poder (C&P), una empresa editorial cuyo control disputan con el consorcio colombiano de las comunicaciones RCN, del Grupo Ardila Lülle.

Néstor Humberto Martínez demandó a Televisa en el ámbito mercantil y el litigo aún es llevado por su despacho. La abogada a cargo del caso, Juliana Nándar, dice que la compañía mexicana adeuda más de 400 mil dólares al Grupo Ardila Lülle, producto de su sociedad en la revista Caras.

En la parte penal, el abogado Jaime Lombana acusó a Porfirio Sánchez Galindo y a dos ejecutivos más de Televisa de allanamiento de un lugar de trabajo, violación de correspondencia privada y presunto fraude. Esta es la demanda que está en manos de la Fiscalía General colombiana.

Intereses en juego

La dimensión que ha alcanzado la disputa entre Televisa y el Grupo Ardila Lülle por el control de la revista Caras ha llamado la atención en medios empresariales porque los dos consorcios han sido socios desde hace muchos años.

La televisora RCN, de la familia Ardila Lülle, es la que transmite en Colombia las telenovelas y programas de Televisa.

Pero más allá del pleito entre los dos consorcios de las comunicaciones, el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general ha sido polémico y muy criticado en círculos políticos y académicos.

El senador del izquierdista Polo Democrático Jorge Enrique Robledo afirmó que ningún país del mundo permitiría que el socio de una de las mayores transnacionales de abogados (DLA Piper) y quien venía de ocupar altos cargos en el gobierno, fuera elegido como fiscal general de la Nación.

Robledo señaló que Martínez es el principal cabildero (o lobbysta) del poder en Colombia gracias a su paso por el sector público y a sus relaciones con los hombres más ricos del país.

El nuevo fiscal ha sido el abogado corporativo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el empresario más acaudalado de Colombia; de los grupos Santodomingo, Colpatria y Davivienda, y de empresas como la petrolera Pacific Rubiales y las mineras Carbones del Cerrejón y Goldman Sachs.

Ha capitalizado su experiencia como ministro en su actividad privada. Es, por ejemplo, abogado de los azucareros del país –entre ellos los Ardila Lülle— en un litigio por una multa de unos 106 millones de dólares que les impuso el Estado por ponerse de acuerdo para fijar a su antojo los precios del azúcar.

De acuerdo con el profesor de la Universidad Externado y doctor en derecho Jorge Iván Cuervo, en el sector público Martínez ha podido acceder a información privilegiada y a contactos sociales que después le facilitaron su labor como abogado particular.

“Él va y viene de gobierno en gobierno, sin lealtades políticas, dejando complicidades aquí,
conflictos de intereses allá y debilitando la frontera entre lo público y lo privado”, señaló.

Hasta junio del año pasado, se desempeñó como ministro de la Presidencia del presidente Juan Manuel Santos. Renunció al cargo luego de que la representante (diputada) Angélica Lozano denunció que estaba impulsado en el Congreso una ley de “equilibrio de poderes”, de acuerdo con los intereses de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un intento por garantizar su futuro nombramiento como fiscal general.

En Colombia, los magistrados de ese tribunal son los que eligen al fiscal general de entre una terna presentada por el presidente.

Santos incluyó a Martínez en esa terna como parte de su alianza política con el vicepresidente Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radial, al cual pertenece el nuevo fiscal.

Esa sola inclusión provocó, en abril pasado, la renuncia de una de las funcionarias más cercanas a Santos, María Lorena Gutiérrez, quien era ministra de la Presidencia.

Los otros dos abogados incluidos en la terna, el exministro de Justicia Yesid Reyes y la asesora jurídica de los negociadores del gobierno en el proceso de paz con las FARC Mónica Cifuentes, eran los favoritos de los juristas más respetados del país. Ambos son penalistas, a diferencia de Martínez, que es especialista en derecho financiero y arbitramiento comercial.

Pero en Colombia, igual que en México y en la mayor parte de América Latina, los conflictos de intereses no son impedimento para acceder a cargos públicos. Quienes incurren en esa conducta suelen argumentar que actúan en el marco de la ley.

Y sí, en la mayoría de los casos, su actuación no es ilegal, aunque sí ilegítima.

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