CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Un grupo de 15 abogados presentó una demanda civil ante la justicia federal, contra las empresas autorizadas para bursatilizar los seis mil millones de pesos aprobados por el Congreso del estado la semana pasada al encontrar 20 irregularidades en la creación de dichas empresas y el decreto aprobado por los legisladores. El abogado Saúl Martínez Natera dio a conocer que decidieron investigar la situación de dicha bursatilización, por la falta de transparencia del gobierno actual en cuanto a la deuda pública que ha incrementado considerablemente y porque les pareció extraño que a 68 días de que inicie la siguiente administración gubernamental, pidan por adelantado los seis mil millones de pesos, de los que tres mil millones serán destinados a pagar a proveedores. El Congreso del estado aprobó bursatilizar los recursos a través de dos empresas paraestatales, llamadas Fibras Estatal SA de CV e Inversiones Carreteras Chihuahuenses, SA de CV y no por licitaciones para proveedores oficiales que pueden realizar los servicios que requiera el gobierno estatal. Martínez Natera cuestionó por qué el gobierno estatal solicitó dinero para pagar proveedores, cuando se supone que una vez que licitan obras o servicios, deben emitir un oficio de solvencia presupuestaria como requisito, y ahora argumentan que requieren la deuda para pagar a los proveedores. Esa situación y la entrada del nuevo gobierno generaron que la calificadora de riesgo financiero Moody's, le haya otorgado al estado de Chihuahua, una calificación reprobatoria. “Si el estado en este momento adquiere el compromiso de pagar interés o servicio financiero, las condiciones van a ser poco favorables porque serán más caras", asentó Martínez Natera. Las irregularidades El Congreso del estado avaló la constitución de las dos empresas mencionadas, de acuerdo con el decreto 1139 y según la escritura 13-770 del Registro Público de la Propiedad, fueron constituidas el 25 de noviembre de 2015. En el caso de la empresa Fibra Estatal de Chihuahua SA de CV, el 51% de las acciones son del Gobierno del estado y el presidente del consejo administrativo es Jaime Herrar Corral y el otro porcentaje es de la empresa Inversiones Carreteras Chihuahuenses, la mitad de las acciones corresponden al gobierno del estado y el presidente también es Herrera Corral, mientras que el otro 50% corresponde a Sergio Martínez Garza, director de Pensiones Civiles del Estado. Otro funcionario que interviene en la creación de ambas es quien era el director de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Abelardo Armendáriz Martínez, quien fue candidato a la diputación del Distrito 1 de Nuevo Casas Grandes, en el proceso electoral pasado. El objeto social con el que fueron creadas las empresas, entre otros, es que pueden constituir las necesidades primordiales que establezca el Plan Estatal de Desarrollo y las necesidades primordiales del gobernador del estado, César Duarte Jáquez. Sin embargo, en el Plan Estatal de Desarrollo no se contemplan esas necesidades primordiales y Duarte omitió decir cuáles eran esas necesidades en la escritura constitutiva, explicó Martínez Natera. "En un comparativo con el decreto emitido por el Congreso y la escritura constitutiva, las facultades de las empresas son diferentes, en el decreto se amplían de manera absurda las facultades, como otorgar concesiones o contratos públicos o privados, la prestación de servicios hasta por siete años, incluso para que pasen por vías férreas", añadió. Esas empresas podrán concesionar vías férreas, sin auditoría del Congreso, “incluso las concesiones se pueden dar hasta por siete años para cualquier servicio que no hay necesidad, porque eso lo hace la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con contratos de prestación de obras a través de licitaciones, entre otros, pero no por constitución de sociedades". El Congreso tampoco autorizó el proceso de revisión del objeto de las empresas, porque éste no es el mismo que contempla la constitución de ambas con lo que autorizaron los diputados. El abogado indicó que hay un error también en la constitución de capital, ya que el de Fibra Estatal es de 50 mil pesos, mientras que en el Congreso indican que es de 100 mil. El secretario de Hacienda “Jaime Herrera no tenía la facultad para constituir una sociedad mercantil porque ésta sólo se le da a los gobernadores y éste no emitió un acuerdo delegatorio, por lo que deben establecer en qué constituyó Jaime Herrera la empresa”, añadió el abogado. En el decreto del Congreso, insiste, no dan facultades a Herrera, a Abelardo Armendáriz ni a Sergio Martínez Garza, para la creación de las empresas y sólo este último comparece como director de Pensiones, un organismo descentralizado del gobierno del estado, por lo que su nombramiento está regulado a la luz de entidades paraestatales, depende de una junta directiva. El gobierno estatal tuvo que haber dado un acuerdo, en que autorizaran la constitución de ambas empresas, por lo que ahora los errores ya no pueden ser salvados, tiene vicios en el otorgamiento de la escritura y en el objeto. “Encontramos por lo menos 20 vicios, con uno que logremos acreditar, se declararían inexistentes las sociedades”, agregó. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Segundo de Distrito y el juez federal notificó este miércoles a los funcionarios de dichas demandas. El Poder Legislativo aprobó por mayoría, los seis mil millones de pesos que se sumaron a los más de 46 mil millones de deuda (directa, bursatilizada, Cupón Cero, entre otros), que ya tenía el gobierno estatal.