Denuncian en Chimalhuacán despojo de 450 hectáreas para el NAICM

Vista aérea de la zona donde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Hugo Cruz Vista aérea de la zona donde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Hugo Cruz

TOLUCA, Edomex. (apro).- Propietarios del predio “Los Tlateles” o “Los Moños” de Chimalhuacán denunciaron el despojo de 450 hectáreas por parte del gobierno federal para las obras complementarias al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

Juan Loreto González, representante legal de los 206 propietarios, y Tomás Cruz, dirigente de la Coalición de Organizaciones Urbanas y Campesinas (CODUC) Chimalhuacán, recordaron que en 2014 el presidente Enrique Peña anunció la construcción del NAICM en terrenos del gobierno federal.

A mediados de ese año, explicaron, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezados por Irma Lorena Roa López, jefa de Departamento de Control y Validación Documental, y Mario Vázquez, acudieron a la zona.

Primero de manera encubierta y después abiertamente, ofrecieron a los dueños “gratificaciones por cuidar los terrenos del gobierno”, mediante un convenio de “no ocupar o desocupar”, que hicieron firmar a cada uno por el pago de entre 10 y 65 pesos por metro cuadrado, bajo la condición de aceptar que no son los propietarios.

Al firmar los convenios, los funcionarios solicitaron a los propietarios documentos originales de contratos de compraventa, inmatriculaciones, escrituras públicas, títulos primordiales de 1895, traslados de dominio, recibos de impuesto predial, contratos privados, etc. En caso de oponerse, amenazaron con el desalojo a manos de la Policía y el Ejército.

Por estas razones, los afectados promovieron la averiguación previa PGR/025/2015 por los delitos de despojo, abuso de autoridad y los que resulten, en contra de los servidores públicos señalados.

Además, se encuentran en trámite, en diferentes etapas, 20 amparos: siete en el juzgado V, cinco en el VI, tres en el IX y cinco más en el XII, y se han resuelto dos apelaciones que otorgaron la razón a las promoventes.

A la fecha, detallaron, se han realizado 15 inspecciones judiciales en la zona afectada y las autoridades reconocen la correcta identificación de las propiedades por parte de sus dueños.

De forma paralela, se promovieron 17 demandas de nulidad de los convenios “para no ocupar o desocupar”, pero avanzan lentamente, en virtud de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el gobierno federal no han respondido varias solicitudes de información, consistentes en las copias certificadas de los convenios para no ocupar o desocupar y de los documentos originales que prueban la propiedad, confiscados indebidamente por Roa López.

Desde el 6 de enero de 2015 se presentaron 180 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero aún no hay resolución. “Tampoco han contestado a la petición de medidas cautelares, en la que solicitamos la suspensión de la obra”, acusaron.

Por ello, insistieron: “Demandamos del gobierno federal el reconocimiento de la propiedad de sus legítimos dueños o el pago e indemnización correspondiente”.

Y es que, aseguraron que los peritajes de la PGR como tercero en discordia acreditan que sus tierras valen entre 754 y 850 pesos por metro cuadrado.

Loreto González aclaró que no fue emitido ningún decreto expropiatorio sobre sus terrenos; sino que las autoridades estatales resolvieron sólo la enajenación de bienes con el objetivo de no indemnizar.

No obstante, advirtió que el gobierno estatal no puede, desde el punto de vista legal, enajenar los bienes que no son de su propiedad.

Los inconformes aprovecharon para denunciar el incumplimiento de la empresa OHL de dos convenios –uno del 28 de noviembre de 2007 y otro del 28 de abril de 2011– para construir cuatro puentes peatonales como indemnización por la construcción de la autopista hasta el NAICM.

La constructora ni siquiera ha depositado los 250 millones de pesos establecidos en el contrato para iniciar las obras, mientras que el gobierno mexiquense no ha iniciado los trámites del cambio de uso de suelo a uso comercial y habitacional.

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