Acusan a autoridades de Campeche de obstaculizar consulta contra soya transgénica

Soya transgénica. Foto: Greenpeace Soya transgénica. Foto: Greenpeace

CAMPECHE, Camp. (apro).- Comunidades y organizaciones apícolas del estado acusaron a las autoridades de obstaculizar la consulta indígena contra la siembra de soya transgénica que ordenó el Poder Judicial.

En un oficio dirigido al Juzgado Segundo de Distrito, los inconformes demandaron velar por el cumplimiento de la sentencia derivada de los juicios de amparo 753/2012 y 762/2012 y las resoluciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Tiene que establecer las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la consulta, vigilar que ésta se efectúe adecuadamente y, en su caso, establecer las medidas y sanciones legales pertinentes”, exigieron.

Asimismo, expusieron las irregularidades en que han incurrido las autoridades involucradas en el asunto durante el proceso de consulta, con la finalidad de obstaculizarla, y eso “constituye un incumplimiento a la sentencia”, apunta el documento.

Detalla que en las sesiones del 30 de junio y 1 de julio en los municipios de Tenabo y Hopelchén, las autoridades “quebraron los principios de buena fe y libertad” al permitir la entrada a más de un centenar de agricultores (menonitas) no indígenas, que son quienes estaban sembrando la soya transgénica en el estado.

“Lo anterior, además de generar presión para las comunidades, implica un riesgo de confrontación y una perversión del mismo proceso de consulta, tal como en su momento documentó la misión de observación conformada para dar seguimiento al proceso de consulta de las comunidades mayas”, advierte.

Los afectados también reprobaron la “falta de imparcialidad de las autoridades encargadas de realizar la consulta, de manera específica la Cibiogem (Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados), que en distintas comunidades ha proporcionado información incompleta y sesgada sobre los beneficios de la siembra de soya transgénica”.

Esa actitud pareciera más una acción de propaganda y no una verdadera labor en donde la información que se proporcione sea vasta y suficiente para entender también las consecuencias de la siembra de soya transgénica, requisito indispensable para que los pueblos puedan tomar decisiones libres e informadas sobre la materia de la consulta, apuntaron.

De igual manera, se inconformaron por “la ilegalidad” del proceso efectuado en la comunidad de Vicente Guerrero (Iturbide), donde la Cibiogem ha realizado reuniones informativas y deliberativas exprés sin la presencia de las autoridades tradicionales ni de la mayoría de la población.

Señalaron que diversos agricultores han admitido la supuesta siembra de soya transgénica, pese a que no está permitida “en virtud de la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, hecho que implica no sólo el incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal del país, sino también la comisión de un delito”.

Finalmente, exigieron al juzgado cumplir con su obligación “inmediata” de iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia, requerir información a las autoridades encargadas de realizar la consulta y aplicar las sanciones correspondientes para las autoridades responsables encargadas tanto de verificar que no se siembre la soya transgénica, como de efectuar el proceso de consulta en los términos señalados por la SCJN.

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