CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Oficinas de la ONU y organizaciones sociales exigieron la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para “suspender el inminente proceso de reforma al cuarto constitucional en Veracruz, que promueve “garantizar el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte”. Las organizaciones hicieron el llamado luego de enviar a Osorio Chong una carta en la que advirtieron de los riesgos en que se encuentran niñas, pues el año pasado 487 pequeñas de entre 10 y 14 años se les negó su derecho a interrumpir su embarazo, a pesar de ser producto de una violación sexual, en tanto que 66 mujeres fueron encarceladas por abortar. En conferencia de prensa, Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUDH), reprobó la iniciativa de reforma impulsada por el gobernador priista Javier Duarte y aprobada por el Congreso local el jueves 28 de julio. En nombre de las oficinas de Derechos Humanos, Mujeres y del Fondo de Población (UNFPA) de la ONU, Cárdenas calificó como “regresiva” la reforma, contraria al artículo primero constitucional y a preceptos internacionales de derechos humanos, entre ellos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. La funcionaria de la ONU recordó que “el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW), en sus observaciones finales en relación con México, consideró preocupante que las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de sus salud y derechos sexuales y reproductivos”. Al señalar que en este mes CEDAW hará una revisión de los avances de las recomendaciones planteadas a México desde 2012, Cárdenas agregó que el Comité de Derechos del Niño, así como en el Examen Periódico Universal (EPU), en 2015 y 2014, “también se hicieron recomendaciones específicas para que tanto las niñas como las mujeres tengan garantías de salud, sobre todo en casos de violación, incesto o riesgo de vida para la futura madre, sin que ello implique la intervención de jueces”, ante la preocupación de los organismos ONU del incremento de embarazos en menores de edad en México, gran parte de ellas presumiblemente originados en violencia sexual. Cárdenas también llamó a presidentes municipales de Veracruz a “analizar la reforma constitucional desde la perspectiva de derechos humanos para evitar su consolidación”. Al señalar que Veracruz es una de las entidades que registra mayor violencia contra las mujeres, y en donde de 2010 a 2015 se registraron 10 mil 925 casos de violación, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio (OCNF), recordó que el 5 de abril organizaciones solicitaron la Alerta de Género por Agravio Comparado en Veracruz, ante “el grave contexto de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas”. La defensora señaló que la situación es grave, tomando en cuenta que cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) documentan que 520 mil menores sufren abusos sexuales cada año, en tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (NS)  registra al año 16 mil denuncias por violación sexual, que representan 10% de las que se comenten aproximadamente. Luz Estrada destacó que la aprobación en el Congreso de la iniciativa de Duarte de Ochoa ocurrió días antes de conocerse los resultados de la investigación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado de atender la solicitud de las organizaciones que han denunciado “la negación del acceso a servicios especializados de salud, particularmente la interrupción legal del embarazo (ILE), por las causales establecidas en la legislación penal del estado; la existencia de un marco penal que discrimina y criminaliza a mujeres y niñas, y la reforma constitucional al artículo cuarto que contribuye a la estigmatización y criminalización de las mujeres y niñas que quieren acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como provocar un efecto que obstaculiza la prestación de servicios de salud para la ILE”. La defensora resaltó que en la investigación realizada durante los últimos dos años por las organizaciones que solicitan la Alerta en Veracruz demostraron que los servidores públicos del sector salud y de la procuración de justicia “niegan el derecho a las mujeres y a las niñas del ILE a pesar de la existencia de denuncias de violación, o de que la vida de las mujeres esté en peligro, siendo las más afectadas las mujeres y niñas más pobres del estado”. Peor aún, agregó, la investigación realizada por las organizaciones demostró también que en Veracruz “hay desabasto de anticonceptivos, es decir, si una mujer quiere prevenir un embarazo no puede hacerlo, debido a que el sector salud no tiene los métodos preventivos, y si aborta, se le criminaliza e incluso se le envía al psiquiátrico”. Sarai Vázquez Aragón y Surinam García, defensoras de Veracruz, destacaron que de 2013 a 2015 al menos 66 mujeres han sido sometidas a procesos penales por abortar, en tanto que sólo 171 tuvieron acceso a una interrupción segura del embarazo en 2014, gracias al Fondo María, que les permitió su traslado a la Ciudad de México. Ambas defensoras denunciaron que diversas activistas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han recibido amenazas anónimas y a través de redes sociales, casos que aseguraron ya son del conocimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob.