COLIMA, Col. (apro).- El Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) se anotó un triunfo jurídico luego de que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) distrito 38 declaró la validez legal de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales integrada por Taurino Rincón Lorenzo, Lucio Santos Olivares y Gregorio Fuentes Guzmán, así como de los miembros del Consejo de Vigilancia. Surgido a finales de 2013 como movimiento opositor a un proyecto de explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso, el CIDTZ consiguió destituir en febrero de 2014 a la mesa directiva encabezada por Carlos Guzmán Teodoro —señalado en su momento de estar coludido con la empresa que pretendía extraer los minerales— y con la mayoría de la asamblea de su parte declaró a Zacualpan como territorio libre de minería y logró la elección de directivos afines al movimiento contra el proyecto minero. Sin embargo, en los meses posteriores se generó un conflicto derivado de que el balneario turístico Ojo de Agua —fuente de ingresos para la comunidad, administrado por la directiva de Bienes Comunales—, fue bloqueado por seguidores de Carlos Guzmán que según el CIDTZ eran apoyados por el gobierno estatal y la entonces delegada de la Procuraduría Agraria (PA), María Elena Díaz Rivera. Pero eso no fue todo, los aliados de Guzmán Teodoro promovieron el 11 octubre de 2015 una nueva elección para destituir a la mesa directiva encabezada por Taurino Rincón, con el respaldo de la funcionaria federal, quien convocó y encabezó la asamblea, cuya acta fue validada por la PA. A través de su representante legal, Benjamín Luna Alatorre, la mesa directiva removida interpuso un juicio agrario ante el TUA 38, del que casi diez meses después el magistrado Luis Eduardo Zuart Vallejo declaró la “nulidad relativa” del acta de la asamblea del 11 de octubre de 2015 “por falta de forma establecida por la ley”, y determinó mantener en sus puestos a Rincón Lorenzo y el resto de los integrantes de la directiva comunal y el Consejo de Vigilancia. En su resolución del juicio 434/15, el magistrado evidenció que la asamblea no reunió el quórum legal requerido, además de que la delegada de la Procuraduría Agraria “no cuidó el nombramiento del presidente de debates de la asamblea, del secretario de actas y escrutador, ya que si bien es cierto cuestionó a los presentes si por usos y costumbres nombraban mesa de debates (…), no se aprecia quiénes fueron los nombrados, ya que no intervinieron en la referida asamblea que fue presidida de principio a fin por la citada funcionaria, y que tampoco se les tomó protesta”. Tras ser notificados de la resolución, los integrantes de la mesa directiva validada acudieron a la Secretaría General de Gobierno para exigir al titular de la dependencia garantías para el ejercicio de sus funciones en la comunidad, pues el grupo identificado con Carlos Guzmán mantiene bloqueado el acceso al balneario. Taurino Rincón demandó que el gobierno estatal tome las medidas necesarias para que la directiva comunal tome la administración del centro turístico. La Red Mexicana de Afectados por la Minería felicitó a la Comunidad Indígena de Zacualpan por la resolución del TUA y señaló que el resultado del juicio “es un logro más que se viene a sumar a las victorias que esta comunidad ha tenido en la defensa de su territorio contra el proyecto minero de la Empresa Gabfer SA de CV de Rigoberto Verduzco Rodríguez”. A través de un comunicado, la Red exigió al gobierno del estado, a la Procuraduría Agraria y al gobierno municipal de Comala que se respete la resolución del tribunal y se devuelva a Taurino Rincón la administración del balneario Ojo de Agua. Mientras tanto, María Elena Díaz Rivera fue destituida de su cargo como delegada de la PA desde el 15 de marzo pasado, luego de una serie de denuncias presentadas en su contra por el CIDTZ y más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la REMA y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), por “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara “para considerar su remoción y deslinde penal”. Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Vladimir Parra Barragán, emitió un pronunciamiento mediante el cual exigió que se haga cumplir de forma inmediata la resolución del TUA “para devolverle la soberanía, la democracia y la paz a esa comunidad indígena, que paren las agresiones y amenazas a sus pobladores y activistas, las calumnias y la generación de la única violencia que hemos visto en Zacualpan, la violencia institucional del Estado”. Indicó que en Colima existe un Estado policial fallido que reprime indígenas y a quienes luchan por sus derechos de manera pacífica. “Estamos viviendo el tránsito violento hacia una realidad cada vez más marcada por la desaparición del tejido social, de gobiernos ausentes que desde la élite ya no pueden dar soluciones a las problemáticas que nos aquejan. Los cambios entonces, debemos buscarlos desde las base, haciendo protagonista a la ciudadanía, teniendo como ejemplo la resistencia viva del pueblo de Zacualpan, pues el gobierno está más que podrido”, concluyó.