OAXACA, Oax. (apro).- La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos denunció que a nivel nacional, Oaxaca ocupa el primer lugar en ataques a activistas, con 648 casos en lo que va del gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Pero lo más grave es que las agresiones siguen en constante aumento y el gobierno estatal ha incumplido con las medidas de protección. Lo anterior fue expuesto en el marco de la visita que hicieron a la entidad representantes de la embajada de Finlandia en México. En la reunión con los diplomáticos, las defensoras de derechos humanos detallaron algunos de los ataques y agresiones que han sufrido como consecuencia de su labor. De acuerdo con el Registro de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos, en Oaxaca se registraron 48 ataques en 2012, 117 un año después, 172 en 2014 y 211 el año pasado. La tendencia a la alza se confirma en 2016, con más de 100 agresiones en el primer semestre del año. Las representantes de Iniciativa Mesoamericana alertaron que la ausencia de condiciones de seguridad y protección para realizar su labor, además del incumplimiento de las medidas de protección de las que son beneficiarias la mayoría de ellas, las dejan en una situación de vulnerabilidad. Acompañados por integrantes de las organizaciones Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), Consorcio Oaxaca y Brigadas Internacionales de Paz, los diplomáticos de Finlandia realizaron una visita al domicilio de la indígena Yolanda Pérez Cruz, originaria de San Isidro Aloapam, quien fue víctima de malos tratos por su labor en defensa de su esposo Pablo López Alavez, calificado como preso político. Los diplomáticos también se reunieron con otras defensoras en situación de riesgo, entre ellas Adriana Marcelina Linares Arroyo, coordinadora general de la Coordinadora Estatal de Madres, Padres de Familia y Tutores en Defensa de la Educación Laica y Gratuita; Rubí Jazmín Cortés Salazar, integrante de la Alianza Multicultural de Mujeres Originarias y Radicadas en Tlaxiaco, y presidenta del Comité de Defensa de la Educación Pública del Sector 01 Tlaxiaco, y Soledad del Rocío Ramos Mendoza, de la Coordinadora de Padres y Madres de Familia en la ciudad de Oaxaca. Las defensoras expusieron el seguimiento, vigilancia, hostigamiento y amenazas en contra suya y de sus familiares, a raíz de su labor de defensa del derecho a la educación. Consorcio Oaxaca, organización feminista, hizo énfasis en las diversas difamaciones, allanamientos, hostigamiento y persecución que han sufrido sus integrantes por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y de las defensoras, y expusieron que cada vez es más fuerte la violencia feminicida en el estado. Dolores Villalobos Cuamazti, integrante del CIPO-RFM, denunció el incumplimiento de medidas cautelares de las que es beneficiaria por el alto riesgo que enfrenta como consecuencia de su labor como defensora y como maestra. A su vez, Eva Lucero Rivero Ortiz destacó los diversos intentos de asesinato, amenazas y hostigamiento que ha padecido por su labor en defensa del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Pinotepa Nacional. También denunció las violaciones a derechos humanos en el caso de su esposo y defensor Librado Baños Rodríguez, detenido de manera arbitraria. Él, dijo, ha sido víctima de tratos crueles e inhumanos, elevándose a grado de tortura, durante y después de su detención. Por su parte, familiares de la maestra María del Carmen López Vásquez y Norma Cleyver Cruz Vásquez, integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expusieron la situación de criminalización que ambas enfrentan. Y Victoria León, esposa del activista y comunicador César León Mendoza, detenido arbitrariamente desde el 20 de noviembre de 2015, denunció el hostigamiento que ha sufrido al realizar visitas a su pareja en el penal y exigir su liberación. Ante los diplomáticos finlandeses, las defensoras enfatizaron la importancia de contar con mecanismos que aseguren la debida implementación de medidas de protección con perspectiva de género para mujeres en el estado.