CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales exigieron una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante el incremento alarmante de feminicidios en el estado de Morelos, a pesar de estar vigente la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de esa entidad. En conferencia de prensa, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), promotores de la AVG, denunciaron que a un año de decretada la medida de emergencia se han cometido 86 feminicidios, de los cuales 59 corresponden a los últimos siete meses de 2016, elevando la cifra a 891 muertes violentas de mujeres de enero de 2000 al 31 de julio pasado. Las defensoras reprocharon al gobierno federal que “no ha dado seguimiento ni vigilancia al cumplimiento de las medidas” de protección a las mujeres, ni mucho menos ha establecido tiempos de cumplimiento al gobierno de Graco Ramírez, “lo que abre la posibilidad para la dilación”. Juliana García Quintanilla, coordinadora general de la CIDHM, insistió en solicitar una audiencia con Osorio Chong por ser el presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y responsable de emitir la AVG para ocho municipios de Morelos, a fin de establecer una mesa de trabajo donde se revisen las acciones de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal de Seguridad, del Tribunal Superior de Justicia y el propio gobierno de Graco Ramírez, toda vez “que han hecho caso omiso en el cumplimiento de sus tareas para frenar la violencia feminicida”. Además de los feminicidios, García Quintanilla resaltó que la violencia contra las mujeres en Morelos también ha tenido su expresión en la proliferación de desapariciones, que hasta el año pasado sumaban 40, en tanto que en las fosas de Tetelcingo “el fiscal del estado llegó a decir que había entre 12 y 13 mujeres, pero una vez que terminaron los trabajos de exhumación, no ha querido decir cuántas en total recuperaron”. Paloma Estrada Muñoz, responsable de la elaboración de un informe paralelo al oficial, señaló que “el mejor indicador para medir la efectividad de la AVG son las cifras de feminicidio, y éstas nos dicen que 2016 está a punto de convertirse en el año más violento para las mujeres morelenses, y que está a punto de rebasar al año 2012, cuando se cometieron 92 muertes violentas de mujeres, mientras que en los primeros siete meses de este año llevamos contabilizadas 59”. La defensora hizo un recuento de las acciones realizadas por las diferentes instancias del Estado a las que se dirigieron 15 recomendaciones para combatir la violencia de género en Morelos. Sobre el trabajo de la Fiscalía General del Estado, Estrada Muñoz señaló que en las mesas de trabajo que ha sostenido la CIDHM “sólo se reconocen 271 feminicidios, y se nos han negado los números totales de muertes dolosas y culposas, así como accidentes y suicidios, para poder hacer un análisis de esos casos, porque tenemos la convicción de que los feminicidios se están clasificando de otra forma”. Sobre las bases de datos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la defensora señaló que sólo se considera la “violencia familiar” como el tipo de delito que involucra a las mujeres, en tanto que los crímenes de mayor impacto no están siendo desglosados por género. Sobre el trabajo del Tribunal Superior de Justicia, “se nos han negado datos que confirmen que los jueces y magistrados conocen los protocolos internacionales para atender casos de feminicidios y, a pesar de que se dice que han tenido talleres, hemos conocido casos en que jueces han reclasificado un feminicidio como una muerte imprudencial”. En cuanto a la labor de los presidentes municipales, “a un año de declarada la AVG no saben qué tienen que hacer, no se están coordinando con autoridades federales o estatales, no conocen las acciones establecidas para combatir la violencia feminicida en sus localidades”. Referente al gobierno estatal, Paloma Estrada explicó que pese a que las medidas establecidas en la Alerta involucraban a varias dependencias, “sólo en la primera reunión estuvieron todas, a partir de la segunda, sólo llegó personal de la Fiscalía General del Estado”. Agregó que pese a que uno de los lineamientos de la AVG era que el gobierno de Graco Ramírez tenía que lanzar una campaña en defensa de las mujeres, para divulgarse en los ocho municipios involucrados y con alcance estatal, “no se ha diseñado dicha campaña, ni se han establecido los convenios de colaboración con las empresas privadas de comunicación, además de que se nombró a una secretaria técnica para dar seguimiento a la AVG, Iraís Ortega Zúñiga, que no cumple con el perfil necesario para coordinar las tareas”. Peor aún, dijo, “a pesar de que Morelos tiene una AVG, no se ve reflejado en las partidas presupuestales destinadas por la Federación para atender ese problema, por lo que es evidente el desinterés”. Las defensoras estuvieron acompañadas de dirigentes de organizaciones de trabajadoras, entre ellas Macrina Cariño, del Centro de Apoyo al Trabajador, quien señaló que otra de las expresiones de la violencia hacia la mujer es “el incremento de denuncias por acoso sexual en las maquiladoras y, sólo para ejemplificar, en el ramo de la industria de la confección tenemos registradas 560 quejas por acoso a mujeres, sin contar que en Morelos hay otro tipo de maquilas, como la del ramo automotriz”.