OAXACA, Oax. (apro).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) rechazó las medidas cautelares que emitió la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para habitantes de 16 comunidades indígenas, con el fin de que “no sufran ninguna coacción o presión para la renovación de la concesión de aguas del subsuelo”. El director de asuntos jurídicos de la Conagua en la cuenca Pacífico Sur, Juan Ernesto García Corona, ignoró la queja DDHPO/1594/(16)/2016, surgida después de que Juan Justino Martínez González y la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) denunciaron probables violaciones a derechos humanos en las comunidades de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez. Los inconformes acusaron a las delegaciones de la Conagua y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de violentar el proceso de consulta indígena que se realiza en ambos distritos por orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que tiene como objetivo revisar y modificar el decreto de veda de 1967 en el que se prohíbe a los pobladores hacer uso del agua para sus actividades agrícolas. La modificación del decreto, apuntaron, evitaría continuar con la extracción de aguas subterráneas en forma desordenada, prevenir la sobreexplotación del acuífero, procurar la conservación de éste en condiciones de uso racional y controlar las extracciones de agua existentes y futuras. Consideraron, asimismo, que en los últimos 16 años, con la aplicación del decreto de veda, se ha visto disminuida drásticamente la agricultura de alimentos y se ha debilitado la vida en las comunidades. Y también se ha violado el derecho humano al agua, al trabajo, a la consulta y a un consentimiento previo, libre e informado. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una resolución a favor de la Copuda, que ordena a la Conagua realizar una consulta para la posible modificación del decreto de veda a través de cinco fases: acuerdos previos, informativa, deliberativa, consultiva y de ejecución y seguimiento de acuerdos. Actualmente se encuentra en la fase deliberativa, donde las 16 comunidades integrantes de la Copuda analizan y discuten la información presentada en la fase anterior, la informativa. En mayo pasado salió un nuevo decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos de concesión cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, razón por la cual la Conagua ha empezado con el procedimiento de renovación de concesiones en la región donde se lleva a cabo la consulta, con lo que viola el derecho a la consulta. Ante estas acciones, los afectados interpusieron una queja ante la DDHPO y ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.