COLIMA, Col. (apro).- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez no ha mostrado voluntad política para evitar que se genere una situación de impunidad en torno al desfalco financiero contra las arcas públicas del estado, presuntamente cometido por el exmandatario Mario Anguiano Moreno y algunos de sus colaboradores, denunció la delegada estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martha María Zepeda del Toro. Hizo notar que si bien ya se presentaron los resultados de dos auditorías en las que se evidencian los malos manejos de recursos durante la administración anterior —una de ellas realizada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) y la otra por la consultora internacional PWC—, hasta ahora el gobierno de Ignacio Peralta no ha interpuesto ninguna querella penal contra su antecesor. De acuerdo con los resultados de la revisión hecha por el Osafig, hubo irregularidades en el manejo de un crédito de 638 millones de pesos, mientras que PWC detectó anomalías en contratos millonarios de obras y adquisición de productos. La también excandidata del PRD a la gubernatura cuestionó la iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción presentada recientemente por el jefe del Ejecutivo. “Ya la analizamos y vamos a hacer una contrapropuesta, porque vemos ahí serias deficiencias que representarían un continuismo en la manera como se fiscalizan los recursos públicos y cómo esto no termina de ser un combate a la impunidad”, dijo. Zepeda del Toro señaló que en el tema de la corrupción, lo que puede demostrar que hay un compromiso serio de combatirla tiene que ver con que se finquen responsabilidades contra los funcionarios de la anterior administración. “Si de corrupción hablamos —advirtió— de lo que se trata es de que en la administración de Peralta no haya un borrón y cuenta nueva, porque sería lo mismo que aconteció con Mario Anguiano respecto de su antecesor”. Martha Zepeda expuso que en sus primeros seis meses, que se cumplen este jueves 11, el gobierno de Ignacio Peralta se ha convertido en una extensión de la desesperanza que generó el gobierno de Mario Anguiano, por la forma que se conducen en el quehacer político, por la desvinculación con la sociedad y por malas prácticas que han continuado. La actual administración estatal, consideró, se ha caracterizado por ser incongruente, pues prometió transparencia y su gabinete no ha presentado la declaración 3de3 como lo anunció, además de que prometió austeridad y se traslada en una camioneta rentada de lujo y de máxima seguridad. “También prometió combatir la pobreza, pero retiró la pensión alimenticia a más de tres mil adultos mayores; prometió seguridad y desde su primer mes de gobierno somos la entidad con la mayor incidencia en homicidios, extorsiones y robos; prometió castigo a los corruptos pero continúa la impunidad hacia los funcionarios de la pasada administración”, señaló. La dirigente perredista manifestó que aun cuando diariamente “hay un baño de sangre en las calles, este gobernador no termina de darse color de lo que representa la inseguridad para los colimenses”. Refirió: “Son ya cerca de cuatro mil víctimas del delito que hay actualmente en nuestro estado y aun cuando se le ha hecho el llamado para crear la Comisión de Víctimas, que es un mandato legal, el gobernador no lo ha hecho, lo que implica que no le interesan las víctimas, los cientos y miles de familias colimenses que se han visto afectadas”. Aunado a lo anterior, abundó, “vemos con preocupación que hasta el momento no se ve reflejada una estrategia que inhiba los índices delictivos que van a la alza; llamamos al gobernador a convocar a todos los sectores sociales a construir una estrategia real de seguridad; no queremos que pasen seis meses más con este continuismo, sino que se refleje en los hechos que hay un compromiso de representar un gobierno diferente, porque tiene la confianza de los colimenses y no está correspondiendo”.