HERMOSILLO, Son. (apro).- El exgobernador Guillermo Padrés Elías desatendió por tercera ocasión los citatorios de la Procuraduría local para rendir declaración sobre el caso de su exama de llaves, Gisela Peraza, quien fue torturada y encarcelada sin pruebas durante cuatro años. El abogado Antonio Ortega explicó que luego de estas negativas a comparecer por parte del exgobernador, la Fiscalía local podrá imponer una multa económica al acusado; ordenar el arresto inmediato o usar la fuerza pública para obligarlo a declarar. Además dijo que este caso se ha complicado debido a que al exmandatario Padrés se le han concedido más de ocho recursos de amparo para suspender de manera provisional las acciones de la justicia sonorense. “Me gustaría que Padrés fuera traído ante la justicia antes de que se me acabe la vida”, ironizó el litigante de edad avanzada. El 3 de noviembre pasado Gisela Peraza interpuso una denuncia penal contra el exjefe del Ejecutivo sonorense y 20 de sus excolaboradores por los delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa. Fue el 13 de marzo de 2011, cuando  la exempleada doméstica fue retenida ilegalmente durante 36 horas –estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– en la residencia oficial que entonces habitaba Guillermo Padres junto a su familia, quienes la acusaban de haberse robado de la alcoba oficial cinco millones de pesos y joyas preciosas. En el recurso legal de la exama de llaves se inculpó al juez Jesús Manuel Ibarra Carreón; al exsecretario particular de Padrés y hoy diputado federal (plurinominal) por el PAN, Agustín Rodríguez Torres; el exdirector del Sistema Estatal Penitenciario, Ricardo Ornelas Saavedra, y el exjefe de escoltas y excomandante de la Policía Municipal en Nogales, Ernesto Fernández Portillo. Además de 16 funcionarios más que se encargaron de hacerle la vida difícil a Peraza durante los más de 48 meses que permaneció en prisión injustamente. Paralelamente, Padrés enfrenta una denuncia por enriquecimiento ilícito al desarrollar su rancho familiar en 900% durante el sexenio que gobernó, y otro proceso legal a cargo de la Secretaría de Hacienda por supuesto lavado de dinero luego de recibir de parte de un proveedor (Mario Aguirre) unos 3.8 millones de dólares en cuentas indetectables de origen holandés.