CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la negativa a entregar resultados sobre la investigación al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos decidieron romper el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR). Tras la reunión sostenida este jueves con la titular de la PGR, Arely Gómez, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que la decisión de los padres de levantarse de la mesa de diálogo se debe a que, en el último encuentro del mes pasado, “hubo un compromiso de la procuradora de que a más tardar este día nos darían a conocer la resolución de la investigación llevada a cabo por la Visitaduría General, cosa que no sucedió, de ahí que los padres decidieron suspender la reunión ante la falta de condiciones”. En entrevista, Rosales Sierra agregó que los padres y madres de familia condicionaron el retorno a la mesa del diálogo hasta que haya “contundencia y una posición firme sobre qué va a pasar con Tomás Zerón”, personaje investigado por haber realizado diligencias que no están incluidas en el expediente sobre la desaparición de los 43 normalistas, como lo evidenció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe. No fue esa la primera ocasión en que Zerón de Lucio llevó a cabo diligencias de forma arbitraria, que no fueron incluidas en carpetas de investigación. Esta semana en su número 2076, Proceso publica una entrevista con el activista Laurence Maxwell, quien fue detenido con otros 10 jóvenes el 20 de noviembre de 2014 en inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, tras participar en una movilización por la presentación con vida de los normalistas, y fue el único interrogado por el propio director de la AIC. De acuerdo con el testimonio de Laurence, Zerón le recriminó su participación en la manifestación siendo extranjero, se refirió a los estudiantes “con un aire despectivo y agresivo”, y le espetó: “¿Y tú sabías que esos normalistas no estudiaban?, ¿que eran uno agitadores?, ¿que nada más andaban de revoltosos?”. Para Rosales el testimonio de Maxwell “refuerza” la petición de los padres para que el funcionario sea separado y sancionado, además de que hay “evidencias manifiestas dentro del expediente del caso Ayotzinapa de que incurrió en actos ilegales, más allá de que si sembró o no evidencia, eso no está totalmente dilucidado, pero sí que haya llevado a un detenido sin autorización del Ministerio Público, que haya interrogado al procesado Agustín García Reyes sin la presencia de su abogado defensor, son graves violaciones al debido proceso que debilitan el conjunto de la investigación, por lo que Zerón amerita una sanción”. El abogado insistió en que el director de la AIC “está violando la ley, pero aparte él ha sido un instrumento político para construir una verdad inexistente que vino a constituir un dolor adicional a los padres de familia”. Luego sostuvo que la separación de Zerón de Lucio se hace necesaria, más aún al conocerse el testimonio de Maxwell, porque “viene a corroborar que tiene un prejuicio sobre los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, esto hace que a esta persona parcial lo incapacita para llevar a cabo investigaciones imparciales y objetivas que nos conduzcan a la verdad”. Rosales consideró que al revelarse qué opinaba Zerón de los normalistas en noviembre de 2014, “implica que todo lo que haga en torno al caso de los 43 va a ser tendencioso, razón por la cual la postura es firme, de que se le tiene que separar y se le debe procesar, esa es la posición de los padres de familia que ante una respuesta ambigua por parte de la PGR decidieron levantarse de la mesa porque ellos (las autoridades) rompieron el compromiso de que a más tardar hoy nos darían el resultado de la investigación interna”. El abogado de los padres y madres de los 43 normalistas consideró “sospechoso que la procuradora mantenga a Zerón en ese puesto. ¿De qué se trata, de qué privilegios goza esta persona que aun violando la ley se encuentre dentro de la institución?”. Según Rosales, la explicación que le dio el visitador César Chávez Flores es que la investigación no sólo es a Tomás Zerón, sino que alcanza a “otros funcionarios, entre ellos los que incurrieron en actos de tortura contra los detenidos, a los que cometieron otras irregularidades en la escena del crimen y a los que fallaron en la integración de la investigación”. Tras insistir en que se trata de una “investigación en conjunto”, el abogado destacó que funcionarios de la PGR les señalaron que había una conclusión que se presentaría a la representación de los familiares de los desaparecidos en una reunión específica. Ante la exigencia de los padres de que señalaran si hubo o no responsabilidad de Tomás Zerón, los funcionarios respondieron que “hay responsabilidades de los funcionarios, pero no nos dijo qué funcionarios, eso no dice nada porque puede resultar que sean sancionados funcionarios de menor jerarquía y no Tomás Zerón, por eso la postura de los padres de familia de levantarse de la mesa”. Entre los avances reportados, añadió, se informó sobre investigaciones en temas de telefonía y en la identificación de policías de Huitzuco que participaron en el ataque a los jóvenes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como de la utilización de la tecnología Lidar para la búsqueda de los estudiantes. En contraste, en un comunicado de la PGR sobre la reunión no se hace mención de la suspensión del diálogo con los padres y madres de familia de los estudiantes desaparecidos, ni a Tomás Zerón de Lucio, sólo se menciona que se habló “sobre los hechos del río San Juan”. La dependencia detalló que por parte de los funcionarios participaron, además de Gómez, el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos; José Guadalupe Medina Romero, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales; Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, y el visitador general César Chávez Flores.