VALPARAÍSO (apro).- Cuando apenas ha transcurrido un poco más de la mitad de su mandato, la presidenta Michelle Bachelet –quien llegó al poder de la mano de la centroizquierdista Nueva Mayoría-- ha perdido la iniciativa… y ganado el repudio ciudadano. Las cifras son elocuentes. La encuesta semestral del Centro de Estudios Públicos (CEP) --dada a conocer este viernes 19-- muestra que la mandataria es respaldada sólo por 15% de la población, mientras que es reprobada por un 66%. El gobierno es apoyado apenas por 16% de los chilenos. Otras consultoras han registrado cifras similares. Según la encuesta semanal de Cadem (16 de agosto) la aprobación a la mandataria socialista alcanza los 19 puntos, mientras que la reprobación es de 73%. Peor aún: su gabinete ministerial sólo es apoyado por 13%. Estas son las peores cifras que ha tenido un gobierno desde el retorno a la democracia, en 1990. Lo anterior representa un problema mayúsculo en un país tan exacerbadamente presidencialista como Chile, coinciden los analistas. Según la CEP –considerada por muchos como “el termómetro de la política”- apenas 8% adhiere a la Nueva Mayoría (NM), coalición integrada entre otros por los partidos Socialista (PS), Democracia Cristiana (DC) y Comunista (PC). La misma fuente asegura que apenas uno de cada 10 chilenos respalda a la derechista conglomerado Chile Vamos, compuesto por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). Todas las “grandes reformas” prometidas por Bachelet, como la laboral, tributaria y educacional, son pesimamente mal evaluadas, según CEP. Dichas reformas terminaron siendo leyes anodinas que consolidaron aún más el ominoso poder de los grandes grupos económicos que controlan la economía chilena, una de las más concentradas y desiguales del mundo. Esta incoherencia ha derivado en la pérdida de apoyo de la mayor parte de quienes se identifican como de izquierda. Pero es toda la clase gobernante la que es cuestionada. Según Cadem, 72% de la población piensa que Chile va por mal camino y 84% cree que la economía chilena está estancada o en retroceso. Una encuesta de la empresa consultora Adimark -difundida el pasado 4 de agosto- afirmó que la gestión del Senado y de la Cámara de Diputados es respaldada únicamente por 11% de los chilenos. Para más remate: 80% cree que “bastantes o casi todos los políticos son corruptos”, según el mencionado estudio de CEP. Crisis institucional “Creo que es la peor crisis (institucional) que ha tenido Chile desde que tengo memoria” dejando aparte “el quiebre de nuestra democracia el año 1973”. Esta es la médula del diagnóstico que el expresidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) exteriorizó en entrevista con el diario La Tercera, el pasado 28 de julio. Argumentó que la crisis es institucional “no porque las instituciones hayan dejado de funcionar”, sino porque “están perdiendo legitimidad”. Lagos continuó con su reflexión: “Estamos todos cuestionados, cualesquiera sean nuestras posiciones y cargos. Es cosa de verlo. Las colusiones lastimaron mucho al sector privado. Es difícil no hablar de captura del aparato del Estado cuando en algunas reparticiones las jubilaciones se arreglan con mañas. La Iglesia, que era parte de la reserva moral del país, quedó golpeada a raíz de los abusos (…)”. Y puso en duda: “No sé si el país aguanta año y medio con esta crisis”. Estas declaraciones sacaron ronchas en La Moneda, puesto que acentúan la parálisis de un gobierno que hace rato perdió el control de la agenda política. Dolieron más porque fueron vertidas cuando Bachelet se encontraba en Lima, en la asunción de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de Perú. Pero no todos dieron demasiada importancia a los dichos del expresidente. En entrevista con Apro el Premio Nacional de Historia (2006) Gabriel Salazar declaró que “da lo mismo lo que diga Lagos. Él, a estas alturas, es un zombi político”. Autor del célebre libro “Labradores, peones y proletarios” (1986), Salazar asegura que Lagos “no dice nada nuevo o inteligente hace años” y estima que critica a la Nueva Mayoría y a Bachelet “para crear la sensación de que se requiere otra persona… y esa sería él”. Sin embargo, este no parece ser el tiempo de Lagos. Evidencia de ello es que, pese a la gran cobertura mediática que ha recibido en los últimos meses, sólo 5% de los chilenos se adhiere a su proto-candidatura presidencial, de acuerdo a la comentada encuesta CEP. Otra expresión de la desesperación de la élite la aportó el abogado Jorge Burgos, quien hace poco más de un mes dejó su cargo de ministro del Interior aduciendo estar “cansado”. Él dijo a El Mercurio –el domingo 7- que “Chile se ha descarrilado” y sugirió que Lagos debiera ser el restaurador. Burgos, quien responsabiliza al PC de la mayor parte de los problemas del Ejecutivo, afirmó que “la nueva mayoría termina con este gobierno”. A estos desmarques por la derecha en la Nueva Mayoría, se unieron renuncias por su ala izquierda. El pasado domingo 14 el diputado Sergio Aguiló (Izquierda Ciudadana) y el senador Alejandro Navarro (Movimiento al Socialismo), expresaron -a través de La Tercera- su intención de abandonar la alianza de Gobierno. “Tengo la convicción del agotamiento de una coalición que nunca fue, que nunca terminó por consolidarse (…) mi desafección personal y mis desavenencias políticas de fondo están claras”, manifestó Navarro. Para contribuir a su propia muerte, el gobierno comete casi a diario errores e inconsecuencias que lo alejan de la ciudadanía. Quizás si la medida más simbólica en este sentido la acometió la ministra de Educación Adriana Delpiano, quien el 27 de julio pidió la renuncia de la rectora de la recién creada Universidad de Aysén (región de la Patagonia chilena) Roxana Pey. Tomó esta decisión al aducir que que Pey (Doctora en Ciencias Biológicas) “no se alineaba” con el gobierno en el debate de la reforma a la educación superior que actualmente se tramita en el Congreso. En una columna en el diario El Divisadero (de Aysén) –publicada dos semanas antes de su defenestración- Pey criticó severamente dicha reforma, expresando el manifiesto sentir de los rectores de universidades públicas: “Lo que inquieta y genera rechazo es la mantención del mercado de la educación superior. Baste saber que se anuncia la continuación del Crédito con Aval del Estado (CAE), ese nefasto instrumento de financiamiento a la demanda que es el corazón del actual esquema”. Pey consiguió sumar a la comunidad de Aysén a la Universidad. Esto, a través de un Consejo Social inédito en las universidades chilenas. También presupuestó entregar educación gratuita a todos sus futuros estudiantes, sólo recurriendo a fondos asignados por el Estado. La destitución de Pey fue la primera realizada a un rector de una universidad estatal desde el retorno a la democracia, en 1990. Fue duramente criticada por la unanimidad de rectores de universidades estatales quienes denunciaron que con ese proceder se vulneraba la autonomía universitaria. La decadencia de la elite se da en un contexto de grandes movilizaciones ciudadanas por los más variados temas, que ahora tienen de protagonista a los trabajadores y jubilados. Ellos exigen el fin del sistema privado de pensiones instaurado en 1981 por la dictadura militar de Augusto Pinochet. El poder constituyente En la entrevista, Gabriel Salazar, académico de la Universidad de Chile, desmenuzó lo que a su parecer son las claves y componentes principales de la actual crisis. “Toda la clase política esta insegura porque está viendo lo que viene por abajo… están todos asustados… por eso que tratan de aparecer como que están buscando soluciones, pero en realidad no las tienen. Tienen conciencia que no tienen soluciones a la mano ni medios para imponerla”. Estima que la crisis se expresa “en dos procesos paralelos pero distintos”. Uno, a nivel de ciudadanía; el otro, de la política. “A nivel de la ciudadanía se está adquiriendo un conocimiento de sí misma en el sentido de asumir su soberanía”. Salazar afirma que al ocurrir esto la ciudadanía “está asumiendo el poder constituyente”. Aprecia que este proceso “se ha venido desarrollando y acelerando este último tiempo”. Pero matiza: “Este movimiento por abajo, que a mí me parece muy contundente, necesita cuajar a nivel regional y nacional; organizarse a través de asambleas regionales o nacional”, situación que hasta ahora no ha ocurrido. En la misma línea, dice que la dificultad que tiene la ciudadanía para crear una asamblea nacional constituyente y soberana “es que para que eso ocurra, se necesita actores a nivel nacional que promuevan la formación de asambleas ciudadanas de ese tipo. Y no tenemos actores de ese tipo”, asegura el estudioso. Premio Nacional de Historia 2006 recuerda que en 1918 –otro momento de crisis institucional- “había 4 ó 5 de esos actores que tomaron conciencia del problema y llevaron todo el proceso a constituirse en asambleas nacionales”. Destaca entre ellos a la Federación Obrera de Chile (FOCH). “Hoy esos actores no existen porque la FOCH, que llegó a constituir una asamblea nacional, no puede ser comparable a la actual CUT (Central Unitaria de Trabajadores), que es un vergonzoso furgón de cola de la clase política, que está enchufado en el Gobierno, por tanto, en el modelo neoliberal”. Lo propio, dice, pasa con otros actores de gran peso como el Colegio de Profesores y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). La democratización de estas organizaciones –según Salazar- sería taponeada por el PC “que está jugando un rol increíblemente retrogrado al no permitir que la CUT y el Colegio de Profesores se refunden, para que la asamblea de base sea la que mande”. Este investigador proyecta que si aquello ocurriera, dichas asambleas podrían operar de común acuerdo con el resto de las asambleas territoriales y ciudadanas a nivel nacional, haciendo posible una asamblea nacional constituyente. Salazar también critica a la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, que congrega a los movilizados estudiantes universitarios: “aunque tiene noción del problema de fondo, no propone una salida al impasse en que estamos metidos”. Luego, profundiza en la materia: “Ellos siguen marchando y marchando; pidiendo y pidiendo… y eso es propio de una forma de movimiento de masas antigua, que no tiene ninguna vigencia. Eso explica porque luego de 15 años de movilización no han hecho (conseguido) nada”. A nivel de los políticos, el problema consistiría -según el entrevistado- en que “ellos han intuido que tienen por debajo a un movimiento ciudadano que no pueden detener”. Por ese motivo, asegura que la clase política –tanto de derecha como de izquierda-- aceptó ser parte del “proceso constituyente” anunciado por la presidenta Michelle Bachelet, en octubre de 2015. “Que la derecha haya aprobado que se celebre un proceso constituyente, que podría afectar su modelo neoliberal, revela hasta qué punto temen lo que está pasando”, sostiene. “Lo hacen para salvarse a sí mismos”, cierra el historiador.