MONTERREY, NL. (proceso.com.mx).-  La juez de Control del Poder Judicial de Nuevo León, Yadira Baca Sauceda, determinó este sábado que existen pruebas suficientes para enjuciar al exsecretario de Desarrollo Económico de la pasada administración, Rolando Zubirán Robert, por el delito de ejercicio indebido de funciones, por el cual podría enfrentar una pena de entre dos y doce años de prisión. Rolando Zubirán acudió la mañana de este sábado al Palacio de Justicia estatal para enfretar las acusaciones que le hizo la Fiscalía Anticorrpución por los delitos de “peculado” y “ejercicio indebido de funciones”. Tras presentar las pruebas, juez Baca Sauceda decretó que Rolando Zubirán fuera vinculado a proceso pero únicamente por el delito de ejercicio indebido de funciones. La juez también impuso medidas cautelares contra el exsecretario de Desarrollo Económicos, quien deberá presentarse cada mes ante una autoridad, medida que fue solicitada por el Ministerio Público. El exfuncionario de la administración pasada es acusado de otorgar beneficios fuera de la ley a la empresa Coreana Kia, delito al que también se acusó al extesorero Rodolfo Gómez y al exmandatario de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz. Antes de entrar a la audiencia de proceso, Zubirán mencionó: “no tengo nada que esconder", ya que, dijo, no hizo nada indebido. "Vengo con total rectitud; no me van a encontrar propiedades en otro lado ni cuentas extrañas que no pueda explicar", añadió. Destacó que el contrato que se firmó con Kia fue abalado por Despachos Internacionales y Nacionales para evitar que se violara la ley. Entre otras firmas legales que intervinieron en la revisión del contrato se encuentra el Despacho Santos-Elizondo, en el cual participaba Fernando Elizondo Barragán, actual coordinador de gabinete del gobierno estatal. Durante la audiencia para vincular a proceso judicial a Zubirán Robert, la Fiscalía Anticorrupción documentó que los funcionarios acusados dentro de la llamada "Operación Tornado" beneficiaron a amigos con la compra y venta de terrenos que involucran unos tres mil 600 millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción ya ordenó a los jueces que se le aseguren las propiedades y cuentas del exsecretario de Desarrollo Económico, medida que fue ratificada por la juez Baca Sauceda.