CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo lunes arribará a México un nuevo grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que recorrerá los estados de Oaxaca, Jalisco, Sonora y el Estado de México durante diez días para verificar si las empresas y el gobierno cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Del 29 de agosto al 7 de septiembre, estos expertos, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, sostendrán encuentros con representantes de los gobiernos y de las empresas, pero también con representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y líderes indígenas. Los estados que visitarán los expertos están sacudidos por conflictos sociales vinculados con las actividades de la iniciativa privada y los proyectos gubernamentales, mismos que desembocan a menudo en represión y hostigamiento, como lo señaló Proceso en un reportaje publicado en junio pasado. En Sonora, estado minero, aún no se resuelve el conflicto social desatado por el derrame tóxico que provocó en agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México. En mayo pasado, tres mineros fallecieron en su lugar de trabajo, aplastados por un camión. A raíz del accidente, familiares y trabajadores se manifestaron para exigir mejores condiciones laborales. Todavía en Sonora, la tribu yaqui lucha contra la privatización del agua y el megaproyecto llamado Acueducto Independencia, que prevé desviar el agua de sus tierras hacia Hermosillo. El estado de Oaxaca también está sacudido por movimientos de protesta social –principalmente de origen indígena-- contra proyectos eólicos o mineros, mientras la entidad sufre unos de los indicios de desigualdad más fuertes del país, que se podrían agudizar con las Zonas Económicas Especiales (ZEE), según planteó un informe publicado por Oxfam México en junio pasado. Además de que el Estado de México concentra una gran parte de la fuerza laboral e industrial del país, la entidad conoce movimientos sociales de oposición a megaproyectos federales, entre ellos el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la autopista Toluca-Naucalpan. Las denuncias crecen en Jalisco contra la contaminación en el río Santiago, el cual recibe los derrames ilegales de varias industrias y las aguas negras de municipios asentados en su orilla. Los expertos de la ONU no viajarán a los estados petroleros del Golfo de México, ni los estados donde se desarrollan los megaproyectos energéticos más polémicos, como el Acueducto Monterrey IV o el Proyecto Integral Morelos. Antecedentes En los últimos cuatro años, los expertos ya realizaron visitas a cuatro países: Estados Unidos, Ghana, Mongolia y Azerbaiyán. En el informe que elaboró a raíz de su visita a Mongolia, en octubre de 2012, el grupo observó que “muchas veces los negocios y la política caminan de la mano”, y enumeró una serie de observaciones sobre los impactos negativos de la minería –a la que se destina la mayor parte de las inversiones extranjeras directas en Mongolia– a nivel ambiental o en el fomento de la corrupción. Durante su siguiente visita, a Estados Unidos –en abril y mayo de 2013--, el Grupo de Trabajo señaló, entre otros, los riesgos asociados con las empresas de seguridad privada, que envían mercenarios en las zonas de conflicto, las prácticas laborales “inequitativas” empleadas por algunas empresas –como el reemplazo permanente de trabajadores, o la explotación de trabajadores migrantes--, el trabajo infantil en el sector agrícola, o las afectaciones de la extracción minera sobre las comunidades aledañas. De su visita a Ghana, que realizó en julio de 2013, el grupo de expertos destacó su “preocupación” ante la corrupción, y lamentó falta de financiamiento a las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, el escaso acceso a la justicia para las víctimas –debido, entre otras cosas, a “influencias políticas y empresariales”-- y la debilidad de los estándares en materia de derechos humanos. Entre muchas observaciones sobre las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el sector privado en el país africano, el grupo denunció que los procesos de consulta para los proyectos que afectan la posesión de la tierra están a menudo amañados, que las empresas suelen violar los estándares ambientales, o que las mineras realizan “fuertes” acciones de cabildeo para echar abajo las regulaciones más restrictivas de su sector. En agosto de 2014, el grupo de expertos viajó a Azerbaiyán, un país petrolero y gasero, donde se percató de que la “conciencia sobre derechos humanos” está limitada en el sector empresarial y gubernamental y que en la legislación azerí, los derechos empresariales tienen mayor relevancia que los derechos humanos. Asimismo, sostuvo que en este país “la corrupción está vinculada con monopolios y la falta de transparencia en ciertos sectores de la economía” y añadió que varios procesos de licitación pública fueron amañados; también denunció que los megaproyectos de ductos violan de manera regular los derechos humanos. Lineamientos La ONU creó este Grupo de Trabajo en 2011, después de aprobar por unanimidad los “Lineamientos sobre Empresas y Derechos Humanos”, los cuales obligan a los Estados a proteger a sus ciudadanos “de los abusos a los derechos humanos en sus territorios, incluyendo a las empresas”, entre ellas las paraestatales y empresas públicas. Los lineamientos establecen que los gobiernos deben “tomar las acciones necesarias para prevenir, investigar, castigar y reparar” los abusos perpetrados por las empresas, así como legislar para que las empresas respeten a los derechos humanos en sus operaciones. Esta guía también insta a las empresas –“sin que importen su tamaño, sector, contexto operacional, dueños o estructura”-- a no “contribuir a impactos negativos a los derechos humanos a través de sus actividades” y a identificar con anticipación las afectaciones a los derechos humanos que podrían generar.