SALAMANCA, Gto. (apro).- El procurador Carlos Zamarripa Aguirre se reunió este mediodía con familiares de las siete personas que fueron privadas de su libertad en la comunidad de Cerro Gordo desde el viernes 19, en el primer caso de un “levantón” masivo registrado en la entidad, como reconoció el funcionario estatal. El procurador se negó a dar detalles del encuentro o del avance de las investigaciones del caso a los medios, pero confirmó que la PGJE recibió información por escrito y telefónica de las corporaciones estatales, federales y municipales, descartando con ello que el grupo hubiera sido detenido por fuerzas de seguridad de esos tres órdenes. Sin embargo, de manera extraoficial personal de la Procuraduría ventiló que algunos de los desaparecidos eran investigados o son señalados como involucrados en el robo de combustible o “huachicoleo” en la región. Víctor Manuel Gallardo Ramírez, de 48 años; Saúl Arce Ramírez, de 46; Juan Paulino Miranda Romero, de 27; Mario Ramírez Salazar e Israel Ramírez, de 21, y los hermanos Óscar y Julio César, de 17 y 16 años, estaban en un local de talachas automotrices cuando fueron obligados a subir a varias camionetas que arribaron a la comunidad en la noche del viernes 19, y desde ese día se ignora su paradero. De ellos, Víctor Manuel se encontraba tramitando sus documentos para regresar a trabajar a Estados Unidos y se encontraba por casualidad en el local de talachas, lo mismo que dos menores Óscar y Julio César, quienes habían acudido a ponerle aire a las llantas de sus bicicletas, datos surgidos de las primeras investigaciones. Tras la reunión –efectuada a puerta cerrada “por los riesgos de seguridad” existentes–, Zamarripa explicó que en la reunión los familiares aportaron alguna información para la indagatoria. También dijo entender la posición de los familiares y pobladores de Cerro Gordo al bloquear la autopista Querétaro-Irapuato para exigir la localización de los desaparecidos, pero anunció que se procederá contra algunos “provocadores” que acudieron a esos bloqueos o los incitaron. “Si estuviera en su lugar no estaría conforme hasta que mi familiar esté conmigo, es el resultado que las autoridades tenemos que dar”, admitió el procurador. Aunque no dio nombres, mencionó que hubo “una serie de personas” que se infiltraron entre quienes demandaban la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido con los desaparecidos, “a los que tenemos perfectamente identificados, son unos charlatanes que están jugando con el dolor de esas familias”. Y anunció que, en virtud de que la carretera donde se efectuaron los bloqueos es una vía federal, se entregó toda la información sobre “los incitadores” al Ministerio Público federal y se le pidió fincar responsabilidades. “Su interés es muy diverso a querer ayudar, hasta lucran con el dolor de esas personas”, acusó. En lo poco que habló sobre lo ocurrido, Zamarripa mencionó que no hay testigos directos de la privación ilegal de los siete hombres. “Tenemos diversas versiones de testigos circunstanciales; hablan de varios vehículos, algunos hablan de personas armadas, otros no”. Este mismo miércoles efectivos de la PGJE acudieron a la comunidad para efectuar varias diligencias. En tanto, el titular de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, anunció en la capital que personal del organismo estableció contacto con los familiares de las víctimas de privación ilegal y ofreció asesoría legal y apoyo psicológico, además del seguimiento de la actuación de la PGJE y otras instancias que participan en la búsqueda de las siete personas.