CAMPECHE, Camp. (proceso.com.mx).- La juez Segunda de Control Ana Concepción Gutiérrez concedió hoy a Enrique Iván González López, exsecretario estatal de Salud y exalcalde de El Carmen, así como a Francisco Moguel Reyes, su extesorero, la duplicidad del plazo para resolver si se les vincula o no a proceso por la imputación que les formuló la Fiscalía General del Estado por peculado. A ambos se les acusa de peculado por la sustracción de 9 millones 281 mil 392 pesos de un préstamo de 241 millones que el Congreso local autorizó al ayuntamiento de El Carmen contraer, en la administración municipal de González López, para su inversión en obra pública. En la audiencia de formulación a imputación, que duró siete horas con un receso de tres, se reveló que ambos exfuncionarios fueron denunciados ante el Ministerio Público por el director de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Alejandro Arcila R. de la Gala. La diligencia inició con una exposición de quejas de parte de la defensa ante la juzgadora por la exposición mediática de sus clientes con motivo de su aprehensión, lo cual violó “su dignidad y honor”, así como sus derechos humanos de presunción de inocencia y al debido proceso. Acusó a la FGE de haber filtrado a los medios la información sobre la detención y detalles del caso que debían ser confidenciales y exigió a la juez que ordene detener la exhibición mediática. A lo anterior la fiscalía respondió que no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este asunto y recordó que ambos fueron servidores públicos y por ende son figuras conocidas. También destacó su imposibilidad de frenar a los medios pese a que ha tratado de proteger a los detenidos y conminó a la defensa a denunciar ante la FGE las denuncias que considere pertinentes. No obstante, la defensa pidió a la juez girar oficios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que investigue y deslinde responsabilidades; a los responsables de cinco periódicos locales que exhibieron la imagen de los imputados y adelantaron hoy los detalles del expediente y a la FGE por la filtración. La juez accedió a girar dichos oficios. En la argumentación de la imputación por el presunto delito de peculado, la fiscalía expuso que de los 9 millones 281 mil 392 pesos que sustrajeron 3 millones 131 mil 72 pesos fueron desviados para el pago de comisiones al Banco Interacciones y 6 millones 150 mil 320 pesos por el servicio de asesoría a la empresa Estrategias Empresariales de Chiapas para la obtención de financiamiento. Calificó como dolosa la actuación de ambos funcionarios, a los que calificó como coautores del delito que se les imputa, pues debido a las atribuciones o prohibiciones inherentes a los cargos que ocupaban en el ayuntamiento, alcalde y tesorero, uno solo no lo habría podido cometer sin la participación del otro. Asimismo, el Ministerio Público solicitó para los dos imputados la prisión preventiva “durante todo el tiempo que dure el proceso, siempre y cuando éste no se prolongue más de dos años”. Lo anterior ante la presunción de que pudieran evadirse de la justicia, destruir evidencias o amedrentar testigos. Para evitar la prisión preventiva, la defensa de González López expuso su endeble salud pues además de ser hipertenso crónico, padece una patología cardiaca y otra renal. Destacó el abogado que ayer sufrió un infarto que fue la causa por la que se le llevó al hospital antes de ingresarlo al reclusorio. En otro momento, el propio imputado solicitó la palabra a la juez para exponerle que padece una enfermedad renal por la que requiere un trasplante de riñón, y que el motivo por el que en febrero pasado salió del país –como lo había expuesto la fiscalía– la atención médica. Y ofreció a la juez entregar su pasaporte como garantía de que no escapara del país. La parte acusadora argumentó que la FGE ya había girado sendos citatorios a los dos detenidos para que acudieran a declarar, pero ninguno respondió. Pero sí lo hicieron al citatorio que les envió la ASE. La fiscal expuso que decidieron responder al citatorio de la ASE porque es un procedimiento administrativo, mientras que eludieron el de la FGE temiendo ser detenidos. Como constancia del “arraigo” de González López, que le evitaría escapar, su defensa mostró documentos de “algunos de los domicilios” que tiene aquí y en Carmen, empero hizo énfasis en una propiedad que posee en un exclusivo vecindario en esta capital, ubicado frente a la Secretaría de Seguridad Pública. Como evidencia de que habita esa casa mostró un recibo telefónico por más de mil pesos y uno del servicio de energía eléctrica, cuyo consumo fue de 300 pesos. Al final, la juez determinó la prisión preventiva en tanto se resuelve su situación jurídica, para lo cual la audiencia se reanudará el jueves 1 de septiembre. No obstante, ordenó que a González López se le brinden todos los cuidados médicos que requiere dados sus padecimientos. González López, médico pediatra de profesión, fue impuesto por el exgobernador Fernando Ortega Bernés primero como su secretario de Salud y después como alcalde de El Carmen pese a que arrastraba un antecedente por corrupción por el que la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por una década. Esa sanción, que además incluyó una multa de 35 millones de pesos, se le impuso por habérsele encontrado responsable de “encabezar una red de corrupción” al interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la cual fungió como delegado en sus tiempos como panista. Las acusaciones contra el también exdiputado local no quedaron ahí. En marzo pasado, el contralor interno del actual ayuntamiento de El Carmen, José María Pérez Vega, presentó en el Congreso local una demanda de juicio político en contra del exalcalde Enrique Iván González López, por un quebranto de casi 150 millones de pesos al erario. Y es que el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus recibió de su antecesor, el priista González López, la administración en bancarrota. La demanda no ha prosperado.