México emplea la desaparición forzada para acallar a opositores: Amnistía Internacional

Exigen investigar desapariciones forzadas. Foto: Germán Canseco Exigen investigar desapariciones forzadas. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De la misma manera que lo hacen Egipto y Siria, el gobierno de México emplea las desapariciones forzadas para acallar a grupos opositores o perseguir a minorías étnicas, denunció Amnistía Internacional (AI), y pidió compromiso para erradicar esa práctica “atroz”.

En un informe divulgado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, destaca que actualmente siguen abiertos 44 mil 159 casos en 91 Estados –registrados desde 1980–, según los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Amnistía Internacional precisa que el ‘modus operandi’ de las desapariciones forzadas es siempre el mismo: las víctimas son detenidas en su casa o en la calle, sin que jamás se les comunique a las familias su paradero, y a menudo sufren torturas y viven con el temor constante a que las maten.

Sobre México denuncia la desaparición, en septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa cuando se dirigían a una protesta contra las reformas educativas del gobernador y fueron atracados por la policía y hombres armados en Iguala, Guerrero.

Casi dos años después, sólo se ha encontrado el cuerpo de uno de ellos, mientras que los 42 restantes continúan en paradero desconocido, recuerda la organización, según un despacho informativo de la agencia EFE.
Ese caso es “emblemático” de una larga lista de personas desaparecidas en un país “en el que persiste la impunidad y donde esta práctica continúa estando generalizada”, apunta.

AI ha puesto en marcha una acción “online” para recabar apoyos y exigir al gobierno mexicano una ley que arroje luz sobre esos casos.

En el caso de Egipto, lamenta que la desaparición forzada “se ha convertido en un instrumento clave de la política de Estado” a fin de intimidar a la oposición y acallar la protesta pacífica.

Allí, cientos de ciudadanos corrientes, estudiantes (a veces menores de edad) y activistas políticos son secuestrados por la Agencia de Seguridad Nacional y recluidos en secreto, en condiciones crueles e inhumanas para forzar una confesión.

En su informe, AI también denuncia la brutalidad a la que se enfrentan las personas desaparecidas en Egipto y la connivencia entre las fuerzas de seguridad nacionales y las autoridades judiciales, dispuestas a mentir para ocultar sus rastros.

Desde el nombramiento de Magdy Abdel Ghaffar como ministro del Interior en marzo de 2015, se ha registrado un “notorio aumento” de esa práctica, detalla.

Otro de los países señalados por la organización es Siria, donde el número de desapariciones forzadas sigue en aumento y donde, especialmente en los dos últimos años, esa práctica “se ha utilizado de forma oportunista para realizar ajustes de cuentas u obtener beneficios económicos”.

Además de Siria, México y Egipto, AI documenta los casos de otros países como España, donde considera que se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen franquista (1939-1975).

Señala que las autoridades españolas continúan sin prestar asistencia adecuada al poder judicial argentino, que ejerce la jurisdicción universal para investigar crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

De acuerdo con los datos de la ONU, en otros países como Camerún, Sri Lanka, Turquía, Bosnia Herzegovina o Serbia, se han documentado desde 1980 un total de 55 mil 273 casos de desapariciones forzadas, de los que 44 mil 159 siguen abiertos.

Según estos datos, añade, los diez países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980 son Irak (16 mil 560), Sri Lanka (12 mil 349), Argentina (3 mil 446), Argelia (3 mil 168), Guatemala (3 mil 154), Perú (3 mil 6), El Salvador (2 mil 673), Colombia (mil 260), Chile (907) y Filipinas (786).

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