CAMPECHE, Cam., (apro).- La juez Segunda de Control, Ana Concepción Gutiérrez, vinculó a proceso y dictó prisión cautelar por un año a Enrique Iván González López, exalcalde de El Carmen, y a Francisco Moguel Reyes, su extesorero, acusados por la Auditoría Superior del Estado de peculado. Ambos serán procesados por la sustracción de 9 millones 281 mil 392 pesos de un endeudamiento de 241 millones que el Congreso local autorizó al ayuntamiento de El Carmen contraer, en la administración municipal de González López, para su inversión en obra pública. En su argumentación, la fiscalía expuso que de esos 9 millones 281 mil 392 pesos se desviaron 3 millones 131 mil 72 pesos al pago de comisiones al Banco Interacciones y 6 millones 150 mil 320 pesos por el servicio de asesoría a la empresa Estrategias Empresariales de Chiapas para la obtención de financiamiento. González López y Moguel Reyes fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado el pasado sábado en Ciudad del Carmen, donde los dos residen, a raíz de una denuncia que promovió el director de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Alejandro Arcila R. de la Gala, ante el Ministerio Público. Al día siguiente fueron presentados ante la juez Segundo de Control y se dio inicio a la audiencia de formulación a imputación, en la que se les concedió la duplicidad del plazo para definir su situación jurídica. La audiencia se reanudó ayer a las dos de la tarde y concluyó en los primeros minutos de hoy. Justo a la medianoche, instantes antes de que la juzgadora resolviera la situación jurídica de ambos imputados, González López, quebrado en llanto, le imploró clemencia y se declaró perseguido político “de la nueva administración”. González López, en cuyo trienio se edificó por cierto la polémica Stella Maris, peyorativamente conocida como la Virgen de Oceanografía, suplicó que se le permitiera afrontar el proceso en libertad y le juró que con responsabilidad atendería todos los llamados de la autoridad para enfrentar la justicia y no intentaría escapar. “Señoría se lo juro por diosito, por mi madre, por mi hijita, por mis hermanas… se lo juro que no me voy a escapar; se lo pido porque es usted un ser humano”, insistió reiteradamente. Le aseguró que sus lágrimas no eran chantaje, sólo que él es “así, siempre sincero, siempre honesto”, y le recordó sus severos problemas de salud, los renales y los cardíacos, por los que no puede faltar a sus citas médicas ni interrumpir sus tratamientos. Añadió que una de sus hermanas también tiene serios problemas renales, “es portadora de diabetes y requiere hemodiálisis”, y que él es quien debe velar por ella, además expuso que tiene una hija de cuatro años de edad que es víctima de bullying en la escuela desde su encarcelamiento; “si la mando a la escuela sufre una acoso importantísimo”. Sus ruegos fueron momentáneamente interrumpidos por un repentino apagón que por un instante dejó en tinieblas el Juzgado, situado a un costado del Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, donde ambos exfuncionarios permanecerán confinados hasta el 1 de septiembre de 2017. Al restablecerse la energía, González López dijo a la juez Gutiérrez Pereyra que no quería hablar mal del penal, “es de mi primera, y sus funcionarios también, y puede preguntar cómo me he portado yo el tiempo que he estado adentro, le dirán que bien”, empero alegó que es injusto que se les recluya a él y su excolaborador pues están expuestos a reos de alta peligrosidad. Agregó que pidió a su familia que no fueran al penal porque se deprimirían, “pero insistieron en venir”, y garantizó a “nombre de mi familia que yo no me muevo, no me escapo, dejo en garantía lo que pidan”. Destacó que gracias a su gestión y al crédito en El Carmen cuentan con obras como el malecón costero y maquinaria, “no soy un sinvergüenza, no ladrón, todo lo que tengo lo he trabajado” e insistió a la juez que “ayude a mi salud y a la de todos nosotros”. No obstante, la juzgadora consideró justificada la medida de prisión cautelar en virtud de que ninguno de los dos pudo demostrar que tienen en esta capital su residencia habitual. A la fiscalía se le concedió un plazo de cuatro meses, y no los seis que pedía,  para concluir la investigación complementaria en torno al caso. Durante la audiencia, en la que la defensoría se negó a prestarle su proyector a la fiscalía para exponer un documento porque “aquí cada quien debe traer sus propias cosas”, la parte acusadora expuso que el endeudamiento fue autorizado por el Congreso en diciembre de 2013 y en su totalidad debió aplicarse en las obras. La deuda que fue contraída el 29 de abril de 2014 era específicamente para seis obras en el municipio y según se etiquetaron 96 millones de pesos que eran para alumbrado público y en una primera etapa se ejercieron 48 millones; 50 millones estaban destinados para obras de agua potable. Además, 40 millones eran para una recicladora de asfalto; 25 millones para la ampliación y modernización de la avenida Isla de Tris; 30 millones para la modernización de La Caleta. Para dichas obras se ejercerían los recursos a partir del 12 de junio de 2014. En fecha posterior se ejercerían los otros 48 millones de pesos que se requerían para la segunda etapa de modernización del alumbrado público. Según la fiscalía, el pago de comisiones y servicios de asesoría debieron tomarse de otro rubro y no del endeudamiento que le aprobó el Congreso. La defensa insistió en la falta de solidez en los argumentos de la fiscalía contra sus clientes, empero la juez determinó vincularlos a proceso y decretó la medida cautelar de prisión preventiva por un año. Sin embargo, entre las acusaciones que pesan sobre González López, quien también fue secretario de Salud en el trienio del exgobernador Fernando Ortega Bernés, esta sería la más leve. En marzo pasado la actual administración municipal que preside el panista Pablo Gutiérrez Lazarus, su sucesor, presentó ante el Congreso local una demanda de juicio político contra González López por una serie de irregularidades por 150 millones de pesos detectadas en auditorías internas y externas sólo una parte de su trienio.