Persistentes, abusos a indígenas por megaproyectos: ONU

SAN FRANCISCO XOCHICAUTLA, Edomex (apro).- Después de recabar más de 80 testimonios de comunidades afectadas por megaproyectos y otras actividades empresariales en México, Dante Pesce, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, aseveró ayer que la mayoría de los casos “son persistentes”, y declaró que “al parecer hay patrones” en este tipo de abusos.

Los expertos Pesce –de origen chileno–, y Pavel Sulyanziga –de Rusia–, se encontraban este domingo en el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, donde se reunieron con pobladores indígenas. En el pasado mes de mayo, los pobladores de Xochicuautla consiguieron medidas cautelares contra las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, que atraviesa sus tierras comunales y ya causó la destrucción de miles de árboles del bosque otomí.

Los asistentes a la reunión, varios de los cuales viajaron horas para acudir al pueblo mexiquense, salieron satisfechos de la visita de los expertos. Durante más de dos horas les expusieron 28 casos, con la esperanza de que el grupo de trabajo los incluya en su informe final. Según distintos testimonios recabados por apro, Pesce y Sulyanziga se ganaron la confianza de los pobladores.

El propio Sulyanziga es indígena: forma parte del pueblo Udege, una comunidad de menos de dos mil habitantes asentada en Siberia, la cual lucha por instaurar los derechos indígenas en la constitución rusa. Por ello, ante la audiencia indígena habló de “nosotros” y no de “ustedes”.

“Los pueblos indígenas no tenemos muchos recursos contra (el sector financiero), no tenemos mucho dinero, pero luchamos porque tenemos fuerza, espíritu y solidaridad”, aseveró el experto en ruso, que traducían dos intérpretes. “Nos encargaremos de ayudarles”, prometió.

Pesce reconoció que “las funciones (del grupo de trabajo) tienen muchas limitaciones”. Tras recordar que las observaciones y recomendaciones del grupo de trabajo no tienen carácter vinculante, advirtió que “no podemos hacer milagros”. Sin embargo, dijo que se puede usar el informe para “presionar al gobierno con el afán de mejorar”.

“Estamos aquí por invitación del gobierno mexicano, hay por lo menos unos funcionarios que tienen una visión positiva respecto a los derechos humanos”, precisó al añadir que los expertos ya se reunieron con autoridades del Estado mexicano y empresarios, los cuales expusieron su visión sobre la situación del país en materia de empresas y derechos humanos. “Tienden a presentarla más bonita de lo que es”, abundó.

Previo a las ponencias, los expertos recordaron que su visita a México tiene la finalidad de observar si en el país se cumplen con los 31 principios rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos. La semana pasada, los expertos sostuvieron encuentros con la sociedad civil y comunidades afectadas en la Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Jalisco y Sonora.

El próximo miércoles, presentarán un informe preliminar sobre su visita en México, que constará de ocho cuartillas. Por ello –advirtieron–, este primer informe no incluirá los más de 80 casos de los que se enteraron durante su estancia en el país. En un plazo de tres o cuatro meses, presentarán ante la ONU su informe final, que será mucho más detallado e incluirá recomendaciones.

“El gobierno de México nos puede pedir que hagamos unos cambios al informe”, planteó Desce, pero insistió en que los expertos tienen la última palabra. Pueden ignorar estas solicitudes y mantener sus recomendaciones, añadió.

“No pedimos resolver nuestros problemas”

Durante cerca de tres horas se sucedieron en el micrófono pobladores indígenas del Estado de México, pero también de otras entidades federativas, cuyas comunidades fueron afectadas de una manera u otra por las actividades de empresas, tanto privadas como paraestatales.

Se abordaron problemáticas vinculadas con obras de infraestructura, minería, energía o agua, entre otros.

“No les pedimos que resuelvan los problemas que tenemos, sólo hagan que aflore la verdad”, exhortó un líder de Xochicuautla, al añadir que “lo único que mantendrá vivo a este planeta son las comunidades indígenas, pues no nos movemos por el dinero sino con el corazón”.

Otro orador agradeció a los expertos por “la oportunidad de que nos escuchen”. Subrayó, como varios ponentes, que las comunidades no pueden acceder a la justicia porque “las instituciones son marionetas de los intereses comerciales”. Muchos pidieron a los expertos incluir sus quejas en el informe y negarse a “cambiar una coma” al documento si ante cualquier solicitud del gobierno.

Entre las empresas señaladas, destacaron el Grupo Higa y sus filiales, –propiedades de Juan Armando Hinojosa Cantú–; Abengoa y Peñafiel; pero también empresas mineras de origen canadiense o la Comisión Federal de Electricidad (CFE); casi todas involucradas en megaproyectos de infraestructura o de carácter extractivista.

En sus ponencias, los pobladores denunciaron las violaciones a sus derechos como pueblos indígenas –a la consulta y a la forma de gobernar según sus usos y costumbres–, la contaminación de los ríos, el despojo de tierras y manantiales, las detenciones y asesinatos de líderes, así como los estragos que provocan las estrategias de las empresas sobre las comunidades, sobre todo las que consisten en dividir el pueblo con dinero.

Un joven poblador de una comunidad vecina del río Atoyac, en Tlaxcala, deploró la contaminación del agua, en el que escurren los desechos tóxicos de industrias y recordó el argumento que muchas veces ha escuchado: “Es la consecuencia de que tengamos empleos”.

Varios de los oradores, al terminar su ponencia, entregaron a los expertos un sobre que contenía la documentación de sus casos. Sulyanziga se comprometió a revisar cada uno de ellos.

Aires de familiaridad

Si bien las reuniones de los expertos de la ONU suelen llevarse a cabo a puerta cerrada y en un espacio convencional, el evento que se llevó a cabo ayer tuvo alegres aires de familiaridad.

Para llegar hacia la carpa blanca que tendieron los pobladores de Xochicautla en un cerro, los expertos debieron atravesar el jardín de una casa –donde pastoreaban unos borregos– y subir un camino lodoso, rodeado de campos de maíz.

Al alcanzar el final del camino les esperaba un grupo de niños y pobladores, quienes les recibieron con consignas combativas. La bienvenida fue calurosa: líderes de comunidades en lucha se sucedieron ante los hombres para entregarles regalos de alto valor simbólico. Así, los expertos pasaron la reunión vistiendo collares de flores y paliacates rojos.

Los representantes de comunidades indígenas y activistas esperaron a los expertos por varias horas. En una atmósfera festiva, compartieron sus historias e intercambiaron datos, con la promesa de encontrarse de nuevo en el futuro.

Escasos metros más arriba de la carpa yacían los escombros de lo que era, hasta el pasado 11 de abril, la casa del señor Armando García, uno de los opositores a la carretera. Ese día, cientos de policías ingresaron en el pueblo para custodiar la maquinaria pesada que derrumbó el edificio con todas las pertenencias de su dueño adentro. Cinco meses después, sólo queda una parte del piso de cerámica y pedazos de concreto esparcidos a su alrededor, de los cuales salen los restos oxidados de las armaduras metálicas.

Al salir de la reunión, pasadas las 6:30 de la tarde, la comitiva de la ONU no pudo rechazar la comida –arroz, frijoles y pollo en mole– que los pobladores habían preparado para el evento. Varios de los asistentes aprovecharon del acceso a los representantes de la ONU para tomar unas fotografías con los representantes de la ONU; otros se acercaron a ellos para charlar o pedirles consejos.

“Destruyeron miles de árboles”

Previo al encuentro, apro recorrió los lugares afectados por las obras de la carretera Toluca-Naucalpan con Jaime Vargas González, pediatra y opositor aferrado al proyecto de infraestructura, concesionado a Grupo Higa. En las largas franjas de tierra donde pasaron las máquinas no quedan más arboles del bosque otomí, de carácter sagrado para los pobladores.

En el camino de terracería que sube al cerro se observan cartulinas del gobierno del Estado de México, en las cuales se pueden leer mensajes de advertencia contra la tala clandestina de árboles. Vargas sonríe ante el cinismo: “Nosotros hemos cuidado el bosque durante 200 años y está muy bien, ellos en unos años destruyeron miles de árboles”.

El líder recordó que 22 pobladores han sido encarcelados por oponerse al proyecto. Denunció que la empresa logró acuerdos con unos vecinos –algunos de los cuales poseen tierras pero no viven en el pueblo, añadió– y comisariados de bienes comunales con los que conformó asambleas ilegítimas, los cuales avalaron el proyecto de manera fraudulenta y bajo la protección de cientos de granaderos.

Asimismo, explicó que la empresa prometió a algunos pobladores que pavimentaría los caminos hacia su casa, bajo la condición de que inicien las obras. El pediatra deploró que esta estrategia generó tensiones y divisiones en la comunidad.

Según Vargas, la maquinaria no dejó de operar, pese a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a la comunidad de Xochicuautla en mayo pasado. Lo cierto es que este domingo, una veintena de máquinas pesadas de marca Caterpillar estaban estacionadas en un trozo de la obra.

Durante el recorrido, Vargas llevó apro a lo que parecía un estrecho terreno baldío, ubicado en el flanco de un cerro. Ahí se asentaba un campamento desde el cual pobladores, pero también estudiantes y activistas –capitalinos y extranjeros, sobre todo–, cerraban a la empresa el acceso a las obras.

“Aquí, los domingos era un lugar de fiesta, la gente tocaba música”, recordó Vargas. Pero en abril, las máquinas destruyeron el campamento, del que sólo permanecen una bandera, una chapa y pedazos de madera.

Menos de diez metros arriba se extiende una franja de tierra revolcada y aplastada de unos 50 metros de largo. Desde el pasado mes de mayo no pasa la maquinaria, y del suelo arcilloso surgen ya las primeras plantas.

Denuncian 25 megaproyectos en Oaxaca

El pasado fin de semana, abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por empresas, gobiernos locales, estatal y federal, fueron denunciados ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos indígenas de comunidades afectadas por megaproyectos en Oaxaca.

En una reunión, los indígenas denunciaron 25 casos de comunidades que han resultado afectadas con proyectos mineros, eólicos y de extracción de hidrocarburo en la entidad.

Expresaron su preocupación ante la reciente aprobación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que lidera el oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, que tiene el puerto de Salina Cruz como punto de arranque en Oaxaca sin que haya información clara sobre las afectaciones directas en la forma de vida de la región.

En general denunciaron la falta de información, derecho a la consulta libre, previa e informada por parte de las autoridades y asesinatos de defensores como el caso de Bernardo Vásquez en San José del Progreso, así como demandas y encarcelamientos.

La reunión de los expertos de la ONU con defensores de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, se llevó a cabo en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, donde se encuentra varios proyectos eólicos que han generado problemas ambientales y han polarizado el ingreso, según han denunciado los pobladores.

El encuentro fue coordinado por las organizaciones del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDESC) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC.

Los expertos observaron la forma en la que el gobierno mexicano y las empresas implementan sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, en línea con los Principios Rectores de la ONU.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos realiza una visita a México desde el 29 de agosto y hasta el 7 de septiembre a fin de examinar los esfuerzos del gobierno y las empresas para prevenir y abordar impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos.

Al final de su misión, este miércoles 7, ofrecerán una conferencia de prensa y los resultados de la visita, así como las recomendaciones, se publicarán en un informe que será presentado al Consejo de Derechos Humanos.

Comentarios