CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno estatal confirmó el secuestro de dos personas y el robo de un millón de pesos de la nómina de Beneficiadora de Minerales Temixco, en la convulsionada región de la Tierra Caliente, donde la delincuencia controla territorios completos y el vacío de autoridad es evidente, pese a la presencia de batallones del Ejército y cuarteles de la Policía Federal (PF) y estatal. En un comunicado, la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores informó que los secuestrados son “un ingeniero” y un adolescente de 16 años, identificado como “el hijo de la contadora” de la minera afincada recientemente en el poblado de Temixco, municipio de Arcelia. El boletín refiere que el sábado anterior la contadora de la empresa Beneficiadora Minerales Temixco, acompañada por su hijo y esposo, viajaba al municipio de Arcelia para pagar la semana a los trabajadores y, durante el trayecto, fueron interceptados por un grupo armado, “quienes los privaron de su libertad por espacio de dos horas aproximadamente”. Luego, la banda criminal se dirigió a las instalaciones de la mina, se llevaron por la fuerza a un ingeniero y en ese momento liberaron a la contadora y su esposo, pero mantuvieron retenido al menor. De esta forma, el grupo armado se apoderó del millón de pesos destinado al pago de la nómina de los trabajadores y secuestraron al ingeniero y el hijo de la contadora de la minera, quienes siguen privados de su libertad hasta la fecha, confirma el comunicado del gobierno estatal. Además, señala que una camioneta azul propiedad de la empresa, que también se llevaron los delincuentes, fue localizada en las inmediaciones de la comunidad de La Tinaja, sin dar mayores detalles. De acuerdo con la versión de los trabajadores, quienes decidieron suspender labores por falta de garantías de seguridad, el ingeniero es identificado como Hugo Durán, encargado de la supervisión de los trabajos e hijo del dueño de la minera. Según información obtenida vía transparencia, en 2012 la delegación en Guerrero de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a Beneficiadora de Minerales Temixco una concesión de ocho años para la construcción y operación de una planta metalúrgica con el objetivo de obtener oro y plata, a partir del reproceso de un depósito de jales preexistente. Hasta el momento el gobernador Astudillo, quien se ha caracterizado por impulsar proyectos de desarrollo minero en zonas de la entidad controladas por el narco, no ha fijado una postura sobre el cierre de la minera de Arcelia, lo que exhibe el nivel de impunidad y violencia que se vive en Guerrero. En este municipio de la Tierra Caliente también opera la mina de Campo Morado y, desde el año pasado, se hizo pública una confrontación que mantienen grupos criminales por el control de las ganancias que genera la explotación minera en Arcelia y que involucra a políticos y militares. Minería, botín del narco A finales de enero Proceso público un texto titulado “En Tierra Caliente se muere de impunidad”, donde se advierte que el grupo que dirige un sujeto conocido como el Tequilero, al servicio de Guerreros Unidos, le disputa a La Familia, encabezada por Jonhy El Mojarro Olascoaga Hurtado, el control de las zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de Tierra Caliente. Sus recientes saldos muestran cómo la delincuencia logró enquistarse en la industria minera, en la que se han convertido en socios de las empresas extranjeras e incluso les rentan maquinaria con la anuencia de autoridades de los tres niveles. En ese entonces, la banda del Tequilero secuestró a 21 personas de Arcelia y el municipio de San Miguel Totolapan, quienes fueron liberados días después luego de que el gobierno de Astudillo cedió a las exigencias de los criminales y se comprometió a detener al líder del grupo antagónico, El Mojarro, afincado en Arcelia. El grupo del Tequilero difundió un video en redes sociales donde confirmó que la liberación de las víctimas fue pactada con las autoridades, y exigieron al gobernador y al fiscal Xavier Olea Peláez cumplir su compromiso de detener a El Mojarro Olascoaga. En ese video se observa a varias personas sentadas con el rostro cubierto y vigiladas por sujetos armados. También se oye a un hombre afirmar que El Mojarro provocó el cierre de la mina de oro Campo Morado, en Arcelia, en febrero del año pasado, porque les exigió una cuota de 20 millones de pesos a los empresarios belgas. El secuestrador, que en el video asume una actitud benevolente con sus víctimas, aseguró que el líder de La Familia tenía una flotilla de camiones de carga que rentaba a la empresa minera. Enseguida, la voz anuncia que los hombres serán liberados pero exige al gobernador Astudillo que detenga a El Mojarro, de lo contrario la violencia seguirá en esta zona productora de oro y amapola. El año pasado los empresarios de Campo Morado anunciaron el cierre de la mina por motivos de inseguridad. Poco antes se registró un paro de transportistas que demandaban el pago de 14 millones de pesos. Aunque este bloque fue ­vinculado al grupo delictivo de El Mojarro, las autoridades estatales afirmaron que los inversionistas se fueron porque incumplieron cláusulas del contrato colectivo de trabajo. También en febrero de ese año, habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, cerraron las instalaciones de la minera canadiense Media Luna, tras el plagio de al menos 18 trabajadores. Responsabilizaron de ese hecho a La Familia. Algunos ciudadanos denunciaron públicamente que el jefe de este grupo criminal, Johny Hurtado, estaba coludido con directivos de esa empresa porque su compañía Capitsa ofrece sus servicios a Media Luna. Pese a todo esto, las autoridades de los tres niveles no han investigado la diversificación de las actividades de los criminales que operan en la zona norte y la Tierra Caliente.