Exigen acatar recomendaciones de la ONU sobre megaproyectos

La comunidad de Carrizalillo en Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga La comunidad de Carrizalillo en Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de derechos humanos exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto y a los consorcios mineros que realizan obras de infraestructura y extracción de hidrocarburos, el acatamiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, así como reconocer la labor de los defensores de los pueblos indígenas y territorio.

A unas horas de divulgarse el informe preliminar de los expertos Pavel Sulyandizga y Dante Pesce, miembros de organizaciones que se reunieron con el Grupo de Trabajo resaltaron en conferencia de prensa que si el gobierno de Peña Nieto en realidad tiene voluntad para asumir las recomendaciones, debe reconocer la “crisis de derechos humanos”, impulsar reformas a legislación contraria a los derechos humanos, aumentar el número de supervisores sobre la contaminación de aguas, así como vigilar el acatamiento de amparos ganados por comunidades y pueblos indígenas contra la realización de megaproyectos.

Karen Hudlet, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, resaltó que en 50% de los 68 casos documentados por cien organizaciones, informe entregado al Grupo de Trabajo, “se registraron hostigamiento y amenazas contra los defensores, pero, además, la ONU tiene documentados de 2010 a 2014, 614 casos de violaciones a defensores, incluyendo 36 asesinatos vinculados a la defensa del agua, el territorio y contra los megaproyectos”.

Hudlet señaló que de acuerdo al informe presentado por las organizaciones al grupo de expertos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Pemex, son las que mayores violaciones a derechos humanos cometen, a través de la imposición de ocho proyectos de energía y nueve de extracción de hidrocarburos, en tanto que se documentaron abusos cometidos por once empresas mineras, ocho de la construcción y seis en agroindustria.

De acuerdo al estudio presentado por las organizaciones a los expertos de la ONU, de los 68 casos, en 32 se identificaron a los derechos a la tierra y territorio como los más vulnerados; en 28 al acceso a la información y en 22 al medio ambiente sano.

Elena Villafuerte y Sandra Alarcón, de Pro DESC y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, coincidieron en que la violencia en torno a megaproyectos y la extracción de minerales en estados de Oaxaca y Guerrero, está estrechamente relacionada con “la corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado”.

Alarcón recordó que la intromisión del crimen organizado es evidente en “Carrizalillo, donde las comunidades se han visto obligadas a mantener convenios con la minera Goldcorp ante la extrema violencia que ejercen esos grupos delincuenciales, sin que las autoridades intervengan”.

Villafuerte recordó que la violencia contra opositores a megaproyectos como el parque eólico en el Istmo de Tehuantepec ha sido provocado tanto por “grupos de choque como de seguridad privada, sin que intervengan las autoridades, tan es así que en una de las impugnaciones a la supuesta consulta organizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hubo 30 incidentes de violencia que fueron presenciados por las autoridades”.

Sofía Robina, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, recordó que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se comprobó que “se utilizaron armas Heckler &Koch, y mientras en Alemania se ha iniciado un juicio contra la empresa, en México no hay sanciones por la importación de esas armas”.

Benjamin Cokelet, de la organización Poder, que litiga el derrame de lixiviados de cobre en el Río Sonora, reconoció que las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU no tiene “carácter vinculante”, y emplazó al gobierno de Peña Nieto a implementar un plan general de acción para la aplicación de los principios rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas, aprobados por la ONU en 2011.

Cokelet apuntó que el plan debe tener “dientes suficientes para castigar a empresas y gobiernos que no apliquen los principios rectores, además de que la sociedad civil y los grupos afectados deben estar incluidos para brindar garantías de no repetición y resarcir daños”.

María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), reconoció la declaratoria de los expertos de la ONU sobre el Río Santiago, en Jalisco, al que se le consideró uno de los más contaminados de México, por lo que exigió incrementar el número de inspectores de la Comisión Nacional del Agua (CNA), dependencia que cuenta con sólo 300 para vigilar que las empresas no contaminen ríos y lagunas.

Astrid Puentes, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), insistió en que ante la “buena voluntad expresada por el gobierno para invitar al Grupo de Trabajo, tendríamos que esperar que esa misma voluntad se manifestara en el reconocimiento del rol que tienen las empresas en la crisis de derechos humanos que está viviendo el país, corregir la tolerancia a la violación de derechos en aras de las inversiones, y exigir a las empresas, que al igual que el Estado, deben respetar los derechos humanos de comunidades y pueblos indígenas”.

Agregó que urge “un pronunciamiento fuerte y público sobre a la importancia de las organizaciones y defensores de la tierra, el agua y el medio ambiente sano”.

Durante la conferencia de prensa, el niño Alejandro García y José Luis Fernández de Xochicuautla exigieron la cancelación del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, encabezado por la el Grupo Higa, de Armando Hinojosa Cantú, y que castiguen los actos de hostigamiento y amenazas contra los opositores al mismo.

Los activistas destacaron que durante la visita, el Grupo de Trabajo recopiló testimonios sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales.

Durante la gira de trabajo, los expertos documentaron 19 casos en la Ciudad de México de todo el país; en Oaxaca 17, Guadalajara 11, Hermosillo 6 y Xochicuautla 28.

Los activistas resaltaron que esperan que en el informe final del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos se dará a conocer entre tres y cuatro meses.

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