CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales exigieron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cumplir con los acuerdos firmados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para implementar de forma efectiva el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra Mujeres. A un año de la creación de dicho mecanismo, comprometido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en una audiencia temática ante la CIDH, organizaciones impulsoras de la campaña “Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual”, pidieron a Osorio Chong pronunciarse sobre la inoperatividad de esa medida en casos que tiene en revisión. En un comunicado firmado por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humano Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se resalta que a un año de instalado el Mecanismo “ha fallado en dar seguimiento a la documentación de casos” comprendidos en la campaña Rompiendo el Silencio, con el fin de “emitir un dictamen conjunto con recomendaciones” para cada uno de ellos. En entrevista con Apro, Aracely Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh, explicó que una vez que se puso en marcha el Mecanismo, en septiembre del año pasado, las organizaciones enviaron tres expedientes de sobrevivientes de tortura sexual que en ese momento estaban sometidas procesos penales y privadas de libertad “Presentamos los casos más urgentes en ese momento de los que están comprendidos en la campaña Rompiendo el Silencio, los de Cristel Jasso, de Ciudad Juárez; Yesenia Armenta, de Culiacán, y Verónica Razo, de la Ciudad de México, que representaban los casos piloto de los alcances que debería tener el Mecanismo, eran casos absolutamente documentados con protocolos y dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, y la Conavim no tenía que hacer más”. Agregó que un mes después de instalado el Mecanismo, las organizaciones que participan en la campaña reunieron “toda la documentación que demostraba que estas mujeres habían sido víctimas de tortura sexual, y la pusimos a disposición de la Conavim, pero al día de hoy no ha respondido, por eso es tan tremendo, porque no estaba a debate si las mujeres habían sido víctimas de tortura o no”, pues en los tres casos hay dictámenes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR) que demuestran “científicamente” la tortura sexual. Siguiendo sus respectivos procesos penales, con el respaldo de organizaciones de derechos humanos, Yesenia y Cristel, acusadas de asesinato y extorsión respectivamente, fueron puestas en libertad, sin que la Conavim a través del Mecanismo haya intervenido, en tanto que el caso de Verónica, acusada de secuestro, permanece en prisión después de cinco años. Olivos Portugal recordó que la campaña “Rompiendo el Silencio” está impulsada por 19 mujeres víctimas de tortura sexual, de las cuales sólo dos, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, no fueron sometidas a prisión. Reconoció que si bien el objetivo final del Mecanismo no es que las mujeres en prisión sean puestas en libertad, sí se esperaba que al menos los dictámenes tuvieran algún impacto en la sentencia y sobre todo que se impulsaran cambios en las políticas públicas para erradicar la tortura sexual. Para las organizaciones impulsoras de la campaña y que participaron en la audiencia temática en la CIDH en 2015, la revisión de los casos “se han quedado en el papel y con ello la posibilidad de garantizar el acceso a la justicia a las sobrevivientes de tortura en el país”. Las organizaciones resaltaron que por la documentación de casos, han podido evidenciar que en México cuando hay detenciones de hombres y mujeres, “las mujeres suelen ser víctimas de diversas formas de violencia sexual usada como tortura”, que comprende “abusos psicológicos, amenazas de violación contra ellas y sus familiares, hasta el abuso sexual propiamente dicho”. También recordaron que en junio pasado, Amnistía Internacional dio a conocer el informe “Sobrevivir a la muerte”, basado en cien entrevistas a mujeres sometidas a procesos penales en reclusorios, que revela la generalización de la tortura sexual a mujeres detenidas en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, así como la negativa de los órganos de procuración y administración de justicia para investigar las denuncias presentadas por las víctimas y sancionar a los responsables. Todas las mujeres que dieron su testimonio a los investigadores de Amnistía confirmaron haber sufrido detenciones violentas por parte de sus aprehensores, en tanto que 72 revelaron haber sido víctimas de tortura sexual, después de la cual habrían sido obligadas a firmar confesiones autoincriminatorias. En su comunicado, las ONG recalcaron que el Mecanismo “resultaba un importante instrumento para visibilizar los patrones del uso de la violencia sexual como tortura en la investigación de los delitos, lo que permitiría diseñar políticas públicas de prevención y erradicación de esta práctica”. La ineficiencia del Mecanismo se advierte en el caso de Verónica Rizo, uno de los primeros en presentarse como caso paradigmático, al tratarse de una mujer que fue detenida arbitrariamente en la Ciudad de México por siete hombres vestidos de civil que la subieron a un automóvil sin placas oficiales. Las organizaciones resaltan que Verónica estuvo 24 horas incomunicada bajo custodia de policías federales, tiempo en que “fue golpeada en distintas partes del cuerpo, sufrió descargas eléctricas, asfixia, amenazas y violación sexual”, tortura que le provocó lesiones y arritmia por la que tuvo que ser atendida en un hospital que certificó su lamentable estado de salud. Debido a los tormentos, Verónica se autoinculpó en un secuestro y fue obligada a señalar también como responsable a su hermano. Sin que hasta ahora se le haya comprobado su responsabilidad en el delito que se le acusa, Verónica padece las secuelas físicas, emocionales y psicológicas de la tortura sexual, y “sin que hasta el momento se haya realizado un seguimiento puntual del caso en el Mecanismo ni emitido un pronunciamiento”. Tras condenar la falta de seguimiento a los casos presentados, las organizaciones insistieron en exigir al secretario Miguel Ángel Osorio Chong “operativizar de inmediato los acuerdos que adquirió el Mecanismo en 2015 ante la CIDH, particularmente se pronuncie sin mayor dilación sobre los casos que tiene en revisión”. Además, consideraron que “es necesario que el gobierno federal, desde la Conavim, muestre un verdadero compromiso en la erradicación de esta terrible práctica, reforzando el Mecanismo, asignándole los recursos necesarios y garantizando que todas las instituciones pertenecientes colaboren con él”.