CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, exigieran la destitución de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy presentó su renuncia el ahora exfuncionario. Coincidentemente, su cese se genera un día después de que, en la revista científica Science, el perito José Torero, experto en incendios de la Universidad de Queensland, Santa Lucía, en Brisbane, Australia, dio a conocer que la hoguera necesaria para consumir unos 43 cuerpos no podría haber ardido en el basurero donde las autoridades mexicanas sostienen que fueron incinerados los cuerpos de los estudiantes. En su experimento, Torero incineró varios cuerpos de cerdo de 70 kilogramos, donde utilizó 630 kilogramos de madera para cada uno de ellos. Por esta razón, explicó, se hubiesen necesitado más de 27 toneladas de madera para quemar los 43 cuerpos de los normalistas desaparecidos, y aun así habrían quedado restos de materia orgánica. En respuesta, en un comunicado, la dependencia dio a conocer que este día la procuradora Arely Gómez González aceptó la renuncia del titular de la AIC. “La titular de la PGR reconoció los esfuerzos de Zerón de Lucio al frente de la Agencia, que integra tres áreas sustantivas de la institución, como es la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), y le deseó éxito en sus proyectos personales y profesionales”, señala el escueto comunicado. El pasado 28 de abril, los padres de familia de los estudiantes exigieron la destitución de Tomás Zerón, con el fin de que sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la “obstrucción de la justicia”. Ello, a raíz de que Zerón de Lucio un día antes difundió un video en el que encabeza diligencias al lado de Agustín García Reyes, El Chereje, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, acción que se desarrolló a las márgenes del río San Juan, en Cocula, Guerrero. Esas diligencias no fueron integradas a la investigación del caso Iguala, según denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Los padres de los estudiantes destacaron que “las ilegalidades confesadas por el director en jefe de la AIC confirman que el expediente de averiguación previa, iniciado tras la desaparición de nuestros hijos, no refleja la investigación real, misma que como lo documenta el GIEI, presentó múltiples irregularidades y tuvo siempre un sesgo confirmatorio tendiente a sostener, a costa de la legalidad y los derechos humanos, la llamada ‘verdad histórica’”. Los padres de los jóvenes desaparecidos sostuvieron en un comunicado que, “pretendiendo defenderse, el titular de la AIC ha evidenciado la ilegalidad en la que ha incurrido, pues es falso que la ley le brinde facultades para excarcelar detenidos y trasladarlos a su libre arbitrio”. En acciones posteriores de marchas, plantones frente a la PGR y recorridos por otros estados, los padres de los 43 continuaron exigiendo la renuncia de Zerón. En mayo anterior Melitón Ortega, vocero de los padres de familia, informó que se estableció un acuerdo con la titular de la PGR, Arely Gómez, para la salida del funcionario federal, como condición para avanzar en el proceso de diálogo. En aquella ocasión, dijo que los padres emplazaron a la procuradora para que, a más tardar el primer día de junio, Zerón de Lucio dejara de prestar sus funciones y amenazaron con emprender “otras medidas de protesta” en caso de que se le siguiera sosteniendo en el cargo. En respuesta, Zerón de Lucio aseguró que no dejaría su cargo, ya que la PGR no lo investigaba a él sino a otros funcionarios que acudieron a la diligencia policial que se realizó en el río San Juan el 28 de octubre de 2014. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el ahora exfuncionario se dijo dispuesto a que se le investigue ante la polémica generada con el GIEI, que lo acusó de tergiversar la información sobre esa diligencia. También dijo que si existía alguna omisión en los hechos del 28 de octubre de hace dos años, que se le sancionara, y enseguida aseguró que en ningún momento se violó el debido proceso del testigo, quien se ofreció de manera voluntaria a llevar a los investigadores al lugar en donde presuntamente tiraron las bolsas con cenizas de restos humanos, presuntamente de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además señaló que para esa acción no era necesario llevar a su abogado, o en su caso designarle uno de oficio, pues además de que no lo pidió, El Chereje tampoco fue presionado de alguna manera para indicar dónde ocurrieron los hechos. “Si es necesario que me investiguen, que lo hagan. No me voy a separar del cargo, tengo más compromiso que nunca con la Procuraduría y con mi país”, desafió. Un día después, la PGR anunció que se abriría una investigación, sin embargo, en cinco meses no hubo resultado alguno.