CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, acusaron a Enrique Peña Nieto de “proteger” los actos irregulares cometidos por el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio al nombrarlo secretario del Consejo de Seguridad Nacional. En conferencia de prensa, luego de que ayer la Procuraduría General de la República (PGR) diera a conocer la renuncia de Zerón de Lucio, señalado como el autor de la “verdad histórica”, para luego ser nombrado en el Consejo de Seguridad Nacional, padres de familia acompañados de sus representantes advirtieron que mientras no se concluya la investigación abierta por la Visitaduría General de la dependencia en contra de Zerón, y se le sancione, no regresarán a la mesa de diálogo con la titular de la dependencia, Arely Gómez. Mario González, padre de Mario César González, dijo que los 43 padres de familia no están en contra de Zerón como persona sino como el funcionario “corrupto” que “manipuló e inventó la mentira histórica, y ocultó evidencias”, y que consideran “indignante que después de tener una investigación abierta, se le premie con un cargo más alto; es una burla, no sólo para los 43 padres sino para todos los mexicanos”. Al exigir que continúe la investigación, González señaló que la procuradora Arely Gómez “está a prueba  a ver hasta dónde puede llegar sobre esa investigación (de Zerón) y si en verdad quiere encontrar a nuestros hijos”. Apuntó que los padres están “enojados y tristes, porque desgraciadamente estamos ante un Estado, corrupto, fascista e inepto”, y que lo único que quieren es saber “qué pasó el 26 de septiembre, quién participó, a quién están protegiendo para no llegar a la verdad”, y sobre todo buscan  “justicia, por primera vez en este país”. Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista, acusó al presidente Peña Nieto de “premiar” a Zerón de Lucio “por construir  la ‘mentira histórica’ del basurero de Cocula y del Río San Juan. Está protegiendo a su amigo y no lo mandó a su casa para que lo investigaran sino que lo premió”. Dolida, Bautista reclamó a Peña Nieto que en la primera reunión que tuvieron con él en octubre de 2014, se comprometió a llevar la investigación “tope dónde tope, pero como se topó con su amigo, le dio un premio. Ha mentido Peña Nieto, no sólo a los papás de los 43 sino a todo el pueblo de México”. El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez, resaltó que siendo competencia única del presidente de la República el nombramiento de Zerón, “el mensaje político es de protección”, más aún porque se trata de “un funcionario que está siendo sujeto a investigación”, como se los había notificado desde junio pasado Arely Gómez y quien fuera el visitador general, César Chávez, mismo que la semana pasada renunció al cargo. El director del Centro Prodh hizo una relatoría de los compromisos que Gómez había adquirido con los padres de familia, antes de que el 18 de agosto los padres de familia decidieran levantarse de la mesa del diálogo con la PGR. Patrón recordó que después del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el 24 de abril, en la primera reunión que tuvieron los padres con Gómez en mayo, le solicitaron la renuncia de Tomás Zerón, a lo que la funcionaria ofreció abrir una investigación para determinar la probable responsabilidad de Zerón en la siembra y ocultamiento de pruebas. El 12 de junio Gómez y el propio Chávez, notificaron a los padres de la integración de dos expedientes en la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General;  una por “irregularidades de todo el contexto de la investigación (del caso Ayotzinapa) en su conjunto y la otra es justamente por los hechos de octubre de 2014 relacionados con el Río San Juan y con Tomás Zerón de Lucio”, a quien el GIEI identificó en videos y fotografías realizando actuaciones, manipulando pruebas e interrogando a un presunto implicado sin que estas diligencias estén integradas en el expediente. El director del Centro Prodh resaltó que en la reunión del 18 de agosto, Gómez dijo a los papás que “no estaba la resolución, se les informa que ya hay un acuerdo de conclusión de esa investigación y se les dice a grandes rasgos que han podido determinar la existencia de responsabilidades, pero hasta ahora no conocemos la resolución final, en tanto que  la semana pasada se informó de la renuncia del visitador que llevaba la investigación”. Mario Patrón insistió en que Tomás Zerón tiene que ser investigado porque “construyó la teoría oficial del caso que hoy en día no tiene asidero científico”, además de que dentro del expediente hay dos peritajes formales que determinaron la imposibilidad de que los estudiantes hayan sido asesinados quemados en el basurero de Cocula y sus cenizas depositadas en bolsas de basura y arrojadas al Río San Juan. Al señalar que “si no existieron los hechos del basurero de Cocula tampoco es posible que hayan existido los del Río San Juan”, resaltó que contra Zerón “hay evidencias de actuaciones ilegales que no se constatan en el expediente, que dan cuenta de manipulación de evidencia del 28 de octubre en el Río San Juan; se da cuenta de la posible existencia de cuatro bolsas, en tanto que solo se reporta una en la investigación, la propia manipulación de los indicios y hallazgos que no fueron ordenados por el ministerio público ni tampoco fueron consecuencia de una diligencia”. Mario Patrón señaló que, no obstante que se tiene que esclarecer la situación jurídica del funcionario, su salida de la PGR “podría posibilitar que la investigación se efectuara profundizando las líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sin el sesgo confirmatorio de la teoría del caso inducida por Tomás Zerón”. Tras recordar que entre las recomendaciones del GIEI, estaba abrir investigaciones contra funcionarios que han obstaculizado o manipulado la investigación sobre los 43 estudiantes, Patrón Sánchez lamentó que “lo que podría ser un signo de distención (la renuncia de Zerón) hoy es una crónica de una impunidad y de una absolución”, por el nombramiento que le dio Peña Nieto como secretario del Consejo de Seguridad Nacional.