LONDRES (apro).- “Brexit significa Brexit”. Esas fueron las primeras declaraciones de la conservadora Theresa May al asumir al frente del gobierno británico el pasado 13 de julio, luego de la renuncia de su predecesor, David Cameron. Pero hasta ahora y luego de dos meses del referéndum, por el cual un 52% de los británicos votó para abandonar el bloque comunitario, la mandataria británica se ha negado a detallar qué significa exactamente el llamado Brexit, cómo será implementado y qué implicará para Gran Bretaña funcionar fuera de la Unión Europea (UE) por primera vez después de más de 40 años. La Administración de May tiene ahora la difícil tarea de iniciar ese complicado y difícil divorcio por el cual deberán deshacerse 39 acuerdos comerciales, convocando primero el artículo 50 del Tratado de Lisboa. El llamado “Plan del Brexit” (Brexit Plan), que es la prioridad número uno del gobierno británico, ya comenzó a ser redactado por funcionarios y secretarios de Estado, y será finalizado en las próximas semanas, previo a la próxima reunión de la UE sobre su futuro “post-Brexit”, prevista para el 16 de septiembre en Bratislava. El borrador que presentará Londres tendrá como prioridad que Gran Bretaña se mantenga dentro del mercado único, respetándose tres de sus cuatro libertades esenciales: libertad de movimiento de bienes, de servicios y de capital. Sin embargo, May y su equipo de ministros tratarán de negociar con Bruselas un acuerdo por separado para limitar el derecho a la libertad de movimiento de personas, un verdadero “talón de Aquiles” en las negociaciones de separación. El “Plan del Brexit” incluirá un apartado por el cual el derecho de los ciudadanos europeos que vivan en el Reino Unido para permanecer en el país, sólo será mantenido tras conseguirse acuerdos recíprocos con países europeos donde residan británicos. Aquellos europeos que lleven viviendo más de cinco años en Gran Bretaña podrán seguir residiendo allí tras el Brexit, pero los derechos de otros ciudadanos de la UE “quedarán sujetos a negociaciones y a una decisión del Parlamento británico”. De todos modos, el “Plan del Brexit” busca mantener a toda costa el denominado passporting, el cual permite que bancos incorporados en cualquier estado miembro de la UE puedan vender sus productos y servicios en la economía integrada de 19 mil millones de dólares. May tendrá una ardua batalla por delante para tratar de obtener concesiones por parte de socios de la UE con respecto a este punto. Uno de los retos más grandes del gobierno británico será evitar el aislamiento de los bancos radicados en el Reino Unido después del Brexit. Aunque el acuerdo de passporting también incluye a países que no pertenecen a la UE, como Islandia, Liechtenstein y Noruega, los bancos que operan en la UE deben estar sujetos a la supervisión de la UE y no podrán ser administrados desde Londres una vez que el Reino Unido ya no sea miembro. El “Plan del Brexit” buscará además negociar con Bruselas acuerdos en otras áreas, como Salud, protección a los consumidores y medidas para la economía digital. Dentro del gobierno británico, varios ministros, entre ellos el jefe del Tesoro, Philip Hammond, consideran que es una prioridad clave mantener el derecho al passporting, ya que ello le generará miles de millones de dólares a las arcas públicas por beneficios a la City financiera de Londres. El ministro de Hacienda quiere asegurarse que las negociaciones por el Brexit protejan sectores de la economía que se benefician ampliamente de la falta de regulaciones, especialmente el de servicios financieros. Pero funcionarios más derechistas como David Davis, Liam Fox y el actual canciller británico Boris Johnson, que desde hace años vienen abogando por la salida del bloque comunitario, consideran que el divorcio con la UE debería ocurrir de forma más tajante y sin demoras a partir de este año. “Todos los ministros están de acuerdo que debe haber más controles a la inmigración y algún tipo de acceso al mercado común, es decir debe tomarse una posición más flexible”, destacó un vocero del Gabinete previo a la cumbre en Bratislava. Sin embargo, el ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, advirtió el pasado 28 de agosto, en rueda de prensa, que si el proceso de salida de Reino Unido de la UE es mal gestionado y otros estados miembros le siguen los pasos, “Europa podría quedar arruinada”. "El Brexit es negativo, pero sus efectos no serán tan graves a nivel económico como algunos temen, se trata más de un problema psicológico y es un enorme problema político", sostuvo Gabriel, quien también es el vicecanciller alemán, en una rueda de prensa. El ministro añadió que el mundo ahora mira a Europa “como un continente inestable”. "Si organizamos el Brexit de la manera incorrecta, entonces habrá grandes problemas, de modo que debemos asegurarnos de no permitir que Reino Unido se quede con los mayores beneficios, es decir, en relación a Europa y sin asumir la responsabilidad (de su decisión)", manifestó. Lo cierto es que el proceso constitucional que se llevará a cabo en el Reino Unido antes de abandonar la UE, ya generó fuertes tensiones en el Parlamento, luego de que May confirmó que no convocará una votación en la Cámara de los Comunes previo a invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Un vocero de Downing Street, la residencia oficial en Londres de la Primera Ministra, indicó que May “dejó en claro” que la decisión de la población británica “será respetada”. “El Brexit significa Brexit”, dijo enérgico el portavoz de la mandataria. De todos modos, varios parlamentarios reclamaron un debate sobre el tema lo antes posible en los Comunes. El laborista Barry Gardiner, quien se desempeña como ministro en la sombra para las áreas de Comercio Internacional, Europa, Energía y Cambio climático, dijo que el Parlamento británico “no puede ser dejado a un costado” cuando el Reino Unido enfrenta su mayor cambio constitucional en 40 años. “La lógica de decir que la primera ministra británica puede convocar el artículo 50 sin antes explicarle al Parlamento los detalles y bases legales de la negociación con Europa, y sin dar a conocer qué aspectos buscará proteger, terminará amenazando al Parlamento y dará a entender que la mandataria tiene poderes arrogantes como un monarca Tudor”, destacó el parlamentario. Por su parte, Owen Smith, candidato al liderazgo del Partido Laborista, acusó a May de “tener mucho miedo” de un escrutinio parlamentario a las negociaciones por el Brexit. “Ella ha visto los números y sabe que podría perder un voto en el Parlamento. Aún no ha explicado que implicará el Brexit y tampoco quiere ser culpada de poner en peligro derechos de protección de los trabajadores o salvaguardas medioambientales”, agregó el legislador tras ser consultado por la BBC de Londres. Según Smith, el eventual acuerdo por el Brexit debería ser sometido a un segundo referéndum o incluso a una elección general en el país, aunque el actual líder laborista Jeremy Corbyn, considera que el resultado del referéndum celebrado en junio “debe ser respetado” por las autoridades. Además, un grupo parlamentario pluri-partidario compuesto por legisladores que quieren la permanencia de Gran Bretaña en la UE, desafió a May a proveer salvaguardas para mantener los derechos laborales bajo las leyes europeas una vez que se establezca el Brexit. Una serie de esos derechos, incluidas protecciones para trabajadores jóvenes, pagas por vacaciones y descansos obligatorios durante la jornada laboral, podrían ser perdidos tras el divorcio con la UE, a menos que el gobierno establezca planes concretos para reemplazarlos. De acuerdo con el parlamentario laborista Chuka Umunna, portavoz de dicho grupo llamado Vote Leave Watch, por el momento las autoridades británicas no han incluido esas salvaguardas en el “Plan del Brexit”. Umunna le escribió a May luego de encargarle a la biblioteca de la Cámara de los Comunes listar todos los derechos laborales vinculados a la membresía del Reino Unido en la UE, y cuáles de ellos se perderán una vez que se implemente la salida de la unión. “Usted le debe a los trabajadores de Gran Bretaña confirmar que cumplirá con las promesas que hizo junto a sus ministros acerca de que la legislación europea por los derechos de los trabajadores será protegida”, destacó el legislador laborista en una carta dirigida a la primera ministra. Vote Leave Watch reclama al gobierno que preserve los derechos de los trabajadores al poner en marcha nueva legislación que reemplace las normativas europeas tras el Brexit. También pide a las autoridades llevar a cabo una auditoría para determinar todas las instancias en las que decisiones de la Corte Europea de Justicia crearon mayores derechos laborales para los trabajadores británicos, encargándose de incluir esos derechos en nuevas leyes. John Hannett, secretario general del sindicato de trabajadores estatales USDAW y padrino del Vote Leave Watch, sostuvo que los trabajadores británicos han sido protegidos “de discriminación, empleadores inescrupulosos, y de los peores excesos de gobiernos conservadores (Tory)” como resultado de la membresía británica en la UE. “La primera ministra asumió su mandato prometiendo que defendería a los trabajadores. Ahora tendrá que demostrarlo y el primer paso será garantizar que todos los derechos laborales para los trabajadores protegidos por la Unión Europea sigan en pie”, destacó el gremialista. El “Plan del Brexit” podría incorporar recomendaciones de un documento preparado por un grupo de cinco analistas y académicos europeos. El informe, de diez páginas, sostiene que Gran Bretaña debería seguir contribuyendo al presupuesto de la UE como parte del acuerdo post-Brexit, a cambio de mantener acceso al mercado único. Actualmente, la contribución neta del Reino Unido a la UE es de 8 mil 800 millones de libras esterlinas (11.510 millones de dólares), casi el doble que la contribución que hacía en 2009. El grupo de expertos, que incluye a Norbert Röttgen, presidente del Comité parlamentario de Asuntos de Exterior de Alemania y a Jean Pisani-Ferry, quien encabeza un think-tank que trabaja para la Cancillería francesa, aboga por una nueva y más simple relación de Gran Bretaña con el resto de la UE, llamada “Sociedad continental” (Continental Partnership). Dicha propuesta dejaría al Reino Unido libre de imponer límites al número de trabajadores europeos que puede acceder al mercado laboral británico, aunque obligará al país a hacer concesiones en otras áreas, como el presupuesto de la UE y acatar ciertas indicativas de la Corte Europea de Justicia. Además, la “Sociedad continental” le permitiría al Reino Unido participar de discusiones en regulaciones que afectan al mercado único, como también en áreas de Seguridad y Defensa. Cierta libertad laboral sin restricciones deberá mantenerse, para permitir que compañías puedan ejercer su derecho a proveer servicios a otros países. Por ejemplo, si una automotriz alemana quiere funcionar en Gran Bretaña, debería tener el derecho a transferir temporalmente trabajadores de Alemania al Reino Unido para supervisar actividades en esa planta. A pesar de que Gran Bretaña no tendría derecho a voto, y las decisiones finales serían tomadas por la UE, esa posición para Londres sería mucho más favorable que la que actualmente existe entre países no miembros de la UE como Noruega y Suiza. El grupo, cuyos integrantes incluyen a académicos del think-tank Bruegel, de Bruselas, y a Paul Tucker, ex vice director del Banco (Central) de Inglaterra, sostiene que la “Sociedad Continental” es la única alternativa realista para un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y Europa. Dicho acuerdo requerirá de “decisiones muy difíciles” de ambas partes. “El Reino Unido deberá determinar si quiere mantener una cooperación económica estrecha con la UE y a su vez la UE tendrá que acordar entre sus miembros dejar a un costado medidas punitivas contra Londres”, destacó el grupo. También admitió que requerirá de discusiones políticas difíciles, por ejemplo, en políticas comerciales, pero consideró que proveerá un modelo para otros países que buscan una mayor relación con Europa, especialmente Ucrania y Turquía. Lo cierto es que desde que se llevó a cabo el referéndum, la economía británica no sufrió tanto como estaba previsto. Aunque el valor de la libra esterlina cayó a sus niveles más bajos en 30 años y el Reino Unido perdió la nota máxima de tripe A para obtener crédito, las acciones recuperaron su valor, y tanto el FTSE-100 como el FTSE-250 registraron alzas no vistas desde hace años. El Banco de Inglaterra espera que su decisión de reducir las tasas de interés del 0.5 al 0.25%, un mínimo récord desde 2009, estimule la inversión y evite que el país caiga en una recesión. El resultado del referéndum no es legalmente vinculante, y el Parlamento británico deberá pasar una ley para autorizar que Gran Bretaña salga de la UE, revocando la Ley de Comunidades europeas de 1972. El nuevo acuerdo por el Brexit deberá ser ratificado por la Cámara de los Comunes y de los Lores. Una opción para revertir el resultado del referéndum es si dos tercios de los parlamentarios reclaman a una elección general, y el partido que gana esos comicios promete mantener al país dentro de la UE. En todo caso, un eventual acuerdo para la salida de la UE podría terminar siendo más positivo que los pronósticos pesimistas hechos por analistas y expertos económicos después del referéndum del 23 de junio, especialmente al poner fin a regulaciones excesivas, a una creciente burocracia y a normativas que limitaban ahora la expansión de la economía. Pero una vez que el gobierno de May haya llegado a un acuerdo final con Europa, tendrá la difícil tarea de ‘venderle’ ese plan a una población británica cada vez más polarizada por el referéndum.