CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Procuraduría General de la República (PGR) por un caso de tortura infligida a dos hermanos, y por la inacción para investigar las denuncias presentadas. En la recomendación 37/2016 enviada a Salvador Cienfuegos y Arely Gómez, titulares de la Sedena y la PGR, respectivamente, la CNDH destaca que elementos adscritos a la 12ª Zona Militar en San Luis Potosí irrumpieron sin orden de cateo en la casa de los hermanos, con lo que transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad jurídica y a la integridad de ambas personas por agresiones físicas y actos constitutivos de tortura. En cuanto a la indagatoria correspondiente, señala que durante 20 meses los agentes del Ministerio Público Federal omitieron impulsar la integración de la averiguación previa por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad, allanamiento, lesiones y tortura, por lo que violaron el derecho humano de acceso a la procuración de justicia de los agraviados. De acuerdo con las declaraciones de uno de los afectados, el 27 de octubre de 2013, al filo de las 21 horas, elementos militares brincaron la barda de su domicilio y sacaron a ambos hermanos al exterior de la misma, donde los golpearon, amenazaron y torturaron. El 29 de octubre, dos días después de los hechos, agregó, uno de los susodichos militares amenazó a uno de los hermanos con lastimarlo físicamente si no accedía a entregarle un vehículo y un terreno. En un comunicado, la CNDH precisa que tras concluir el análisis del expediente, encontró evidencias que confirman que los militares transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad jurídica e integridad personal contra los agraviados, y constató que servidores públicos adscritos a la Delegación de la PGR en San Luis Potosí, encargados de las investigaciones correspondientes, no tuvieron justificación alguna para dejar de actuar durante un período de 20 meses y dejar de reconocer a los agraviados como víctimas. Por ello, en la recomendación 37/2016 solicita a la Sedena se brinde la atención psicológica necesaria a los dos agraviados y se colabore con la CNDH en el seguimiento de la averiguación previa y la queja que sea  tramitada ante la PGR, así como en el Órgano Interno de Control de la propia dependencia en contra de los servidores públicos responsables. A la titular de la PGR le solicita colaborar con la CNDH en la presentación de la denuncia de hechos que formule contra los servidores públicos responsables adscritos a la Delegación de la dependencia en San Luis Potosí; capacitar en derechos humanos al personal de dicha delegación y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia en la Entidad Federativa, e instruir al agente del Ministerio Público de la Federación que corresponda a que con celeridad dé continuidad a la integración de la averiguación previa del caso. De igual manera, recomienda que en su oportunidad se inscriba a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.