OAXACA, Oax. (apro).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana en la que pide al gobernador Gabino Cué tomar acciones para garantizar la vida y la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el estado porque en lo que va del año se han cometido 123 agravios contra periodistas, entre ellos seis asesinatos. La alerta temprana, firmada por el ombudsman Arturo Peimbert Calvo y dirigida al gobernador Gabino Cué, hace notar que 96 agravios contra reporteros, fotógrafos y camarógrafos fueron durante la cobertura informativa; es decir, mientras las y los periodistas recababan información. La Defensoría reaccionó cinco días después de la intimidación cometida por maestras de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) en contra de la fotoperiodista Citlalli Cid, quien se encuentra en el séptimo mes de embarazo. Este hecho generó la inconformidad de comunicadores, periodistas y directivos de empresas periodísticas que decidieron “vetar” a la Sección 22 al decidir no cubrir sus conferencias de prensa hasta que haya respeto al trabajo periodístico y la dignidad humana de comunicadores. A esas acciones se sumaron siete periódicos, tres televisoras, 5 empresas radiofónicas 11 portales informativos y tres asociaciones de periodistas que firmaron un desplegado donde se pronuncian por ¡Ni una agresión más! Y exigieron alto a la intimidación y a las agresiones contra trabajadores y empresas de información en Oaxaca. En una carta dirigida a los tres niveles de gobierno, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca resaltaron que “resulta absolutamente inaceptable toda forma o intención restrictiva o de censura, y más cuando estas agresiones son perpetradas por grupos como la Sección 22, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones afines, y son toleradas o encubiertas por las autoridades”. “En Oaxaca, los trabajadores y las empresas de la información hemos vivido una larga historia de hostigamientos y ataques contra nuestra labor. Por esta razón, la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO), medios y organizaciones que suscriben, condenamos estos hechos frontal y enérgicamente”. Y mencionaron algunos ataques recientes: el 20 de julio retuvieron violentamente en Nochixtlán a trabajadores de TV Azteca; el 21 de julio agredieron al fotoperiodista Mario Jiménez Leyva, del diario Noticias; el 1 de agosto acosaron a Ismael García, corresponsal de El Universal; el 31 de agosto tomaron una radiodifusora en Puerto Escondido y retuvieron a los trabajadores; y el 17 de septiembre actuaron contra la fotorreportera del periódico Tiempo Citlalli Cid en pleno Zócalo de la capital de Oaxaca y ante la mirada y omisión de policías que atestiguaron y no intervinieron. Ante tales hechos, “no podemos realizar una cobertura informativa si las agresiones son sistemáticas; si no hay un compromiso serio por respetar y garantizar la integridad física de los trabajadores de los medios, el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y las empresas de comunicación. “Mientras reporteros, columnistas, fotorreporteros, camarógrafos y conductores sean amenazados, señalados, vejados o impedidos para realizar libremente su trabajo, hemos decidido no exponerlos a cubrir periodísticamente las actividades de estas organizaciones. En respuesta, la Defensoría detalló que en lo que va del año han iniciado 125 expedientes por agravios contra al menos 74 comunicadoras y comunicadores –entre ellos seis homicidios –, de los cuales 19 fueron contra mujeres y 97 contra hombres; en los otros siete casos los agravios no fueron dirigidos a personas específicas, sino a instalaciones o a la operación de medios. “Para este organismo es especialmente preocupante el homicidio de seis comunicadores durante el presente año”, advierte y señala que la cifra se corresponde de manera exacta con los seis homicidios cometidos contra periodistas registrados en todo el país durante todo 2014 y los seis de 2015, en ambos casos en cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento precisa que el tipo de agravio registrado con mayor frecuencia fue la agresión verbal, con 30 casos, de los cuales 22 fueron amenazas, y de éstas, tres fueron amenazas de muerte. “Le sigue en orden de frecuencia la intimidación, con 22 agravios. De acuerdo con la información obtenida, en 19 ocasiones se despojó o hubo el intento de despojar a las y los periodistas de su equipo de trabajo. Se supo igualmente de 14 casos probables de detención ilegal o arbitraria, retención ilegal o privación ilegal de la libertad. Registramos igualmente 12 agresiones físicas, con o sin lesiones”, detalla la institución. La Defensoría añade que en 60 por ciento de los casos (74 agravios) fueron señalados como agresores solamente dos tipos de actores: agentes de seguridad (35%) y organismos gremiales (25%). Conforme las cifras del organismo, en 43 de los agravios los agresores fueron identificados como agentes de diversas corporaciones policiacas –sea de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (27), de alguna policía municipal (26) o de la Policía Federal (15). La Defensoría considera especialmente graves los señalamientos hacia policías municipales, por lo que el organismo investiga agravios a periodistas consistentes en detenciones ilegales, tortura y ejecución extrajudicial. En orden de frecuencia, agrega el documento, siguen los agravios por parte de integrantes de centrales sindicales, que ascendieron a 31 en lo que va del año; de ellos, en 25 fueron señalados diversos participantes adscritos a la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y en otros seis, a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). El documento solicita al gobernador que instruya a la Secretaría de Seguridad Pública para ordenar a todos los agentes de sus corporaciones policiacas que se abstengan de causar agravios a periodistas con motivo de su cobertura informativa, brindando también a los agentes el entrenamiento y capacitación necesarios para adoptar lineamientos de conducta sobre el respeto de la libertad de expresión. Igualmente, el organismo defensor pide instruir a la Secretaría General de Gobierno para que realice las acciones necesarias de conciliación, mediación y sinergia con los organismos gremiales de la CNTE y CTM.