Después de dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el grupo de padres de las víctimas ha transformado su vida en una búsqueda incansable de sus hijos y de justicia. Tres de estas personas, obligadas a cambiar de vida, coinciden en que la cerrazón del gobierno de Enrique Peña Nieto es tal que ya no le creen nada sino, al contrario, sospechan que en el crimen están involucradas autoridades de alto nivel.    CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, acaricia la tortuga tatuada en su antebrazo izquierdo, regalo de un activista que admira la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años. “Hay quienes me dicen que sólo se tatúan los delincuentes, pero esta tortuga prehispánica (Ayotzinapa es “río de tortugas” en náhuatl) significa mucho para mí, es como sellarme para decir: ‘Christian, siempre estuve pendiente de ti’, y es un motivo de lucha”, confía don Clemente, un hombre de baja estatura y mirada triste. En entrevista con Proceso, muestra a la reportera algunas pulseras tejidas que lleva en el brazo izquierdo. Son otros regalos que le dieron en varias poblaciones del país y de Estados Unidos, adonde lo ha llevado la necesidad de exigir que se esclarezca la desaparición forzada de los  estudiantes. Horas antes de acudir a la embajada estadunidense para renovar su visa a fin de realizar una visita a Washington, don Clemente, quien era repartidor de agua en Tixtla, recuerda que hace unos 30 años intentó cruzar la frontera sin papeles en busca de trabajo, pero fue deportado. “Hoy en día, por esta situación que estoy viviendo me ponen las cosas en bandeja de plata. Pero no quiero conocer Estados Unidos. Voy allá por la gente que nos está apoyando, me traigo de allá la motivación de que no estamos solos para salir adelante”, dice el hombre de 49 años. Las madres y los padres de los 43 que se movilizan por México y otros países han dejado oficios, tierras, sus casas, a sus otros hijos, y ahora padecen diabetes, dolores de cabeza casi permanentes, insomnio, depresión y otros malestares físicos y psicológicos a raíz de que afrontaron la terrible tarea de buscar a sus hijos desaparecidos y exigir verdad y justicia a las autoridades. El señor Clemente reconoce que las 43 familias han evolucionado aun en medio de la tragedia y lamenta que haya sido la falta de respuestas lo que les ha dado fuerza para continuar con su objetivo. En la mente del padre de Christian Alfonso todavía está presente la imagen de la puerta de una oficina de la policía municipal de Iguala a la que los padres no tuvieron acceso pese a que él sugirió a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se abriera. “Me pregunto: ¿y si hubiera tenido este valor que tengo ahorita? Yo hubiera abierto esa puerta, pero tenía ese pinche miedo… Me acuerdo de un policía que dijo: ‘¿Qué chingados vienen a hacer aquí? Los vamos a desaparecer como a sus hijos’. Estoy seguro que si estuviera como ahorita, con el coraje y la rabia, hubiera dicho: ‘Quiero que le quiten este candado’, y a lo mejor encontrábamos a los muchachos, a lo mejor ahí los tenían”, aventura. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2082 de la revista Proceso, ya en circulación.